En materia económica existe consenso entre teóricos y practitioners que el paradigma regulatorio y de políticas públicas

resulta la eficiencia económica y el funcionamiento de los mercados.

Incluso en materia fiscal donde la equidad constituye el paradigma por excelencia se busca aplicar el instrumento que menos comprometa la eficiencia porque resulta un contrasentido destruir riqueza -a parte de un costo de oportunidad para la sociedad-. En este orden de ideas, dos principios de la economía tributaria son: por un lado, el ideal de un impuesto del tipo lump sum fee que no distorsione las acciones de los agentes económicos, y segundo dada la eventual dificultad de poner en práctica el principio anterior, se intenta evitar el uso de impuestos a las transacciones y/o al valor agregado por resultar no sólo distorsionantes sino por lo general regresivos.

En este sentido, en el marco de eventuales decisiones por parte del ejecutivo nacional con el objetivo de transitar de un rebote económico hacia una senda de crecimiento económico, debe considerarse atender la eficiencia en la economía, especialmente frente a los efectos distorsionantes de los impuestos -por su naturaleza- el costo de su levantamiento que constituye destrucción pura de riqueza, y eventualmente el riesgo de bajo impacto de los recursos públicos sobre la reactivación económica (si se pretende apuntalar un crecimiento económico, antes que recaudar con la excusa de financiar políticas que la promuevan debe pensarse en reducir o eliminar aquellos impuestos que por su naturaleza la distorsionan. Esto constituiría una política más directa, sin efectos distorsionantes de la burocracia pública).

Dicho lo anterior, el portal especializado en economía, Banca y Negocios, reproduce el lunes 15 de agosto de 2022 declaraciones realizadas por el máximo representante de ANSA (Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios), por medio de las cuales asegura que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, IGTF, estaría siendo soportado enteramente por los consumidores.

Si bien el tema de la incidencia tributaria resulta fundamentalmente empírico y dependerá específicamente en cada mercado producto de las elasticidades precio de la demanda y de la oferta; algunas reflexiones pueden realizarse.

Primero, este impuesto se vuelve una bola de nieve de alícuota sobre alícuota a lo largo de una misma cadena de valor no integrada verticalmente. Termina siendo tremendamente oneroso y distorsionante sobre dichas cadenas de valor.

Vale reflexionar que a lo largo del tiempo se han aplicado políticas regulatorias e impositivas, respectivamente, que han tenido efectos contrapuestos sobre la estructura vertical de las cadenas de valor. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Precios Justos se crearon incentivos artificiales e indeseables para extender la cadena de valor o para realizar Unbundling a lo largo de la cadena de valor para poder “bypasear” el control de rentabilidad del 30%. Por el contrario, el IGTF podría crear incentivos artificiales a la integración vertical que no resultan producto de la dinámica competitiva y la generación de eficiencias así como motivadas en procurar la corrección de externalidades verticales negativas a lo largo de la cadena de valor.

Segundo, el IGTF podría estar generando dos efectos perniciosos sobre la economía venezolana. Por un lado, si la incidencia fiscal resulta sobre los consumidores, y esto ocurre especialmente en aquellos productos que por resultar de primera necesidad presentan una baja elasticidad de la demanda en comparación de la oferta, el efecto pass-on sobre los precios podría ser especialmente regresivo. En este sentido, cualquier argumento oficial de defensa del impuesto por no crear “pérdida de peso muerto” o consumidores que prescinden de la compra del bien por el traspaso del impuesto al precio, presenta una legítima preocupación basada en la equidad -el fisco estaría descremando o explotando a los consumidores-. Por el otro lado, en la medida que la elasticidad precio de la demanda sea significativa, se estará destruyendo mercado, actividad económica, asequibilidad de los productos, y bienestar social -se estaría destruyendo eficiencia en los mercados-.

Tercero, todo efecto pass-on del impuesto repercute sobre el nivel de los precios en la economía venezolana. En este sentido, si un objetivo de política es evitar saltos en el nivel de los precios, la eliminación o reducción de dicho impuesto puede coadyuvar en ese sentido.

Cuarto, en la medida que exista incidencia fiscal sobre los oferentes, se estará pinzando sus márgenes comprometiendo satisfacer su restricción de participación y en consecuencia comprometiendo la recuperación de la economía venezolana.

Se requiere armonizar las acciones de política pública, regulatoria y fiscal con la intención  de apuntalar la recuperación de la economía venezolana.