De la metrópoli de bytes |
Escrito por Luis Barragán | X: @luisbarraganj |
Lunes, 10 de Noviembre de 2014 02:25 |
De la metrópoli de bytes
Luis Barragán
A mediados de la década de los noventa del XX, surgió la llamada Sala de Cibermedios por iniciativa del otrora diputado Nelson Chitty La Roche y Rafael Mourad, haciendo nuestros modestos aportes. Fue una extraordinaria experiencia que, por cierto, tuvo ocasión de notariar la periodista Luz Mely Reyes, también precursora en Venezuela de lo que dimos en llamar la infopolítica.
Por entonces, parecía iluso legislar respecto a las “nuevas tecnologías”, aunque éstas no se entienden sin un orden público tecnológico y las comunidades que genera, generándolas. Arribamos a algunos proyectos de leyes y ejercicios administrativos que deben encontrarse en los archivos históricos de la Asamblea Nacional, añadidos los digitales que quedaron bajo la responsabilidad del Congresillo que cerró las fracciones parlamentarias: Proyectos como el de la Ley de Registro Público Electrónico y el preventivo frente al fenómeno del Y2K, destacan entre aquellos esbozos regulatorios de la transferencia comercial de datos, el de la creación de la jurisdicción digital, los que ordenaban la publicación de las nóminas de contratistas y de empleados de la Administración Pública, y otros que ya no recordamos.
Y, aunque nos preparamos para el esfuerzo de constitucionalización de las leyes militares, siendo la Comisión Permanente más propicia la de Defensa, en la Asamblea Nacional fuimos destinados a la de Cultura y Recreación, en la cual participamos más activamente en torno al Proyecto de Ley Orgánica de Cultura, sin ocasión de trabajar en la normativa adelantada por la de Ciencia y Tecnología. Este año, inconsultamente nos remitieron a la de Política Exterior, una breve estadía, para luego arribar a la de Administración y Servicios: entre materias tan inmediatas y disímiles como las tarifas de las líneas aéreas, los apagones eléctricos, la estafa de vehículos automotores, el transporte público, el costo de transportación en los ferrys, o el arrendamiento de los inmuebles urbanos, surgió el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, obligándonos a rememorar viejas faenas en la red de redes. Valga decir, teniendo la oportunidad de infolegislar ya no como asesor parlamentario, sino como parlamentario mismo.
Recientemente fue aprobado el proyecto en torno al mercado interactivo, en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Junto al diputado Gregorio Graterol, fijamos posturas al consignar sendos argumentos de fondo que, por cierto, confundieron al oficialismo, pues la admisión del aludido proyecto no nos relevaba del juicio crítico: en nuestro caso particular, apelaron a la “orden” que nos dieron unos poderosos e imaginarios “jefes” para fijar una postura que la dijeron diferente a la que testimoniamos en la Comisión.
Digamos que, travesura parlamentaria aparte, la que busca descalificar cuando faltan argumentos, la aprobación ya citada abre una estupenda metrópoli de bytes para debatir sobre el proyecto. Y no nos referimos solamente al comercio electrónico como tal, al rol de Estado, al cuadro sancionatorio, a los aspectos técnicos involucrados o al resto de desafíos que incluyen una amenaza de control gubernamental de la oferta de productos y servicios en la red de redes, y el correo, sino al propio medio empleado.
Parecería inconcebible, dando cuenta del nivel que alcanzan los “medios inteligentes” en Venezuela, que una Ley de Comercio Electrónico como la proyectada, únicamente supiera de la tribuna convencional. Es decir, que no conmoviera al propio medio destinado a afectar, ni los internautas se dieran por notificados siquiera del intento normativo.
Tratándose del ejercicio opositor, el proyecto sugiere el empleo responsable y libre del monitor y teclado o el móvil celular para algo más que el “mensajeo” cómodo y fácil de interjecciones y apodos ofensivos o motivos gráficos ridiculizantes de los personeros del régimen, que solemos rechazar. Resulta indispensable transitar las avenidas de la argumentación y apelar al ingenio pedagógico a objeto de mejorar las propuestas en el terreno del mercado interactivo, aportando ideas sustentables que – necesario es subrayarlo – movilicen a la ciudadanía, sin esperar una concesión graciosa del gobierno que confía en la indiferencia, displicencia, “pata e’rolismo” y temor generalizado.
Metropolitanos de las redes, hay que informarse de lo que se propone el régimen en ellas. No hay excusas para sentirse excluidos del debate, porque – esta vez – sus puertas tienen miles de llaves.
