En asuntos constitucionales, los extremos no se tocan: Inglaterra no tiene ni jamás tuvo lo que entendemos por constitución, de esas que Venezuela ha tenido 28.

Un grueso tomo de cientos de artículos y parágrafos, sancionados por el pueblo en solemne ocasión de efemérides para normar su comportamiento civilizado. Un pacto social entre sus distintos y variados componentes capaz de asegurar la feliz y pacífica convivencia de sus actores y la sobrevivencia del marco legal republicano. 

Los Estados Unidos tienen una.

Chile ha tenido tres.

Uno de los tantos autócratas venezolanos empoderados, el general José Tadeo Monagas, dijo a mediados del Siglo XIX, luego de enviar a un grupo de sus esbirros a asaltar el Congreso y asesinar a un par de congresantes, que las constituciones servían para todo. Si alguien cree que a mayor número de constituciones, de mayor felicidad disfrutan los constitucionados, comete un grave error. La verdad es todo lo contrario. Basta constatar la congénita inestabilidad de la sociedad venezolana y su abundancia en dictaduras para comprender que sus más de dos docenas de constituciones no garantizaron la paz ni el entendimiento que proclamaban. Ni acudieron a sus ciudadanos en sus anhelos de prosperidad.

La mejor y la más duradera de todas ellas, fue aprobada por sus ciudadanos en 1963. Sobrevivió hasta diciembre de 1998. Cuando la sísmica irrupción del último de sus caudillos, obviamente uniformado, impuso como primer logro de su asalto al Poder la realización de una Asamblea Constituyente, para alfombrarle las condiciones de modo de acabar “legalmente” con el Estado de Dertecho y montar la dictadura “legal” que atribula a los venezolanos.  De esa última constitución, se ha hecho abundante uso del derecho a reelegir por los siglos de los siglos al Primer Caudillo, o a quien éste haya designado como su heredero, asegurarle el disfrute incondicionado del Poder e impedir el cumplimiento de dos de sus más cacareados logros: los artículos 333 y 350 constitucionales, que no sólo garantizan el derecho a la rebelión contra quienes la atropellen, sino que lo obligan a hacerlo. So pena de violentar su espíritu. Como el de efectuar referendos reprobatorios contra los altos magistrados. Lo que ninguno de ellos garantiza es que no sean desconocidos, vulnerados y sus resultados trampeados y atropellados, si el gobernante que los impuso, que es dueño de los mecanismos, instrumentos y maquinarias electorales,  decide entronizarse en el poder per secula seculorum. 

De lo que se trató desde un comienzo fue de desconocer y/o torcer la historia de la República, de humillar a sus detentores, incluso de pervertir sus símbolos. Se torció el cogote del caballo del escudo Patrio, para que la cabeza mirara a la izquierda, y no a la derecha, como lo venía haciendo desde los tiempos fundacionales. Se le agregó otra estrella a las siete preexistentes. Se le cambió el nombre a la República, que de llamarse República de Venezuela pasó a ser rebautizada como República Bolivariana – vale decir “chavista” – de Venezuela. Cambios cosméticos, sin duda, pero que entrañaban la voluntad de producir una profunda ruptura, desalojar los valores tradicionales y hacerle espacio al llamado socialismo del Siglo XXI.

El mismo que devastó, arruinó, malversó, corrompió y sumió en una espantosa crisis humanitaria, económica y moral, a la bicentenaria República de Venezuela. Cuando siguiendo el signo de los tiempos, Maduro se vea obligado a dejar el poder que usurpa – como acaba de hacerlo Evo Morales en Bolivia – esa constitución será pisoteada, despedazada y echada a la basura. 

Y vendrá otra Constituyente y otra Constitución, la número 29, que sin duda incluirá en su inédito articulado la inmediata ejecución de la pena de muerte a quien o a quienes, civiles o uniformados, la violen con el fin de apoderarse del Poder e instaurar una dictadura. Chávez tuvo a buen recaudo no tocar el tema. No se menciona la cuerda en casa del ahorcado.