Una constante, los estudios de opinión tienden a favorecer a la fuerza armada como una de los referentes más confiables del país.  Excepto el mesianismo militar subyacente por décadas o siglos, estimamos que tan elevado respeto se debe al carácter institucional con el que cuenta o dice contar la corporación, dato - por cierto -  importante en un país que ha aceptado la improvisación, incluso, como herramienta para la construcción del socialismo.

Ya entrado el siglo XX, la entidad adquirió un perfil contrastante con la definitiva consolidación del Estado Nacional, dejando atrás los  pelotones y las escaramuzas crónicas del violento juego político. No obstante, la ruptura con un enfermizo pasado la supuso – por siempre – predestinada a regir la suerte de Venezuela.

En efecto, Laureano Vallenilla-Lanz Planchart, otrora ministro de Relaciones Interiores durante el perezjimenato, aseguraba: “Por primera vez, los militares de profesión asumen la responsabilidad de dirigir los destinos del país. Hasta ese momento (1948), el poder ha sido materia reservada a los caudillos improvisados en generales y a los civiles que hacen de la política una carrera”. Por consiguiente, “se impone la conversión de las Fuerzas Armadas en un instrumento capacitado para proteger la prosperidad naciente y la dignidad de la Patria” (RH, “Editoriales de ‘El Heraldo’”, Ediciones de El Heraldo, Caracas, 1955: I, 9).

Evidentemente, la corporación no soportó la responsabilidad de un gobierno que oficiaba en su nombre, ni se convirtió en una alternativa válida y – sobre todo – sustentable  para el tratamiento de los asuntos y problemas públicos, desdibujándose. El otro 23 de Enero, ciertamente ejemplifica que la conquista de la institucionalidad no significaba encarnar o  monopolizar el liderazgo político, procurando convertir – en el fondo - a las escuelas militares en sendas instancias de preselección de los futuros conductores del Estado.

Luego de 1958, independientemente de sus errores o desaciertos, la entidad castrense alcanzó importantes niveles de estabilidad y profesionalismo, entre otros motivos, gracias a un determinado y básico control del poder civil ejercido a través de la opinión pública y del propio parlamento. Hoy, literal y absolutamente controlada por el presidente de la República, el sentimiento de predestinación conoce de una distinta manipulación que, a partir del Plan Bolívar 2000, contamina la pertinencia, esencia o naturaleza del oficio.

Aparentemente redundante, la serísima y delicada misión de la corporación armada obliga al fundamental desempeño militar, el que autoriza a disertar sobre las relaciones con los civiles en lugar de aceptar una alianza que, al (ultra) partidizarla, la adultera.  El presunto blindaje cívico-militar, además, sustitutivo de la clase obrera que el socialismo en curso ni siquiera se esfuerza en representar, obviamente no acepta que la política militar y todas sus expresiones, también pueda debatirse presumiendo la buena fe de toda la ciudadanía a la que le preocupa la seguridad, defensa y soberanía real de la nación.

Hay quienes, no sin razón, observaron que “el militar además de ingeniero, médico, economista, analista político o abogado, ha de ser esencialmente militar”, preservando la perspectiva. Ramón Escovar Salom, reflexionando sobre la carrera militar, añadía: “La primerísima prioridad es la calidad del oficial. El armamento moderno es costosa juguetería si no hay una energía humana calificada para manejarlo” (“Las Fuerzas Armadas”, El Nacional, Caracas, 10/07/78).

El liderazgo diverso de la cuarta república, por cierto, precaria denominación, estuvo consciente del problemario castrense que experimentó una crisis extraordinaria siguiendo – por supuesto – el ritmo de todo el sistema político, muy bien ilustrado por Mirtha Rivero en “La rebelión de los náufragos”. Y, lección desaprendida la de 1958, ahora la Fuerza Armada está amarrada al carro de un propósito y programa  gubernamental que violenta la Constitución, violentándola a ella misma: demasiado comprometida, el profesionalismo militar está en duda.

Dificultamos que alguien pueda rebatir nuestra postura, porque es un hecho continuo, público, notorio y comunicacional el abuso del carácter o condición de Comandante-en-Jefe, que no grado militar. Por lo demás, no hay instancia pública, pacífica, convincente y – valga agregar – institucionalmente, donde puedan considerarse temas como el de la política militar, el gasto de defensa, la cooperación internacional, el apresto, la estabilidad laboral, el mejoramiento profesional, y otros afines: se impone una  rectificación multidimensional, la de los protagonistas y  los críticos.

Coletilla: De un lado, propio del nivel más "avanzado" de la llamada "antipolítica" luce la reciente donación presidencial  de $ 10 millones a un hospital universitario de Uruguay, mientras acá - consabido - hay problemas inmediatos en sectores como el de la salud y, concretamente, el  universitario. No basta el inmoral acto de provocación i evidente, pues hay que subsumirlo en algún marco explicativo distinto, por cierto, al discurso barato contra los partidos (véase, por ejemplo, Warner Corrales en las redes sociales). Del otro lado, deciden un uniforme único para los diferentes cuerpos policiales caraqueños, todos tan incompetentes, que tendrá por único propósito no saber cuál es el peor de ellos. Y, finalmente, ¿la militarización de la sociedad civil cuando son los componentes de la FANB los que se distribuyen el "cuidado" de la ciudad, en lugar de la policía a la que - de naturaleza civil - ni se le garantiza su presencia?.