De restringir la circulación de las motocicletas por la autopista en la gran Caracas, por ejemplo, el caos citadino sería tan monumental

como absolutamente incomprensible por la más elemental de las razones: ciertamente, todo el parque automotor ha envejecido demasiado, aunque no lo advirtamos.  Sin embargo, lejos de disminuir, la densidad el tráfico se mantiene y nada difícil será encontrar los motivos.

Principiando el presente siglo, los motorizados raudos y veloces volvieron a todas las autopistas del país para ejercer un señorío que es el del riesgo propio y, obviamente, el de los demás. Quizá el derecho al libre tránsito fue el argumento favorito, así nos parezca un disparate, al menos, hasta nuevo aviso, que el poseedor de un vehículo fórmula 1 pueda emplearlo a su antojo en cualquier arteria vial.

El arrojado piloto motorizado ha abierto uno propio entre los canales extremos de la autopista, el de mayor velocidad y el nada inocente hombrillo, consagrándolo como un derecho adquirido de acuerdo a los usos y costumbres contra legem, haciendo cada vez menos continental y más accidental nuestro derecho. Y, extendiendo el privilegio viaja con toda la familia a cuestas o hace las mudanzas que el vehículo le permite creyendo el suyo, un inspirado y cultivado malabarismo.

En el reino de las velocidades inauditas, el taxista intenta batir el récord personal que le permita competir con otros colegas por una suma irrisoria que le reporta el banderazo digital. Porque muy pocos incurren en la locura de pasear la urbe por las noches, no sabemos de la hazaña de los pirueteros en la pista, ni de las apuestas por un pique desahogado de largo kilometraje que ha de quedar sólo para la tradición oral.

Aceptemos que el problema de las motocicletas en las autopistas venezolanas igualmente cuenta con una inevitable dimensión política, tratándose de los bienestares y malestares comunes. Por cierto, bienestares y malestares completamente irrenunciables.