¿Buscan en México frenar juicio en la CPI?
Escrito por Gerónimo Figueroa F. | @lodicetodo   
Sábado, 11 de Septiembre de 2021 00:00

alt¡Lo logramos otra vez! ¡lo logramos otra vez! Repetía el psiquiatra Jorge Rodríguez después de aparecer

en las pantallas de la televisión a las 10y12 pm del lunes 6 de septiembre 2021 desde México donde se realiza el décimo cuarto diálogo entre un sector de la oposición venezolana encabezado por Juan Guaidó y el régimen chavomadurista con el propósito y que, para solucionar la crisis humanitaria que cada vez que se produce un diálogo se profundiza más. Al repetir lo logramos, el psiquiatra se refería a dos acuerdos firmados entre la delegación enviada por Juan Guaidó encabezada por Geraldo Blyde y la del régimen madurista encabezada por el propio psiquiatra. El primero se refiere a que conjuntamente defenderán la soberanía de la Guayana Esequiba y el segundo bautizado como “protección económica y social de los venezolanos”.

Un poco para que ustedes apreciados lectores entiendan, Jorge Rodríguez dijo que ambas partes, o sea, ellos y los delegados de Guaidó, acordaron defender la Soberanía de la Guayana Esequiba aplicando el protocolo de 1966 firmado y defendido en su oportunidad por el gobierno democrático de Raúl Leoni. Sin embargo, hay que recordar que el resentido social que en mala para Venezuela nació en Sabaneta de Barinas, anunció en 2004 que su gobierno NO estaba interesado en seguir reclamando la Guayana Esequiba como parte del territorio venezolano y murió sin hablar más del tema, igualmente en esa oportunidad el canciller de Venezuela era Nicolás Maduro Moros. Y aunque el resentido social nunca lo dijo, siempre se ha especulado que la decisión fue por imposición del dictador rojo del Caribe, Fidel Castro Ruz.

No debe quedar ninguna duda que, ir hasta México del 3 al 6 de septiembre, en dos delegaciones integradas cada una por diez representantes, más los llamados asistentes cargas carpetas y guardaespaldas, con todos los gastos pagados, posiblemente incluidas las parrandas con tequilas, con dinero del erario público nacional, resultando un gasto innecesario por cuanto todo eso. Primero es una obligación de todo venezolano patriota defender el territorio, además, eso pudo hacerse desde una plaza pública en Venezuela con presencia de las cámaras de televisión. Segundo, el régimen está obligado, así como lo hicieron los gobiernos democráticos antes que llegara la peste roja, a defender la soberanía de ese territorio con el patrullaje marítimo y terrestre con unidades de las Fuerzas Armadas, sin que eso sea considerado como una provocación, sino como resguardo territorial.

El segundo punto aprobado y bautizado por la delegación de Guaidó y del régimen madurista, como el de “protección económica y social de los venezolanos”. Este un punto, bien lo ha dicho varias veces Maduro y ratificado la noche del lunes 6 de septiembre por Jorge Rodríguez, es que se suspendan las sanciones a los funcionarios acusados de corrupción y violación de derechos humanos, y se les devuelva el dinero bloqueado en bancos internacionales para que puedan disfrutarlo. Igualmente, ese punto sostiene que le deben ser devueltas al régimen de Maduro las administraciones de las empresas Monómeros con residencia en Colombia y CITGO en EEUU, hoy bajo el control del gobierno interino formado la Asamblea Nacional electa en 2015 y encabezado por el diputado Juan Guaidó, lo cual pudiera significar el final definitivo del interinato. Sin embargo, la suspensión de sanciones y liberación de fondos solo dependerá de que se acuerden elecciones presidenciales libres y justas, inmediatamente que terminen las reuniones. 

En ese mismo orden, el psiquiatra Jorge Rodríguez anunció que la próxima reunión será desde el próximo viernes 24 de septiembre hasta el lunes 27 inclusive, donde abordaran el tema bautizado como el “Respeto del Estado Constitucional de Derecho”, que en cristiano sería aplicar el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución Nacional. Esto significaría, aunque Maduro quiere disfrazarlo diciendo que meterá preso a Guaidó, sería intentar frenar el proceso en la Corte Penal Internacional, lo cual sería traición a los asesinados por el régimen y al pueblo venezolano, por lo tanto, hay que salirle al paso y desenmáscararlo.    

La segunda parte del próximo punto a discutir en México del 24 al 27 de septiembre 2021, que habla de la aplicación de la Constitución Nacional, tal como marcha el tiempo marcado para las reuniones en beneficio del chavismo, pudiera interpretarse que estaría relacionado con la convocatoria de elecciones presidenciales para el 2024, tal como lo establece la Constitución Nacional cada seis años, ya que con el memorándum firmado entre las partes reconociendo al régimen de Maduro nacido el 20 de mayo de 2018 como legítimo, correspondería para el 2024 las próximás presidenciales, y no antes como lo piden en el llamado acuerdo de salvación nacional, que por cierto, ya casi ni se habla de eso.

En ese sentido, aunque el psiquiatra recordó el mismo lunes que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pudiéramos adelantar que, cuando termine las reuniones en México, también pudiera darse por terminado el interinato encabezado por el diputado Juan Guaidó, a menos que después que termine el diálogo en México, saquen del sombrero otra propuesta que permita mantener en el tiempo el interinato. No hay que olvidar que ya son varias las propuestas en dos años de interinato, sin resultados positivos para la crisis humanitaria.

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