No hay secretos eternos. La verdad tiene su hora. Para ocultarla no es suficiente la retórica, ni la descalificación de las fuentes informativas, ni la criminalización penal de la denuncia, ni la violencia física para sembrar terror y provocar silencio. Lo único honrado y verdaderamente útil para los intereses nacionales, es asumirla. El gobierno nacional y, más específicamente, el presidente Hugo Chávez, están en la obligación moral, de explicar la verdadera naturaleza de sus relaciones con los grupos subversivos del continente, con regímenes totalitarios de diverso signo ideológico y buena parte de los misteriosos acuerdos que en materia energética y también financiera, ha suscrito sin mayores informaciones y ningún control.

Desde hace años llueven  denuncias desde todas partes. Organizaciones públicas y privadas, agencias internacionales, algunos gobiernos, personalidades del primer nivel político e intelectual, autoridades judiciales que no dependen de gobierno alguno y, en fin, venezolanos preocupados por el presente, vienen señalando la presencia entre nosotros de las estructuras del crimen organizado que le sirven de instrumento operativo al terrorismo y al narcotráfico. Las dos actividades están estrechamente vinculadas en la sub-región andina. Las FARC, se fueron convirtiendo en columna vertebral. Se trata de la narcoguerrilla terrorista más antigua y con mayores redes de complicidades. Las sospechas preexistentes se convierten en convicciones. Los indicios en evidencias. En consecuencia, las instancias internacionales se activan ante la indiferencia o el silencio cómplice, por razones diversas, de políticos y líderes económicos y sociales que en Venezuela tienen la responsabilidad de asumir y enfrentar vigorosamente la realidad, pero prefieren ignorar el tema.

Las relaciones del gobierno con las FARC son de vieja data. Las de Chávez anteriores a su llegada al poder. Homenajes, plazas, estatuas, bibliotecas, discursos, sesiones solemnes en la Asamblea Nacional, misiones que van y vienen, cartas que se cruzan, correos electrónicos comprometedores, refugio a probados narcotraficantes, alianzas concretas con guerrilleros, almacenaje, tráfico y distribución de cocaína, entre otras cosas, están a la orden del día. El Auto de Procedimiento de la Audiencia Nacional de España, las denuncias de Uribe en la OEA, la deportación de Joaquín Pérez Becerra, los emplazamientos recientes del nuevo gobierno colombiano, los informes de la DEA y del M16 inglés y el caso Mackled, son nuevos elementos más que suficientes para darle soporte a lo afirmado. El análisis del Internacional Institute of Strategics Studies (IISS) de Londres, sobre los correos de Raúl Reyes por cuenta, entre otros, de J. M. Santos, sería suficiente para exigir la renuncia del gobierno. En una sociedad regida por la ética y gobernada en democracia y libertad el cambio sería inaplazable. ¡Pero…!

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla