El régimen debe ser desalojado con el concurso de las naciones y gobiernos democráticos del hemisferio.

A @hectorschamis

Desde comienzos del año 2015, mientras se celebraba en Panamá el encuentro interamericano que consagrara finalmente la apertura del Departamento de Estado al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con La Habana, bajo la protectora complacencia y la incondicional recomendación del papa Francisco I,  el columnista del periódico El País de España  y catedrático en una afamada universidad norteamericana, Héctor Schamis,  puso el dedo en la llaga y dio con la clave de la resolución del conflicto venezolano: en tanto no existieran en el interior de Venezuela fuerzas capaces de dirimir el conflicto, en uno u o en otro sentido, y no existían, dicha resolución quedaría en manos de factores externos. Y dado que dichos factores definitorios – Washington y el Vaticano – no tenían el menor interés en resolverlo, y Cuba se aprovechaba de la insólita alcahuetería de los demócratas norteamericanos para con el régimen de Raúl Castro,  el resultado final sería el mantenimiento del status quo, dejando correr el conflicto, por lo menos formalmente, hasta el 2019.  Luego, ya se vería.

Nada cambiaría en el corto y mediano plazo en nuestro país, agravándose por consiguiente las condiciones imperantes en la satrapía cubana administrada por Nicolás Maduro. Pues a esa fatal combinatoria de factores internacionales favorables a la dictadura, se sumaría la insólita sumisión de la llamada MUD a los propósitos del Vaticano y el Departamento de Estado. Con la honrosa excepción de la Iglesia venezolana, cuya Conferencia Episcopal presidida por Monseñor Diego Padrón, tomaría una distancia insalvable respecto del papado, su Nuncio y las maniobras dialogantes impulsadas porfiadamente desde Roma. Han pasado dos largos e interminables años, con el consiguiente deterioro y el trágico agravamiento de la crisis humanitaria – hasta noviembre del año pasado la cifra de neonatos muertos de mengua en el hospital de Maracay ascendía a los 560 – y la situación de mengua y mortandad a nivel nacional alcanza niveles pavorosos. El conflicto sigue extendiéndose y nada anunciaría un cambio en el corto o mediano plazo. El régimen castrocomunista imperante sigue apretando las tuercas de su aparato represor policiaco, la oposición sigue jugando a las elecciones como si viviéramos en Jauja y las fuerzas armadas continúan respaldando a la dictadura sin remilgo alguno, como si viviéramos en el mejor de los mundos. La tragedia pareciera consumada.

Uno de los factores nacionales que ha modificado sustancialmente los datos de esta trágica y aparentemente irresoluble situación ha sido la Iglesia, a través del exhorto pastoral emitido por su Conferencia Episcopal en diciembre último.  Los partidos de la MUD, que no parecieran haberlo aprobado,  no aparentan haber comprendido el envite del grave juego que se nos impone y han corrido a adecuarse a las exigencias de un CNE espurio y absolutamente deslegitimado, pues se trata de un ministerio electoral de la satrapía,  esperando le certifique su carta de nacimiento. Los únicos movimientos perceptibles que apuntan al cambio de las coordenadas que nos aprisionan han sido dados en el terreno internacional: el primero de ellos, seguramente motivado por la nueva presidencia de los Estados Unidos, sería la actuación de una de sus más afamadas instituciones – el Departamento del Tesoro y sus sanciones al vicepresidente de la república por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. El segundo, de una importancia trascendental pues viene a cortar el cordón umbilical que une a la satrapía con los gobiernos de la región – sean o no sean de proveniencia castrista y/o forista -  y conduciría al aislamiento de un régimen finalmente deslegitimado por su propia práctica anti constitucional y antidemocrática: la decisión de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, de exigir la aplicación de la Carta Democrática si en un plazo perentorio el gobierno de Nicolás Maduro no accede a realizar en nuestro país elecciones generales, vigiladas y cauteladas por la comunidad internacional, en un plazo perentorio. Tal como lo exige la oposición venezolana de todo signo y condición.

 El segundo informe recién presentado por Luis Almagro a los países miembros de la OEA, si bien reproduce en sus grandes lineamientos el que ya presentara en mayo pasado, ha sido ampliado y profundizado de manera sustancial y ha escalado el nivel de sus exigencias. A ello se refiere el artículo de Héctor Schamis que apareciera en el día de hoy en el periódico madrileño EL PAÍS. Lo asombroso es que siendo posiblemente la única vía que se le abre a la oposición venezolana para precipitar el desalojo de la dictadura, ésta continúe dándole la espalda y apostando a la causa perdida de unas elecciones absolutamente maniatadas y condenadas al fracaso. Al mismo fracaso en que naufragara el esplendoroso triunfo electoral de diciembre del 2014. El régimen debe ser desalojado con el concurso de las naciones y gobiernos democráticos del continente. Y la acción franca, abierta y valerosa de un pueblo insurrecto. Toda otra esperanza se pliega servilmente a la entronización de la dictadura. Con o sin validaciones. Pues no hay otra realidad a ser validada que no sea el Estado de derecho. Partidos validados bajo un régimen de fuerza seguirán maniatados. 

Todo lo demás es silencio.