Popularmente se dice que “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. En política el problema no es del todo cierto. Aunque el susodicho refrán sugiere que las malas acciones cometidas sobre una mala persona tienen disculpa. Pero en verdad, eso no se cumple del todo pese a que el pensamiento popular entiende que este tipo de actos es un castigo y un acto de justicia. Casi como dar a probar la propia medicina. Pero en el fondo del asunto, la realidad suele complicarse pues en el plano de la política ni siquiera diez días de perdón alcanzarían a compensar el revés cometido por el segundo ladrón. Más, cuando la situación política se halla revuelta por efecto de los manejos dolosos y el nivel de corrupción que azota al aparato público en el país.

En ese caso, el problema adquiere una connotación distinta toda vez que sobre la misma tienden a recaer las acusaciones que no hicieron mella en el primero. Y así ocurre ya que en medio de la complicada escena aparece un tercer ladrón que termina asociándose con el primero estableciéndose de esa manera un círculo de atrevida insolencia. De hecho, situaciones de este tenor son las que lamentablemente están definiendo el devenir venezolano impulsado por acciones gubernamentales que, además de inconstitucionales, están llenas de un cinismo que no tiene parangón. Las leyes redactadas a través de un poder habilitante arbitrario y constitucionalmente desaforado, son expresión de una malsana obsesión por perjudicar derechos y libertades de unos en contra de otros generándose una fractura social que pone en peligro el sentido de ciudadanía y civilidad que bien debe marcar todo intento de desarrollo democrático.

Las llamadas leyes del Poder Popular como la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (14-12-10), la Ley Orgánica de las Comunas ((13-12-10) o la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas (29-01-11), así como el mal denominado Decreto-Ley contra el Desalojo Arbitrario de las Viviendas (09-05-11), constituyen flagrantes violaciones contra la concordia social y la necesaria conciliación política entre sectores discordantes. En consecuencia, este régimen apoyándose en tan abusiva carga de forzada legalidad, ha decidido actuar bajo procedimientos atentatorios de todo orden establecido desde la concepción de un Estado democrático, económico y social de Justicia y de Derecho, tal como lo refiere la propia Constitución de la República en su segundo artículo. Tanto es así que se abroga una exagerada autoridad para tomar espacios públicos y privados con la excusa de construir viviendas. O porque pretende edificar en lo que le queda de tiempo, las soluciones habitacionales que en once años no ha realizado.

Con el risible cuento de cambiar la ciudad, el gobierno habla de un “urbanismo subversivo” entre presuntas estrategias de desarrollo urbano lo cual no es otra cosa distinta que usurpar espacios para cumplir con la absurda meta de construir dos millones de viviendas en los próximos seis años. Esto que no tiene otro significado diferente de demagogia, es la expresión de un grave problema en lo que respecta al desmesurado afán por construir viviendas sólo con el sólo propósito de obtener el apoyo electoral que para 2012 requiere el régimen y entonces superar el bache que su misma incapacidad ha venido creándole. Aún cuando las realidades revelan resultados caóticos. Tan cierto que, por ejemplo, en Petare (Edo. Miranda), sólo se construyeron 600 de 2.700 prometidas. Sin embargo la arrogancia es tal, que siguen expropiándose terrenos para dejar ver que lo que persigue el régimen es el desfalco de Venezuela pues de lote en lote, terreno a terreno, centímetro a centímetro, están robándose el país.