Regresa a los medios de comunicación un tema que suele tener presencia cíclica en la medida que el sector petrolero presenta crisis

y se enfrenta a shocks externos que comprometen el desempeño económico del país y del gobierno, reforzado en la actualidad por la destrucción de la industria petrolera venezolana en manos del chavismo: Privatizar o no a PDVSA.

El tema merece especial atención porque, en lo que no se ha dicho, se encuentran aristas importantes para la Venezuela del futuro. El tema en cuestión ha sido asomado enunciativamente y rebatido entusiastamente, pero sin mayor argumentación de fondo.

Posiblemente los venezolanos suframos de una especie de sesgo sobre cómo encarar dicho tema y sector por haber determinado –para bien y para mal, dependiendo de la perspectiva o más precisamente del periodo de tiempo de la historia del país al que nos refiramos- el desempeño económico del país durante el siglo pasado y lo que transcurre del presente.

Sin embargo, posiciones en contra tildando a las que se encuentran a favor de una eventual privatización de “mal intencionadas” o peor aún, asegurando que “no es cierto que el Estado sea mal gerente, como tampoco es cierto que el sector privado sea un gran gerente. Todo va a depender de la idoneidad de la persona que se coloque al frente de Pdvsa”; poco ayudan en la discusión por resultar vacías de argumentos.

De hecho, el tema encuentra alternativas de diseño de política pública, específicamente de regulación y procura que implican soluciones intermedias –entre privatizar y no- que podrían corregir problemas de incentivos y problemas de Agencia que a la fecha se encuentran tremendamente exacerbados. Incluso en el caso de empleados o directivos, los problemas de incentivos suelen tratarse vía diseño de contratos con cláusulas que intentan lidiar con problemas de riesgo moral –si bien nunca perfectos, pero no puede ser cuestión de simple “idoneidad” ex ante, primero porque existen problemas de selección adversa y luego porque ex post al contrato siempre existen riesgos e incentivos para desviarse, por lo que se requiere diseñar cláusulas o compromisos creíbles que alineen incentivos-.

Aun así, la alternativa de privatización –sin limitarla ni circunscrita exclusivamente en un principio a la empresa estatal petrolera, pudiendo pensar más allá en cualquier empresa que produzca bienes privados que se encuentren en manos del Estado-, en la medida que la política sea bien diseñada, no tendría por qué diferir sustancialmente de una política de procurementigualmente instrumentalizada por vía de licitación o subasta, implicando, ambos, mecanismos de competencia por el mercado por medio de los cuales podría extraerse anticipadamente toda la renta del operador privado más eficiente.

Adicionalmente, para quienes coquetean con esta alternativa, puede existir la creencia de que una privatización podría evitar problemas de Agencia, corrupción, despilfarro de recursos en la administración de la empresa pública y captura de renta desde la propia industria, llegando poco al fisco.

Sin embargo, podría hay quienes correctamente podría responder a lo anterior asomando que podría existir, igualmente, captura o despilfarro de la renta transferida del operador hacia el Estado o más precisamente al Gobierno.

En este sentido, el enfoque debe ser más global y no parcial o sectorial. Venezuela requiere construir instituciones robustas de check and balance, de monitoreo y contraloría, así como instancias previas de análisis económico de las políticas públicas que eviten diseños erróneos o capturados, así como despilfarro de recursos públicos.

Concluyendo, una discusión que complementa o incluso trasciende a la que ha tomado protagonismo en los medios de opinión pública sobre la privatización o no de PDVSA la constituye cuál debe ser el marco institucional-económico, el régimen legal en el sector hidrocarburos, siendo que PDVSA constituiría una de las tantas empresas que podrían hacer vida en el sector en Venezuela. Asímismo trasciende el tema referido al marco institucional-económico general en el país que nos permita crear riqueza y bienestar más allá de la simple renta petrolera. Países desarrollados desprovistos de recursos naturales y que por consiguiente no cuentan con rentas derivadas de ello, han podido desarrollar profundas economías y garantizar elevados niveles de vida a sus ciudadanos. Esta discusión con todo el detalle y la profundidad del caso debe proliferar a lo largo de toda Venezuela.