En medio de las protestas masivas exigiendo salarios dignos, protagonizadas  por los maestros de educación básica,

los profesores de secundaria y de las universidades, las enfermeras, numerosos empleados públicos, los trabajadores de Sidor, los jubilados, entre otros sectores asalariados del país, el Gobierno inauguró el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar. El recinto originalmente iba a llamarse ‘Látigo’ Chávez, en homenaje a la extraordinaria promesa del picheo que falleció en un accidente aéreo en 1969, y quien era admirado por el Comandante. La similitud entre el apellido del pícher y el del Comandante parece que no fue del agrado de Maduro y la nueva claque grupo en el poder; o fue objetado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Eso se sabrá algún día.  Las instalaciones fueron inauguradas  por Nicolás Maduro, sin  la asistencia del público beisbolero, con motivo de la celebración de la Serie del Caribe.  El mandatario no se atreve a exponerse ante las masas. Sabe que no le irá muy bien.

Nadie objeta que el béisbol constituye el deporte nacional más popular y que Caracas necesita un recinto moderno con capacidad de albergar con comodidad los miles de fanáticos que se movilizan cuando se enfrentan, por ejemplo, los ‘eternos rivales’: Caracas y Magallanes; o el nuevo clásico: Los Leones y Los Tiburones. Ese tema se encuentra fuera de debate. Lo que debe discutirse son las condiciones en las que se produjo el estreno del estadio de la Rinconada,  como se le conocía antes al Monumental. 

En esa obra se invirtieron millones de dólares. Tal vez centenas de millones. Su edificación fue decretada por Hugo Chávez hace más de una década. Sería interesante conocer las razones por las cuales el Gobierno de Nicolás Maduro priorizó su construcción en el ambiente de recesión, desabastecimiento, escasez de productos básicos, inflación y, sobre todo, caída de los ingresos  de los trabajadores del sector público, que ha prevalecido durante los últimos diez años.  Ha sido este un período en el cual se han erosionado los servicios públicos de forma alarmante. Caracas confronta severos problemas con la electricidad, el servicio de agua potable, la salud, la educación, la construcción de viviendas populares, el transporte colectivo superficial y subterráneo. El Metro de Caracas fue convertido en una ruina, que no logra esconder el maquillaje que están aplicándole desde hace varios meses.  

En los años recientes el Gobierno diseñó un programa de choque dirigido a controlar la hiperinflación, basado, entre otros componentes, en el empobrecimiento de los sueldos de todos los empleados públicos, sin importar el sector en el que laboren, con el objetivo de contraer la demanda de bienes y servicios. Franjas que antes recibían remuneraciones y beneficios competitivos, que les permitían plantearse metas ascendentes en sus respectivos centros laborales, hoy reciben migajas. En este segmento se encuentran los profesores universitarios, los empleados del Seniat, los trabajadores de Corpoelec (antes, Electricidad de Caracas), los de la Cantv y Movilnet, los obreros de las empresas de Guayana. Todas las áreas colonizadas por el Gobierno chavista sufrieron la depauperación.  

¿Cómo es, entonces, que el régimen define sus prioridades? 

Nicolás Maduro dice carecer de los recursos financieros para satisfacer las demandas de los sindicatos. Sin embargo, sí posee suficiente dinero para construir el magnífico Monumental.  Está bien: los recursos invertidos en el estadio no alcanzarían para cubrir las demandas de los trabajadores, pero un gobierno tiene que dar muestras de austeridad y buen juicio cuando de distribuir los recursos escasos se trata. ¿Cómo entender esa evidente paradoja?

Otro asunto que queda en el mundo de las tinieblas es el de la inversión total en ese estadio. ¿Quiénes lo construyeron? ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto estaba presupuestado y cuánto, finalmente, terminó costando? Que se sepa, fue el Gobierno con recursos públicos el que financió el conjunto de la obra. ¿En cuál presupuesto nacional aparecían señalados los montos que permitirían cotejar lo previsto con el resultado final? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta. Al menos, respuestas conocidas por la opinión pública. Todo parece haber quedado a discreción del mandatario. La Asamblea Nacional y la Contraloría Nacional tendrían que pedir respuestas. ¿Lo harán?

No es aceptable que los trabajadores de todos los niveles y sectores vivan en condiciones paupérrimas, mientras el Gobierno se da bomba con un estadio que en la Venezuela actual representa un lujo faraónico. Obsceno.