En la llamada “Cuarta República” el sector inmobiliario era blanco de  críticas por su incapacidad de producción de viviendas que aliviaran el déficit. Analizando las estadísticas, unificando el esfuerzo del sector público y el sector privado, tenemos que en la década 1969-1978 se construyeron 618.150 viviendas en un promedio de 61.815 anuales; en el lapso 1979-88 se produjeron 759.632 viviendas: 76.000 por año; y en la década 1989-98 se edificaron 655.699 unidades, a un ritmo de 66.000 unidades anuales.
Las cifras del período 1999-2008 demuestran que ha sido la década más aciaga de los últimos años. Se construyeron 320 mil viviendas -más del 70% por el sector privado- unas 32 mil por año, que representa la mitad de las viviendas producidas en cualquier década de la tan vilipendiada cuarta república, a pesar de la cacareada promesa de dotar de vivienda digna al pueblo venezolano. No constituyen ni un tercio de las viviendas requeridas para cubrir el déficit, y ni siquiera alcanza para suplir el crecimiento vegetativo de la población, que requiere 110 mil unidades anuales.
Este año el sector privado esperaba culminar 90.000 viviendas, pero dado el cerco impuesto: eliminación del IPC, desinversión e incertidumbre frente a la Ley de Tierras Urbanas, retardos en el otorgamiento de divisas para materiales importados; confiscación de fábricas nacionales de insumos para la construcción y su consiguiente retardo en el suministro, sólo ha terminado 40.000. Hay otro detalle alarmante: las viviendas terminadas no pueden ser protocolizadas y entregadas a sus propietarios por restricciones antojadizas de los Registros Inmobiliarios dependientes del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.
El sector público ha realizado 18.000 casas y es posible que finalice 1.000 más antes de terminar 2009. Extraña que el ministro del ramo anuncie que están en construcción 83.000 viviendas. La pregunta obligada es ¿dónde, en qué país? Ni siquiera con los convenios multimillonarios suscritos a partir de 2005 con Irán, China, Brasil, Uruguay, Belarús y Cuba, que avanzan a paso de morrocoy, pueden llegar a semejante cifra.
En los últimos 11 años el clamor por la vivienda ha sido más dramático porque el pueblo advierte que el gobierno no dispone de políticas serias, ni sustentables,  para enfrentar el déficit habitacional. Además pone todo tipo de escollos para torpedear la construcción privada, acción retaliativa que castiga a quienes aspiran una vivienda. El desencanto aumenta cuando gasta para llevar soluciones a otros países, como Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, mientras que en Venezuela hay una carencia de más de 2 millones de viviendas y los ranchos se están cayendo a pedazos.
La magnanimidad del jefe de estado utilizando a discreción los recursos de los venezolanos traspasa los límites de la región. La Fundación Misión Hábitat inauguró 100 viviendas  en la República de Malí, en África occidental una de las más pobres del planeta. Si en el mundo en desarrollo hay unos 1300 millones personas que viven en extrema precariedad ¿hasta donde llegará la generosidad del presidente para resolver el drama habitacional de otros? Ahora, invertirá en Palestina, donde hay más de 25 mil viviendas destruidas y 100 mil personas viven en la intemperie, producto de los bombardeos. ¿Acaso en Venezuela no hay personas que sobreviven en las calles, en albergues, o en zonas de alto riesgo?
Todo venezolano pensante ve cómo se esfuman sus sueños. En aras de un proyecto expansionista el gobierno dio la espalda a los más caros anhelos de los venezolanos. Pone en riesgo su integridad física por la violencia impune y desatada, y porque niega la posibilidad a un techo digno, sin contar los signos reproductores de la pobreza, y los que han destruido la economía, generando inflación, desinversión, desempleo, e improductividad. La inmensa mayoría de los venezolanos se siente acorralada, atropellada y disminuida en sus derechos constitucionales. Las cifras están a la vista, para quien las quiera ver. La pregunta obvia: ¿Hasta cuando resistirá el pueblo?
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