@LuisBarraganJ
A mediados de la década de los noventa del XX, surgió la llamada Sala de Cibermedios por iniciativa del otrora diputado Nelson Chitty La Roche y Rafael Mourad, haciendo nuestros modestos aportes. Fue una extraordinaria experiencia que, por cierto, tuvo ocasión de notariar la periodista Luz Mely Reyes, también precursora en Venezuela de lo que dimos en llamar la infopolítica. Por entonces, parecía iluso legislar respecto a las “nuevas tecnologías”, aunque éstas no se entienden sin un orden público tecnológico y las comunidades que genera, generándolas. Arribamos a algunos proyectos de leyes y ejercicios administrativos que deben encontrarse en los archivos históricos de la Asamblea Nacional, añadidos los digitales que quedaron bajo la responsabilidad del Congresillo que cerró las fracciones parlamentarias: Proyectos como el de la Ley de Registro Público Electrónico y el preventivo frente al fenómeno del Y2K, destacan entre aquellos esbozos regulatorios de la transferencia comercial de datos, el de la creación de la jurisdicción digital, los que ordenaban la publicación de las nóminas de contratistas y de empleados de la Administración Pública, y otros que ya no recordamos. Y, aunque nos preparamos para el esfuerzo de constitucionalización de las leyes militares, siendo la Comisión Permanente más propicia la de Defensa, en la Asamblea Nacional fuimos destinados a la de Cultura y Recreación, en la cual participamos más activamente en torno al Proyecto de Ley Orgánica de Cultura, sin ocasión de trabajar en la normativa adelantada por la de Ciencia y Tecnología. Este año, inconsultamente nos remitieron a la de Política Exterior, una breve estadía, para luego arribar a la de Administración y Servicios: entre materias tan inmediatas y disímiles como las tarifas de las líneas aéreas, los apagones eléctricos, la estafa de vehículos automotores, el transporte público, el costo de transportación en los ferrys, o el arrendamiento de los inmuebles urbanos, surgió el Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, obligándonos a rememorar viejas faenas en la red de redes. Valga decir, teniendo la oportunidad de infolegislar ya no como asesor parlamentario, sino como parlamentario mismo. Recientemente fue aprobado el proyecto en torno al mercado interactivo, en primera discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Junto al diputado Gregorio Graterol, fijamos posturas al consignar sendos argumentos de fondo que, por cierto, confundieron al oficialismo, pues la admisión del aludido proyecto no nos relevaba del juicio crítico: en nuestro caso particular, apelaron a la “orden” que nos dieron unos poderosos e imaginarios “jefes” para fijar una postura que la dijeron diferente a la que testimoniamos en la Comisión. Digamos que, travesura parlamentaria aparte, la que busca descalificar cuando faltan argumentos, la aprobación ya citada abre una estupenda metrópoli de bytes para debatir sobre el proyecto. Y no nos referimos solamente al comercio electrónico como tal, al rol de Estado, al cuadro sancionatorio, a los aspectos técnicos involucrados o al resto de desafíos que incluyen una amenaza de control gubernamental de la oferta de productos y servicios en la red de redes, y el correo, sino al propio medio empleado. Parecería inconcebible, dando cuenta del nivel que alcanzan los “medios inteligentes” en Venezuela, que una Ley de Comercio Electrónico como la proyectada, únicamente supiera de la tribuna convencional. Es decir, que no conmoviera al propio medio destinado a afectar, ni los internautas se dieran por notificados siquiera del intento normativo. Tratándose del ejercicio opositor, el proyecto sugiere el empleo responsable y libre del monitor y teclado o el móvil celular para algo más que el “mensajeo” cómodo y fácil de interjecciones y apodos ofensivos o motivos gráficos ridiculizantes de los personeros del régimen, que solemos rechazar. Resulta indispensable transitar las avenidas de la argumentación y apelar al ingenio pedagógico a objeto de mejorar las propuestas en el terreno del mercado interactivo, aportando ideas sustentables que – necesario es subrayarlo – movilicen a la ciudadanía, sin esperar una concesión graciosa del gobierno que confía en la indiferencia, displicencia, “pata e’rolismo” y temor generalizado. Metropolitanos de las redes, hay que informarse de lo que se propone el régimen en ellas. No hay excusas para sentirse excluidos del debate, porque – esta vez – sus puertas tienen miles de llaves. @LuisBarraganJ |
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