Han transcurrido 45 días, desde que el gobierno decidió aplicar las medidas económicas, fiscales y sociales, con el objetivo de lograr la recuperación económica.

El balance es totalmente negativo, lo cual podemos medir a través de los resultados: la hiperinflación ha cobrado mayor fuerza, empresas cerradas, mayor desempleo, aumento de la escasez de alimentos y medicinas, empleados de supermercados detenidos, el aumento de la gasolina no se ha materializado (afortunadamente) dado todos los obstáculos alrededor de la logística de pago y su precio a nivel internacional, continúa la escasez de efectivo y el transporte hace crisis, con las consecuencias para el ciudadano normal, que requiere trasladarse a sus respectivos trabajos. 

Lo único que se ha venido cobrando so pena de las consecuencias de no hacerlo, es el aumento del IVA en cuatro puntos y cualquier otro impuesto de carácter financiero, lo cual es insuficiente para financiar el incremento del gasto público. 

El incremento desproporcionado del salario mínimo ha traído como consecuencia la destrucción de la ya precaria estabilidad laboral que regía y regulaba las diversas contrataciones colectivas, especialmente la relación gobierno-sindicatos. A nivel del sector privado, dicho aumento ha traído como consecuencia la disolución de capital social a nivel de empresas, la destrucción de la estructura de costos y mayor incertidumbre para los próximos meses. Por último,  en la práctica seguimos con el mismo régimen cambiario, pero más dolarizado en muchas operaciones de compra venta, consultas médicas y prestación de servicios. 

Los voceros más calificados y otros no tanto, alarmaron sobre todas estas consecuencias y sus resultados eran más bien un estímulo para la hiperinflación y la destrucción de empresas y del salario real. 

Tarde o temprano, el país tiene que asumir un verdadero plan de recuperación económica, que tenga como objetivo central: abatir la hiperinflación, para lo cual se debe atacar las causas que la originan; nos referimos a medidas orientadas al equilibrio fiscal, causa principal del flagelo inflacionario. 

Este plan de recuperación debe ser una iniciativa de cualquier gobierno en ejercicio. Si éste no lo asume, entonces tiene que ser una decisión de la sociedad, la cual mediante la presión social, confine a sectores del gobierno o a su totalidad,  a iniciar un cambio del modelo económico. 

En este punto hay un problema de toma de decisiones: para algunos no hay cambio de modelo si no hay un cambio político. Para otros, se puede hacer sin mayores cambios políticos. Independientemente de la disyuntiva, lo cierto es;  el país clama por un cambio del modelo económico  y éste se impondrá, porque lo contrario es un suicidio colectivo, incluyendo al propio gobierno. 

Sin estabilidad económica, no habrá estabilidad política y por lo tanto, tampoco habrá estabilidad social. Si descomponemos la ecuación, sin un mínimo de estabilidad política, no lograremos la estabilidad económica y persistirá la inestabilidad social. Por lo tanto lo planteado es diseñar un Plan de Estabilización Económica, Política y Social,con carácter de urgencia que logre un mínimo de convivencia social y así poder relanzar la reconstrucción del tejido social, económico y financiero.

En esta oportunidad nos vamos a referir a las líneas maestras sobre el cual gire el  Plan de Estabilización Económica. Debe ser  diseñado en forma coherente, alineado con los objetivos macros, interrelacionado en forma dinámica con todas las variables económicas,  financieras y sociales. Se requiere de un acuerdo político de todos los actores sociales, empresariales, sindicatos, gremios, universidades, incluso de instituciones internacionales que han mostrado interés en normalizar la situación del país, especialmente aquellas de solidaridad internacional en las áreas de comida, salud y educación. 

El gobierno debe llevar  la iniciativa, pero solo no puede, la oposición tampoco, se necesita del concurso de todos y el compromiso en torno a los acuerdos y objetivos sean de obligatorio cumplimiento. Las líneas maestras de ese Plan de Estabilización Económica deben ser:

• Asumir todas las medidas pertinentes para reducir la hiperinflación a corto plazo.
• Renegociar y reestructurar el perfil de vencimientos de la deuda externa. 
• Recurrir a los organismos multilaterales en solicitud de ayuda financiera. .
• Reducir el déficit fiscal a cero en un período de tiempo mínimo. 
• Establecer un tipo de cambio único, flotante, cuyo precio  sea fijado por el mercado mediante la libre oferta y demanda de divisas. 
• Hacer efectiva la Ley del Banco Central de Venezuela 
• Revisar y flexibilizar algunas leyes que limitan la iniciativa privada, tales como la Ley de Precios Justos y la actual Ley Laboral. 
• Diseñar una reingeniería de la industria petrolera, que abarque desde la participación del estado como propietario, el fortalecimiento de las funciones medulares, reducción de funciones no inherentes al negocio, reducción de personal,  revisar todas las asociaciones estratégicas que no suman valor agregado, revisar todos los convenios y obligaciones con países y empresas otorgados y suscritos con fines geopolíticos y por último tomar las medidas necesarias, con el fin de paralizar la disminución de la producción a corto plazo e incrementarla en el mediano plazo.
• Desarrollar políticas salariales coherentes que tienda a recuperar el poder adquisitivo del salario real. 
• Recurrir a la solidaridad internacional en materia de comida, medicinas, dotación de repuestos y mantenimiento de la infraestructura básica. 

Retardar la asunción de las medidas que tiendan a solucionar la crisis económica del país, implican un mayor costo financiero y social con todas las consecuencias negativas para la sociedad venezolana. Su medición no solo es cuantitativa, sino también de una mayor destrucción del tejido social,  en indicadores de desnutrición infantil, disminución y deserción de la matrícula escolar , enfermedades de todo tipo dada el estado del sistema de salud,   emigración de talentos, disolución de la familia, violencia física, desempleo,  e inseguridad colectiva.  

La Nación y la República tienen que estar por encima de nuestras diferencias ideológicas, políticas e intereses grupales y personales. De lo contrario la disolución gravitará sobre nuestros hombros y responsabilidad histórica. Todos sabemos que la economía no perdona y cobra los errores, igual pasa con las sociedades cuando se expresan.