La demanda insatisfecha por la vivienda y el hábitat popular tiene contra las cuerdas al gobierno. El propio Presidente se ha comprometido como su responsable directo tras innumerables incumplimientos. Después de impedir que se llevara a cabo un plan bien pensado, por allá cuando iniciaba su mandato en 1999, hizo como Chacumbele, el mismito se mató. Oyó lo que le decían sus militares amigos, presuntamente pendientes de contratos y buenos negocios, no los civiles que desde tiempo atrás buscaban cómo atender de manera apropiada la deuda social de los pobres urbanos, apoyados con el conocimiento académico y el contacto directo con las comunidades.

Ahora que el calendario social (y electoral) lo presiona busca una huida desesperada hacia adelante. Quiere mostrar que hay un plan de vivienda cuando no hay más que acciones efectistas y búsqueda de culpables de lo que no hizo. Hay ciertamente estafas inmobiliarias (no sólo privadas, también estatales), lo que muestra que los mecanismos de regulación y control no funcionan, y cuando se actúa frente a ellas no pasan del momento del espectáculo y de la victimización de culpables e inocentes sin procesos transparentes. Trasladar a otros la culpa del problema es el objetivo, no resarcir a los afectados, ni construir un plan concertado con todos los actores involucrados: Estado, comunidades organizadas y sector privado.

El gobierno detuvo y descartó el plan que hubiera apuntado a atender tanto los déficit de la vivienda existente (la de los barrios populares), como a la producción de nuevas viviendas. Ahora se encuentra con un problema agravado por las dos bandas. El calendario político y electoral no le deja muchas opciones ni tiempo.

Ha optado por sustituir las realizaciones con dos expedientes: papeles y vallas.

En vez de viviendas construidas, se le entregará un papel que le dice a los necesitados de ellas que alguna vez serán atendidos en fechas inciertas. Algo así como que la esperanza es lo último que se pierde. Un intento infructuoso de moderar el reclamo y la frustración de sectores populares cada vez más incrédulos de las promesas gubernamentales.

Mientras la producción de viviendas de verdad marcha a paso de morrocoy. Porque se pretende improvisar en un área donde ello no es posible. Porque en vez de estimular la inversión, se amenaza a los productores.

Porque se deja en la incertidumbre la propiedad de la vivienda. Porque la destrucción de la capacidad constructiva nacional no podrá ser sustituida por unos socios extranjeros que están haciendo (muy) buenos negocios.

Y como la producción habitacional promovida por el Estado es tan exigua, se apela a las expropiaciones y confiscaciones de lo que sí está producido por otros para ampliar las adjudicaciones de viviendas, y eso sí, colocar una valla que diga "hecho en socialismo". Estas vallas no nos hablan sino de la incompetencia de convocar a todos los sectores a un esfuerzo mancomunado para atender una necesidad apremiante para tantos venezolanos humildes, que no quieren unos papeles y unas vayas, sino viviendas de verdad.

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