Manifestar públicamente para exteriorizar críticas, quejas, inconformidades, es un derecho humano y constitucional para cuyo ejercicio no es necesario pedir permiso. Es un contrasentido solicitar autorización para ejercer un derecho claramente establecido en el artículo 68 constitucional.

Pero si revisamos la ley de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones, sancionada en 1964 y parcialmente vigente en la actualidad, las dudas deben ser disipadas completamente. El artículo 38 de esa ley impone a los organizadores de manifestaciones la obligación de participar la actividad a la primera autoridad civil con veinticuatro horas de anticipación, indicando el día, hora, lugar, itinerario y objeto que se persigue. Mientras tanto, las autoridades, al recibir la participación, deben estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio, itinerario y hora.

Sólo en caso de que por razones de simultaneidad de actividades, puedan provocarse trastornos de orden público, el artículo 39 prevé que la misma autoridad, de acuerdo con los organizadores, podrá disponer cambios de horas o sitios.

Qué bueno sería que las "autoridades" gubernamentales entendieran y permitieran la aplicación de esas disposiciones. Qué bueno sería que en vez de perseguir, acompañaran a los manifestantes y preservaran su seguridad. Así sucede en los países desarrollados.

Que mal se ve un Gobierno que persigue a la disidencia democrática con el único objetivo de sustituir el afecto popular que se va perdiendo, por ese miedo que intenta inocular en la población para que se vuelva sumisa y acepte con obediencia las agresiones a la democracia, a la libertad y a la igualdad de oportunidades que día a día comete el temporal residente de Miraflores.

La penalización de la protesta a través de mecanismos judiciales es un vil acto de cobardía que no va a amilanar el espíritu democrático y libertario de millones de venezolanos que seguiremos saliendo a las calles, de manera pacífica, hasta que logremos una Venezuela realmente democrática, con poderes que respeten al ciudadano y con espacios para todos por igual.

(*): Miembro de Primero Justicia

Fuente: La Verdad