Vivimos acogotados y oprimidos por un régimen que no tiene moral. La premisa fundamental del dictador es la de "destruir" todo el andamiaje social, económico y político,

con el fin de imponer un sistema que parece acumular todo lo malo de los peores dictadores que recuerda la historia.

Dijo el Presidente con ocasión de asumir el poder, inconstitucionalmente, pues no cumplió con el juramento establecido en la Constitución de 1969: "Construiremos una nueva sociedad sobre las cenizas de la existente". Esta terrible realidad se fundamentó también en una desafortunada sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dio paso a la Asamblea Constituyente y a todas las alteraciones legales que el dictador ha querido. En cuanto a la construcción, tenemos la impresión de que al régimen se le han perdido sus planos y solo se han concentrado en la destrucción del país.

No somos abogados pero sí somos "ingeniero litigante", lo cual quiere decir que hemos sido fanáticos del derecho y por ello nos atrevemos a opinar.

Amén de todos los atropellos legales que la finada Asamblea cometió, especialmente después del 26 de septiembre pasado, en la última semana se han sucedido barbaridades que ponen en tela de juicio todo cuanto acontece en el área de la justicia nacional.

A comienzos de la semana vimos, que como consecuencia de las arriesgadas y contundentes acciones de un grupo de más de ochenta decididos estudiantes universitarios, que pusieron en juego sus vidas en la demanda de LIBERTAD y JUSTICIA para personas que son presos políticos del régimen, se dieron algunos pasos insólitos. Queremos referirnos solo a dos de ellos.

El primero de los casos que queremos aludir es el del dirigente sindical bolivarense y bolivariano Rubén González. Un juez, que no le hace honor a su profesión, condena al señor González a siete años y medio de prisión por ejercer un "derecho ciudadano" consagrado en la Constitución. Para justificar su crimen, se le inventan causales inexistentes: agavillamiento y asociación para delinquir. Entre paréntesis, este procedimiento de inventar la comisión de delitos inexistentes es un patrón que se repite en muchísimos juicios políticos y todo ello sucede con la complicidad del sistema judicial existente.

A los dos días de esa abominable sentencia, sin que medie el exigido proceso legal, se le otorga, por mecanismos ilegales, una "libertad" condicionada a una presentación mensual ante "otro" tribunal. Cuanto atropello a las bases del derecho. No quisiéramos dejar de establecer que la LIBERTAD del dirigente González, llena de contento a la sociedad.

El otro caso, que si no fuera por su gravedad motivaría mucha risa, es el de la admisión, por parte del TSJ (iniciales que no sabemos traducir) alrededor de una protección de supuestos "derechos" del ambiente con motivo de la destrucción que vehículos rústicos, producen en "aventuras" a campo traviesa. Para ello, se han emitido limitaciones a derechos dirigidos a personas especificadas y similares.

Nuevamente, hace falta separar dos eventos que se han metido en el mismo bojote.

Es indiscutible la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de proteger el ambiente para TODOS los venezolanos. En ese sentido, es su obligación, dictar las medidas, reglamentos y proponer la legislación que conduzca a esos fines.

Lo que también es insólito, es que se limiten derechos a personas de manera selectiva. Entre otras violaciones a la Constitución, se está discriminando indebidamente a personas y se deja abierta la puerta de discusión si otras personas realizan la misma actividad.

Pero el "hasta aquí" de esta inaudita protección emitida por ese TSJ, aparece cuando se le otorgan "derechos" al ambiente. Creo que hace falta una sesuda tesis de los leguleyos del siglo XXI para encontrar ese atributo en el ambiente. La extensión de esta atrevida nota nos impide comentarios.

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EU/OyN