El Gobierno Nacional se ha negado rotundamente a la realización de un desarme general de la población que permita ponerle freno al grave flagelo de la inseguridad.

Las abultadas cifras de víctimas cada fin de semana, producto de este fenómeno, constituyen un campanazo que debe repicar muy fuerte en nuestras conciencias, pues no ha habido voluntad ni buena intención para poner en marcha ese desarme. El pasado Miércoles Santo hice un llamado al Cardenal Jorge Urosa Savino y a líderes religiosos de otros movimientos, para que juntos sirvan de multiplicadores de este mensaje, sobre la necesidad de un desarme.

Se hace altamente necesario que el Gobierno comience la aplicación de acciones concretas para poner en marcha ese plan, el cual se traducirá en la disminución de los índices delictivos. El Ejecutivo Nacional debe abandonar esa postura de indiferencia que ha asumido frente a las propuestas viables que en este sentido han sido presentadas por la Alcaldía Metropolitana para salvaguardar el derecho a la vida de los ciudadanos. Asimismo, debe declarar la emergencia en materia de inseguridad.

Se nos presenta el angustioso drama de que el 98 por ciento de los crímenes que se cometen, son con el uso de armas de fuego de las cuales, según estimaciones, hay cerca de 6 millones en forma ilegal. El Gobierno tiene conocimiento de esta situación, pero no es suficiente con que lo sepa, debe hacer algo de forma inmediata.

No hay un seguimiento a las armas decomisadas, las cuales deben ser destruidas una vez en poder de las autoridades.

De acuerdo a cifras oficiales, el pasado año se registraron 13 mil 840 muertes. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre 15 y 24 años de edad, o sea, que estamos perdiendo futuro por esta situación.

En América Latina el promedio es de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, en Venezuela es de 44 homicidios.

La intransigencia oficial impide que se adelante una lucha efectiva contra el fenómeno de la inseguridad, que sigue y seguirá creciendo, aderezado con el problema del consumo indiscriminado de alcohol, el tráfico y consumo de drogas. De estas cosas son las que se tienen que ocupar los gobernantes, llámense presidente, gobernadores o alcaldes.

No es posible que ya nos estemos resignando a ver de manera normal, que aquí se produzcan cifras espeluznantes de muertos cada fin de semana y es como si no estuviera pasando nada. Todo esto tiene que detenerse, y la única manera es con programas bien estructurados que son los que ponemos a la orden de todos los ciudadanos y de todas las autoridades que tengan que ver con la solución para este gran drama nacional.

Que la gente sienta que las policías puedan actuar de manera coordinada con las comunidades. Que se puedan establecer verdaderos módulos, para que la comunidad perciba que el policía es un amigo. Que los niños que están practicando deportes, puedan tener una relación con ese policía al que vean como un verdadero amigo, protector y guardián de las comunidades.

Hay que hacer ingentes esfuerzos para que tengamos en nuestras manos la esperanza y andemos por el camino que nos marque la senda de la prosperidad con la considerable disminución de esos problemas, que nos permita salir adelante, al aprovechar las riquezas petroleras y mineras para transformar la educación en calidad, la salud en excelencia y los servicios en dignos, para una sociedad que merece vivir en paz, disfrutar del bienestar y dejar en la historia la pobreza, la exclusión, la miseria y el odio que ha venido desgarrando a nuestro pueblo. Se deben impulsar más empleos, porque eso es lo que quiere la gente: un gobierno con sentido humano y social.

Twitter: @alcaldeledezma