Venezuela esta urgida de una oferta electoral,  pero UNA oferta, no de varias ofertas.

Es urgente y sería una manera de movilizar y capitalizar el descontento social de toda una población que reclama un liderazgo único, un plan creíble de cómo acceder al gobierno y cómo ejercerlo con eficiencia medible a través de resultados concretos.

Ese ofrecimiento político debería ser una Unión Nacional, ya ni siquiera estamos hablando de un acuerdo o unidad, ésta última es un elemento, un componente, un mecanismo para ejecutar una acción. Una Unión política es algo más allá de una asociación, una liga o alianza, es la fundición en torno a objetivos primarios, comunes y urgentes a ser logrados por  una confederación de hombres y mujeres,  partidos políticos, ONG y gremios por encima de intereses particulares y grupales.  

Esa Unión Nacional, debe de tener una dirección política plural,  lo más legítima y representativa posible, que dirija el desarrollo de la lucha por un cambio político y la reconstrucción del tejido democrático del país, de manera urgente y con presteza, ya que las necesidades de la gente son  cada vez más imperiosas y urgentes. La lucha política debe darse a diario en todos los frentes sociales, acompañando a sindicatos, movimientos estudiantiles, esposas, madres e hijos que luchan por la liberad de los presos políticos, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la calidad de los servicios; agua, luz,  inseguridad y la escasez de alimentos y medicinas.

Constituida la Unión Nacional, escogida la dirección política y diseñado el plan de lucha política social,  debe suscribirse ante la opinión pública nacional e internacional el acuerdo nacional que debe girar en torno a las urgencias que aquejan a la sociedad venezolana, incluyendo todo lo referente a las modificaciones que tuviere lugar en materia legislativa y de gobernanza. En esta área no debe excluirse ningún tema por más espinoso que fuere.

En este punto se sugiere una propuesta, con el único fin de hacer realidad la Unión Nacional. Las proposiciones que se ofrecen para su discusión y acuerdo  las podemos enumerar de la siguiente manera:

1. Una modificación de la Constitución Nacional que puede ser una Enmienda o ir directamente a una Constituyente. El país está legalmente deshilachado por lo tanto es necesario  re institucionalizarlo y  hacer reformas al texto constitucional que corrijan determinados artículos hechos a imagen y semejanza del diseñador de la Constituyente y posterior Constitución.

2. Debe implementarse una profunda reforma electoral, que gire en torno a una auditoría del Registro Electoral Permanente (REP) así como una revisión a la ley que rige dicho proceso, asumiendo entre otras cosas la figura del “balotaje” o la doble vuelta. Esto daría credibilidad y  legitimidad al CNE y al presidente electo.

3. Definitivamente un NO rotundo a la reelección presidencial inmediata o mediata, con alcance a gobernadores y alcaldes. En todo caso se podría estudiar un máximo de dos (2) períodos para todos aquellos cargos de elección popular. 

4. Lo anterior implica una modificación de la duración del presidente de la república en su ejercicio. De permitirse una reelección, el período debería ser de cuatro (4) años y si es cinco (5) años un no definitivo a la reelección. El alcance de este punto y del anterior debería llegar a cónyuges y familiares de primer grado de consanguinidad.  La no reelección limita la ambición de los caudillos o aspirantes, oxigena el relevo político, crea y desarrolla nuevos liderazgos y presiona a quien ejerce la presidencia a hacer un buen gobierno, ya que no tiene otra oportunidad.

5. Si se acuerda una Constituyente, ya esto sería un gobierno de transición. Lo ideal sería un acuerdo que limite a quién dirija dicha transición el no poder postularse como candidato presidencial inmediato.  Estamos seguros que tal medida reduciría en mucho las actuales precandidaturas.

6. La Asamblea Nacional debe retomar su anterior estructura funcional: Es decir una Asamblea bicameral. El Senado es un filtro que corrige sesgos o desviaciones propias del avatar político operativo.

7. La descentralización es un mandato constitucional. Lo prevé la actual Constitución, pero ha sido burlado como tantos otros. Pero hay que retomar dicho proceso, actualizar sus funciones y alcances, de manera que los gobernadores y alcaldes sean partícipes importantes de la reconstrucción del país.

Estas proposiciones generales han sido discutidas en la academia, círculos de pensamiento y grupos políticos preocupados por la crisis nacional. La intención es buscar una fórmula que propugne la Unión Nacional, que movilice a la sociedad venezolana y se diseñe una hoja de ruta en los difíciles momentos que vendrán y que apunte a la reconstrucción de la República. Creemos que esto nos presentaría ante el país como una alternativa confiable y creíble.