Existen suficientes indicios de que la economía ha venido desempeñándose mal, con particular acentuación desfavorable en 2009. Para evitar en lo posible que este proceso conduzca a situaciones más graves es indispensable un golpe de timón para cambiar el rumbo hacia rutas de recuperación. Todavía hay recursos económicos y materiales para emprender con éxito ese cambio. Por supuesto, el factor fundamental es la población y el objetivo es su bienestar. Procede, en primer lugar, diseñar un plan rectificador de corto y mediano plazo, por consenso, sobre la base de la coordinación de todos los sectores de la vida nacional.

El plan de referencia tiene que definir en términos realistas los espacios económicos en que podrán desenvolverse los sectores privados y el Estado.

Está fuera de discusión, por ejemplo, el dominio de la actividad petrolera por el Estado, aunque algunas derivaciones serían propicias para la gestión privada. Algunas industrias básicas, como la petroquímica, la siderúrgica, el aluminio, podrían ser mixtas. La agricultura debe ser objeto de desempeño de comunidades agrarias y empresas privadas, con el concurso de políticas y medios a cargo del Estado. La propiedad agraria ociosa o mal cultivada debe ser expropiada en los términos de la ley. En el caso del petróleo, hay que establecer una nueva política para impulsar la producción, la industrialización de los hidrocarburos y la exportación.

Los ingresos generados por la actividad petrolera deben ser aplicados, de acuerdo con la Constitución, en su mayor parte a la inversión reproductiva y al desarrollo social. Ello supone una reestructuración del presupuesto público para cumplir y la atención al gasto corriente con los ingresos tributarios internos.

Objetivos prioritarios de la gestión pública tienen que ser: la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, los servicios públicos, la conservación y ampliación de la infraestructura. Hay que realizar una lucha a fondo, sostenida, contra la inseguridad, la delincuencia y la corrupción.

La inflación debe ser enfrentada con un programa acordado entre los sectores productivos, laborales, comunitarios y el Estado. La seguridad alimentaria es un objetivo prelativo de la gestión pública.

El desempleo es uno de los problemas que agobian a la población trabajadora. Una tasa de desempleo superior a 5% es motivo de preocupación. Existe una interdependencia entre el empleo y la actividad económica: se refuerzan mutuamente. Una de las actividades que genera empleo en proporción considerable y en el corto plazo es la construcción.

La restitución plena y efectiva de la autonomía del Banco Central y de sus facultades propias es necesaria para la rectificación del rumbo de la economía. El BCV es un órgano especial del Estado, pero no supeditado a ningún poder público. La responsabilidad con respecto a las divisas petroleras y las reservas monetarias internacionales tiene que ser condición del funcionamiento cabal de la economía circulatoria y de la preservación del valor de la moneda.

La recuperación económica no se logra con medidas parciales, ni con la simple expansión del gasto público, sino como resultado de una estrategia global, apoyada por todos los sectores. La lucha contra la pobreza no se hace simplemente con la difusión de ingresos monetarios, sino con el rescate de los grupos pobres en forma integral, con su integración plena a la sociedad y al bienestar.

El empleo, el justo salario real, la optimización del dividendo social (salud, educación, seguridad) el desarrollo de la comunidad, la función social de la empresa, son elementos, entre otros, de equilibrio social.

Es viable la conquista del futuro del país de múltiples oportunidades como el nuestro.

El Nacional