ANAUCO, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, habría clamado el 25 de septiembre de 2023,

según informó el portal especializado en economía Descifrado.com, que se requería un ente que protegiera al consumidor venezolano.

El presidente de dicha asociación de consumidores, Roberto Parilli, afirmó que “una cosa es supervisar a quien produce y a quién vende, y otra cosa es garantizar el derecho del consumidor que pasa por una cantidad de cosas que no están establecidas en las nuevas leyes”.

Aun cuando dicho clamor se hace a la luz de un significativo repunte de la inflación en el país, especialmente cuando dichos desajustes macroeconómicos constituyen entera responsabilidad y causa del Gobierno y de sus políticas fiscales y monetarias; es menester algunas precisiones. 

Primero: Según publica en su portal Web el Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, la inflación puntual de agosto de 2023 ascendió a 422% cuando la inflación puntual en agosto de 2022 se ubicó en 153%. Tal aceleración de la inflación se encuentra referido al nivel de los precios generalizados por lo que asomar, a priori, ejercicio de poder de mercado o abuso explotativo por parte de las empresas resultaría espurio si no se cuenta con los análisis caso por caso como correspondería.

Segundo: Sin embargo, no deja de tener sentido el clamor de ANAUCO referido a la necesidad de refundar o reinstitucionalizar la Política y el Derecho de Protección al Consumidor en Venezuela.

Tercero: De hecho, el débil marco normativo en materia de protección al consumidor en Venezuela podría verse como una oportunidad para incorporar un llamado de atención que académicos y practitioners del derecho de protección al consumidor han realizado durante los últimos lustros a nivel mundial: Contar con Microfundamentos o basar el diseño de la política y el derecho de protección del consumidor en un marco teórico robusto, microeconómico, que garantice un análisis económico de las normas en favor de sus objetivos.

Cuarto: En Venezuela desde el año 2003 cuando se inicia la aplicación de controles de precios y especialmente a partir del año 2007 con la aprobación de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios, el 2011 con la aprobación de la Ley de Costos y Precios Justos, el año 2014 la Ley Orgánica de Precios Justos -habiéndose derogada la Ley de Protección al Consumidor- los institutos jurídicos concebidos para proteger al consumidor, (como se entiende normativamente hablando en una sociedad moderna de mercado) brillan por su ausencia o carecen de contenido y microfundamentos.

Quinto: Adicionalmente, a nivel global, la irrupción e inocuidad de las denominadas tecnologías TICs en la vida cotidiana y económica de los ciudadanos y países ha despertado nuevas preocupaciones referidas a la eventual vulnerabilidad de los consumidores. Por ejemplo, en la Unión Europea se han desarrollado varios institutos jurídicos de reciente data con el objetivo de evitar que las grandes tecnológicas puedan vulnerar derechos, la privacidad y la soberanía de los usuarios y consumidores finales.

Uno de los más avanzados institutos jurídicos en las sociedades modernas que tienen por objetivo proteger al ciudadano en su rol de consumidor, buscando resguardar y/o restituir su soberanía disciplinadora en los mercados es el derecho de protección al consumidor.

Esperemos que el llamado de ANAUCO encuentre eco tanto en el sector público como en el privado, para iniciar una discusión necesaria referida a la necesidad de actualizar la Política y Derecho de Protección al Consumidor en Venezuela.