Los movimientos del sur del Mediterráneo se caracterizan por la reivindicación de cambio, de ansias de libertad y de democracia y, al mismo tiempo, coinciden en la ausencia de programas alternativos. Con excepción del rechazo legítimo a las dictaduras y al sistema instaurado por repúblicas totalitarias y paradójicamente hereditarias, las aspiraciones al cambio no parecen desembocar en movimientos organizados capaces de definirse ideológicamente y de presentar alternativas de gobierno. Alternativas que deberían realizar el cambio sin provocar la pérdida de confianza por parte de inversores nacionales y extranjeros, y dar respuesta a las reivindicaciones de empleo, de bienestar y de crecimiento.

Sea en Túnez o en Egipto, las organizaciones partidistas, los grupos de Facebook y hasta el discurso político en general no parecen ofrecer programas y propuestas de desarrollo.
A pesar de la importancia fundamental que reviste un marco constitucional renovado y progresista, este último no deja de ser un instrumento puesto en manos de actores políticos que, tarde o temprano, terminarán asumiendo la gestión de gobierno. En contextos históricos de esta naturaleza, no se concibe que la elección del ciudadano se dirija hacia la personalidad de los candidatos, sino más bien hacia programas serios y transparentes que les inspiren confianza y que les reconforten en sus sacrificios.

Cierto que nadie puede discutir el impulso democrático que se ha revelado en el sur del Mediterráneo, de la misma manera que no se puedan negar las serias dudas de las opiniones públicas occidentales, en relación con un modelo económico que las ha llevado a la actual crisis y en ciertos casos a la quiebra de Estados.
De allí la urgente necesidad de una hoja de ruta clara y estructurada que permita a los ciudadanos entrever su presente y su futuro con confianza y determinación. Es decir, lo propio de los partidos políticos en cualquier democracia que se respeta.

La actual crisis que atraviesa la democracia representativa occidental nos invita a dudar de la capacidad de los partidos a asumir sus mandatos en armonía con las bases que las han votado. El ejemplo de la elección de David Cameron y las inmediatas medidas impopulares tomadas por su gobierno, en desfase con el programa electoral, no hace más que resaltar la carestía y dificultad del estado democrático.
De igual modo el actual conflicto libio, viene a confirmar el fenómeno, poniendo de relieve el antagonismo entre los apoyos parlamentarios a la intervención militar y el rechazo de la opinión pública, reflejada en los sondeos.
Tratando de guardar un cierto optimismo, se puede pensar que las convulsiones sociales y reformas constitucionales que se vislumbran en estos países, sabrán evitar estas imperfecciones democráticas que se han dado en el norte del Mediterráneo.

Es posible que la vía ideal para realizar este ajuste democrático pase por recurrir a más democracia directa a través de de consultas nacionales y locales en temas que interesen a los ciudadanos o que hipotequen su futuro. Otro conducto sería el de reforzar el acceso a las mociones de censura para mantener el dinamismo del proceso democrático. Y por último, quedaría la opción de constitucionalizar principios y acuerdos fundamentales que obliguen a todo equipo de gobierno, cualquiera que sea su inspiración ideológica.

Se trata, a fin de cuentas, de ofrecer al ciudadano la posibilidad de fijar sus necesidades y de ordenar sus prioridades en función de las posibilidades del Estado, antes de recurrir a las formulas de las instancias financieras internacionales que han lucido por sus fracasos.

Los gritos de cambio que se elevan en el mundo, coinciden en culpar a un sistema político y financiero que se ha ido instalando paulatina y perniciosamente desde una mundialización salvaje y desordenada, que sólo beneficia a especuladores y a mercaderes sin escrúpulos.
La crisis financiera que se inició en 2008 es prueba suficiente de que los Estados son rehenes de intereses financieros, que terminan por hacer asumir al contribuyente sus déficits, pérdidas de sus especulaciones y sus errores de gestión.

Es hora de que cada cual vuelva a asumir sus funciones naturales, en primer lugar los Estados, protegiendo a los ciudadanos de las derivas del sistema, en espera de los antídotos y del reajuste de un modelo de sociedad que no termina de consolidarse.

Analista político internacional