Como sugiere la leyenda del rey Arturo, la imagen de una mesa redonda representa una instancia democrática

o al menos de paridad entre los comensales, ya que no hay cabecera visible, un puesto privilegiado. No ocurre así cuando la mesa es rectangular, pues hay dos puestos para presidirla.

En el caso particular de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se trata de una coalición cuya membresía fluctúa en función del nivel de gobierno al cual se refiera. No obstante, podría considerarse más como una entidad desconcentrada que descentralizada, ya que las pautas de organización y funcionamiento provienen de la MUD nacional.

Tanto a nivel nacional como en los estadales y municipales, los miembros de la MUD tienen distinto poder de decisión, ya que sus reglas tienen como base antecedentes electorales de otrora votaciones por cada partido. En consecuencia, es una mesa rectangular donde a nivel nacional destacan dos parejas de comensales: Primero Justicia y Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, con Avanzada Progresista tratando de destacar entre los demás.

Si bien la MUD tiene casi 10 años de actividades, siete de ellos bajo esa denominación formal, habría una ficción peligrosa que estaría arraigándose en su seno: creer que la Unidad Democrática o Unidad Venezuela es sinónimo de gobierno de unidad nacional. No es así, la MUD representa una parte importante –quizá la gran mayoría del electorado- pero dista de incluir toda la pluralidad del país.

En otras palabras, el mandato simbólico pero contundente de más de 7 millones y medio de ciudadanos no es un cheque en blanco, por más que lo parezca el contenido ambiguo de dos de las tres preguntas. Como se acotó en nuestra penúltima entrega (“Dudas soberanas”), sólo la primera pregunta –sobre rechazo y desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada de manera unilateral por Nicolás Maduro- era clara aunque –se coincide con el colega Nícmer Evans- sesgada (debía preguntarse si se estaba de acuerdo en vez de rechazar de plano).

Las preguntas dos y tres fueron formuladas de manera contradictoria o, en el menos grave de los casos, ambigua. Si la segunda interrogante implicaba solicitar al estamento militar actuar con apego a la Constitución, al mismo tiempo lo alentaba a desconocerla al ignorar a su Comandante en Jefe; es decir, aun sin quererlo, abre la puerta a la deliberación castrense; en el peor de los casos, a un golpe de Estado.

A su vez, la tercera cuestión abarcaba tres supuestos en ¡orden inverso!, a saber: a) la renovación de los poderes públicos; b) la realización de elecciones libres y transparentes; y c) el establecimiento de un gobierno de unión nacional. Pese a que la MUD habría notado tras el 16 de julio que debía invertir la secuencia de tales supuestos, como refleja el documento intitulado  “Compromiso unitario para la gobernabilidad,” suscrito por 21 partidos y presentado el 19 de los corrientes, resulta que “los deseos no preñan”.

Por una parte, en el acuerdo no sólo falta COPEI –observación de Patricia Poleo-, partido clave en tiempos de “Puntofijo” y sin diputados nacionales gracias a su intervención por el Tribunal Supremo; hay un vacío tal vez mayor: el de Marea Socialista. Es imposible hablar de un gobierno de unidad y reconstrucción nacional si se compra al chavismo radical el lema “¡No volverán!” De hacerlo, se constituiría un gobierno tan sectario como éste; la arrogancia sería el mayor obstáculo para el éxito de cualquier medida que intente implementarse.

Por otra parte, el no haber negociado desde antes con el chavismo disidente y democrático limita el alcance y poder de convocatoria de la MUD, dado el riesgo evidente de sepultar un inmenso capital político tras nombrar los 33 magistrados cuyos cargos están siendo usurpados desde hace más de año y medio. Aunque el personaje nos genere lógica desconfianza, la Fiscal General tiene razón cuando advierte sobre la gravedad de que haya dos vicefiscales, dos “máximos” tribunales y… ¡dos gobiernos!.. como si el país se hubiese dividido territorialmente o existiese una guerra civil reconocida por el sistema interamericano.

Volviendo a las preguntas dos y tres, ¿por qué no se interpeló a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la renuncia inmediata de Maduro y todo su Gabinete, así como con la instalación de un gobierno de transición, encargado de convocar elecciones libres y transparentes durante el semestre en curso? De haberlo hecho, la consulta unilateral, expresión de la desobediencia civil ante autoridades que desconocen el derecho al sufragio (léase, confiscación del referendo revocatorio presidencial), habría sido más directa, pues rechazaba tanto al arbitrario órgano constituyente como al gobierno que trata de imponerlo.

De cualquier manera, “lo hecho, hecho está.” Sin embargo, la MUD, Marea Socialista, academias, gremios y demás sectores de la sociedad civil aún están a tiempo de enderezar el rumbo y prepararse para escenarios más complejos, tales como la casi inminente instalación de la ANC y el eventual embargo del gobierno de Donald Trump a las exportaciones petroleras e importaciones de gasolina de PDVSA. Sobra decir que habrá mayor represión mientras que el hambre, la escasez, las epidemias y la inseguridad también se harán sentir. Hay que reconocerlo: Venezuela no cabe en una Mesa.