Ha estado muy activo el presidente Hugo Chávez durante las últimas semanas tratando de deslindar a su gobierno del caso de la quiebra de siete instituciones financieras que fueron cerradas unas e intervenidas otras por problemas de liquidez y manejos inadecuados de fondos, principalmente del Estado venezolano depositados en esas instituciones por la Tesorería Nacional, Banfoandes, Banco del Tesoro y otros entes. Cadena tras cadena, ha hecho el Presidente un esfuerzo titánico para que el Gobierno aparezca como que si nada tuviese que ver con la incipiente crisis financiera que se conformó con la caída de los ocho bancos.

El escándalo que ha salido a relucir es algo que desde estas páginas y de otros medios ya habíamos venido advirtiendo un grupo de economistas venezolanos como parte de un entramado de corrupción financiera que se armó en Venezuela con mayor fuerza a partir de 2003 ante los ojos del propio Presidente, y si él no lo vio ello constituye una grave omisión de un jefe de Estado que tiene el control absoluto de todo lo que se hace en este país.

Ahora sucede que el Presidente dice que no conoce al señor Arné Chacón, quien ocupó al menos cinco cargos importantes en la Administración Pública en posiciones relevantes, estuvo implicado en la asonada del 27 de noviembre de 1992 y además es hermano de padre y madre de Jesse Chacón, hombre fundamental en el Gobierno.

El asunto de fondo es que, ante las narices y no sé si con la complicidad de ministros y del Presidente, ocurrieron casos emblemáticos de corrupción sin que hasta ahora haya un solo detenido aunque sí un imputado. La compra en 2003, por parte del Ministerio de Finanzas, del antiguo edificio sede del Citibank y el inmueble donde funciona la Escuela Nacional de Hacienda en La Urbina, en operaciones donde las edificaciones cambiaron de precios por varios millones de dólares en pocas semanas.

Entre 2005 y 2006, Venezuela compró aproximadamente US$ 3.850 millones en bonos que luego fueron adjudicados a dedo por parte del Ministerio de Finanzas a ciertos bancos para que los vendieran en el mercado paralelo con ganancias exorbitantes.

Luego vino la negociación escandalosa de las notas estructuradas, donde hubo una especie de carnaval en el reparto de esos instrumentos financieros al dólar oficial para ser transados seguidamente en el mercado permuta con ganancias exorbitantes.

Acá, para todos los efectos, no existe la Contraloría General y las comisiones de la Asamblea Nacional no pueden investigar a su propia gente en este país de cómplices.

Qué descaro contra este pueblo que un día creyó en la lucha contra la corrupción y hoy está desencantado.