El pueblo español se encuentra en una encrucijada importante. Veinte por ciento de desempleo está minando la confianza y la estabilidad de la población. El pasado domingo se celebraron unas elecciones municipales que mostraron el rechazo de la ciudadanía hacia su gobierno. Diez puntos separaron los resultados del PSOE con los del PP, que se ha transformado en la esperanza de la ciudadanía. La Puerta del Sol prendió la mecha para que en toda España se concentrara gente en las principales plazas de las ciudades. Existe mucho descontento. No entendemos ni compartimos el alcance de la prohibición de estas manifestaciones por parte del ente comicial español.

Los problemas de España son muy anteriores. Veamos. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Allí se consagraron los principios jurídicos, políticos y económicos que le darían sustento a la comunidad. Las labores integracionistas habían comenzado en París, el 18 de abril de 1951 y habían evolucionado con los Tratados de Roma el 25 de marzo de 1957, de Bruselas el 1 de julio de 1987, el Acta Única Europea que entró en vigor el 1 de julio de 1987 y posteriormente se han firmado nuevos tratados como el de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, el de Niza el 1 de febrero de 2003 y el de Lisboa el 1 de diciembre de 2009.

Sin tratar de analizar la evolución de la Comunidad Europea pues nuestra ignorancia y el espacio atentan contra esa aspiración, quisiéramos poner en blanco y negro nuestra apreciaciones sobre lo que ha sucedido en España.

Cuando se constituye y entra en funcionamiento la Comunidad Europea, España logra estar entre los primeros países. Para aquel momento, las regulaciones económicas que debían cumplir los países eran muy estrictas y, poniéndolo en lenguaje estudiantil, España aprobó con diez, la nota mínima. Se constituyó en el país menos rico de los que compusieron la Comunidad a la entrada del euro. Eso, que era una desventaja, le valió para que la Comunidad le otorgara ventajas que le permitieran avanzar y acercarse a los otros miembros de la Comunidad. Créditos blandos, ventajas económicas y fiscales fueron financiadas por la Comunidad a favor del Reino y esto le permitió generar empleo y bonanza que se reflejó en calidad de vida para los españoles. Pero la Comunidad tenía que ampliarse para dejar de ser un exclusivo club de países ricos. Así, de ocho miembros iniciales, crece hasta la situación actual de veintisiete países europeos soberanos e independientes.

Para lograr ese gran crecimiento numérico, fue necesario que se pusieran de lado los requisitos de parámetros económicos importantes que los nuevos miembros no podían cumplir.

Esto significó para España un cambio radical. De país receptor de créditos blandos y ventajas económicas y asociadas, pasó a ser uno de los países ricos que tenían que aportar recursos para que los nuevos países, menos ricos, pudieran percibir ventajas similares a las disfrutadas por los españoles.

Simultáneamente, ya en tiempos previos a la crisis económica mundial generada por la burbuja residencial, en España ya se criticaba el irregular sistema de empleos transitorios. Empleos que estaban fundamentados en una transitoriedad que le producía ventajas al empleador y que fueron el abono perfecto para el alto nivel de desempleo que hoy sufren.

No podemos dejar de llamar la atención sobre la influencia que tiene en los actuales problemas, el que España tenga un sistema de protección a la salud y a la vejez, que se puede anotar entre los más ventajosos para su ciudadanía, pero que está minando las finanzas de la nación. La pirámide etaria también es otro factor negativo en la ecuación.

Con todo este panorama descrito, creemos que el Reino español tiene que transitar por caminos de austeridad y tiene que atender el llamado que la semana pasada le realizó la canciller alemana señora Ángela Merkel: "los españoles tienen que olvidarse un poco del ocio".


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@rafael862

EU/OyN