La vida venezolana transcurre en un ambiente tan degradado, amoral y poco ético, que pocas cosas logran impresionarnos. Lo que antes era absolutamente inaceptable pasó a ser tolerable y lo que a duras penas se toleraba fue convirtiéndose en rutina dejando contaminado el cuerpo bastante enfermo de la República. La simple relación de los cadáveres que entran a la morgue de Bello Monte en Caracas durante los fines de semana, ratifica nuestra convicción sobre la inseguridad de las personas y de los bienes como política de estado. Gracias a ella, la antes llamada hampa “común” dejó de serlo. Sigue siendo hampa, pero no común sino organizada y politizada. Sólo un estado comprometido es capaz de garantizar el espectacular grado de impunidad de que gozan los delincuentes y la creciente tolerancia con el abuso de autoridad de funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad, comprometidos con crímenes horrendos y corruptelas de toda naturaleza.

En pocos países del continente y del mundo existe un régimen penitenciario tan infame como en Venezuela. Las rebeliones y motines, las protestas y crímenes que estremecen a la opinión pública tienen su origen en la permanente violación de los más elementales derechos humanos en contra de la indefensa población penitenciaria. Se ve obligada a apelar a cualquier recurso para sobrevivir abandonada a su propia suerte, sin autoridad ni ley que los proteja. El Observatorio Penitenciario, Cofavic, Provea y varias instituciones que se ocupan del tema y de la defensa de los derechos humanos han sido constantes en la denuncia de los atropellos. Siguen intentando los recursos a su alcance en nombre de una justicia que no llega, porque en Venezuela no existe.

No se trata solamente de las cárceles. También en los centros de reclusión de los cuerpos policiales y de investigación suceden cosas horrendas. El pasado jueves 27 de mayo, de ser ciertas las denuncias presentadas, será recordado como un día para la infamia. Según la denuncia de los familiares, tres detenidos en la sede de El Rosal del Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas –CICPC- murieron como consecuencia de golpes y torturas. Las informaciones sobre las condiciones de los calabozos de ese centro de detención son espantosas. Podrían justificar hasta la intervención, no sólo de la División de Capturas, sino del Cuerpo mismo. Estos crímenes no pueden quedar impunes, ni la sociedad venezolana puede resignarse pasivamente frente a ellos por considerarlos normales en medio de esta rutina.

Pero en el fondo esto es reflejo de un régimen que no cree en la dignidad de la persona humana, ni respeta sus derechos por el simple hecho de existir, que se mueve al margen y en contra del Derecho, de la convivencia pacífica y de la paz democrática. No hay ni habrá solución para este problema, ni para ningún otro, mientras el régimen exista. Vamos a cambiarlo antes de que demasiado tarde. La tarea es obligatoria y urgente.
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