En el caso de Venezuela, no voy a hablar de derechos humanos, pues se puede perfectamente argumentar

que no es una condición originada en nuestro país, ni tampoco universal como se acostumbra a decir, sino algo impuesto en occidente por quienes controlan a la llamada comunidad internacional, con el propósito de intervenir en nuestros asuntos, ya que ellos mismos no respetan en absoluto lo que proclaman. Tan es así, que quien funge como adalid de la defensa de los DDHH en el mundo es EEUU, que no es firmante o no ha ratificado varios acuerdos internacionales al respecto y es uno de los principales violadores de los mismos, dentro y fuera de su territorio. 

Hablaré del debido proceso, que sí es una condición autóctona y que además está establecida en la Constitución vigente, que fue impulsada y propuesta por quienes nos gobiernan y aprobada en referendo popular en 1999. Y con la cual, el líder máximo del proceso se llenaba la boca afirmando que era la mejor constitución del mundo, lo cual no fue óbice para que la violara, como en efecto lo hizo, cuando se percató que le establecía ciertas limitaciones a su ego autoritario y arbitrario. Y me perdonan los chavecistas verdaderos, varios de ellos buenos amigos, pero uno debe decir lo que piensa, sobre todo si está respaldado en hechos concretos ciertos y perfectamente conocidos. Los llamo a que hagan una reflexión profunda y seria sobre la materia.

Y son precisamente las violaciones inaceptables del debido proceso, las que más comprometen el carácter democrático del gobierno de Nicolás Maduro. Es inaudito, inaceptable y completamente condenable, que a los adversarios políticos se les persiga, detenga y maltrate, violando el debido proceso judicial claramente establecido en nuestra constitución y en las leyes. Este hecho, que es más que evidente en casi todos los casos, no tiene forma de ser justificado por el gobierno, ni mucho menos por miembros de la cúpula chavecista, que en el pasado fueron víctimas o lo fueron familiares cercanos, de violaciones atroces similares a las actuales. Para cualquiera, con uso de razón y no fanatizado, esta situación es inaudita y totalmente condenable. 

Y no valen excusas ningunas, ni pseudo justificaciones, basadas en las supuestas actuaciones al margen de las leyes y de la constitución de los afectados por la violencia del Estado. Nada puede convalidar las acciones violentas estatales, ni las violaciones de leyes ni de la constitución, sin importar lo que los afectados hayan supuestamente hecho. Ante el terrorismo, por ejemplo, el Estado no puede responder con acciones terroristas. El terrorismo de Estado y las violaciones del debido proceso judicial por parte del gobierno son inaceptables, ni siquiera ante hechos terroristas y delictivos cometidos por cualquiera. El Estado está para cumplir y hacer cumplir las leyes y no para violentarlas con la excusa de estar enfrentando terroristas.

Nada convalidó en el pasado, mal llamado cuarto republicano, ni retroactivamente lo convalida hoy, ni lo hará mañana, las acciones delictivas de los cuerpos de seguridad gubernamentales de entonces en los trágicos asesinatos de Alberto Lovera, Fabricio Ojeda, Félix Farías, Américo Silva, Jesús Márquez Finol, Rafael Botini Marín y Jorge Rodríguez, entre varios otros, víctimas de una violencia abusiva, independientemente de los hechos que se les imputara. Se entiende que el Estado tiene el derecho de defenderse ante ataques de grupos o individuos, pero no lo puede hacer de la misma manera en que recibió los supuestos ataques, y lo repito, aunque sea redundante, porque es oprobioso y repulsivo. Lo ha sido siempre.

Vuelvo a hacer un llamado, a quienes dirigen en este momento el gobierno venezolano, a que reflexionen profundamente sobre lo que les digo directamente y en forma suficientemente argumentada y a que rectifiquen de manera inmediata. Nunca es tarde para rectificar.