2024: radiografía de un año electoral (Segunda Parte) |
Escrito por Abrahan Clavero Toro | X: @Abrasof2320 |
Domingo, 07 de Abril de 2024 07:59 |
El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió convocar elecciones anticipas, este 10 de marzo, tras la dimisión del Primer Ministro socialista, António Costa, investigado por corrupción. La Asamblea Nacional, de 230 escaños, permaneció en funciones hasta el 15 de enero garantizando la aprobación de los presupuestos generales del Estado y la actividad legislativa, mientras que António Costa se mantuvo en el cargo de Primer Ministro hasta la formación de un nuevo Gobierno. Desde el final de la dictadura, solo cinco de quince primeros ministros han completado su mandato. Al respecto, Rebelo de Sousa ya había advertido que convocaría elecciones anticipadas, si António Costa no finalizaba su mandato. Los candidatos a reemplazarlo incluían: Pedro Nuno Santo del Partido Socialista (PS) de 46 años y economista, elegido por mayoría en las primarias. Fue Ministro de Infraestructuras y de Vivienda. Considerado un hombre de izquierdas, aunque algunos lo califican de radical. Están en favor de las pensiones y la subida del salario mínimo. Luis Montenegro, líder del Partido Social Demócrata (PSD) y de la oposición conservadora, de 51 años, abogado. Desde su escogencia, endurecido su discurso para apartarse de la ultraderecha. Diputado en el Parlamento y presidente del grupo parlamentario. André Ventura lidera Chega, la tercera fuerza política en el Parlamento. De formación de ultraderecha y profesor. Se dio a conocer como comentarista deportivo y fue candidato a la Alcaldía de Loures por el PSD. Entre sus propuestas destacaban, además de rebajar los impuestos y recuperar la sanidad, establecer cupos de inmigración. Mariana Mortagua encabezó el Bloque de Izquierda. Economista con un PhD de la Universidad de Londres. Defensora de posiciones izquierdistas en la economía. “El Bloco” fue el partido que permitió la primera ley contra la violencia de la mujer en Portugal, y ha mantenido alianzas con partidos como Podemos. Iniciativa Liberal (IL) y Livre fueron los otros dos partidos con aspiraciones en estas elecciones. IL presentó la candidatura de Rui Rocha, liberal, que ha estado muy vinculado a asuntos relacionados con recursos humanos en varias áreas como la banca o la industria de la automoción. Livre estuvo representado por Rui Tavares, cuya orientación es más a la izquierda y aspiraba a ser un freno para la subida de la ultraderecha. El Partido Comunista presentó a Paulo Raimundo, su actual secretario general, de 46 años, que ha estado siempre ligado al movimiento obrero. Los análisis políticos, siempre coincidieron en señalar que ni la derecha moderada ni el centro izquierda obtendrían un resultado que les pudiera permitir formar gobierno, sin tener que recurrir a alianza incomodas. El Bloque de Izquierda, encabezado por el PS y el PSD en el campo de la derecha, aglutinaron gran parte de la votación, junto con el fenómeno electoral de Chega. En este sentido es necesario recordar que, Luis Montenegro, durante la campaña reiteró que no gobernará con Chega y que su escenario favorito seria formar una coalición con Iniciativa Liberal. El PSD concurrió a estas elecciones junto con Alianza Democrática (AD) constituida por los conservadores del Centro Democrático Social-Partido Popular y los tradicionalistas del Partido Popular Monárquico Los escrutinios finales sirvieron para confirmar la tendencia que ningún partido obtendría una mayoría suficiente para gobernar en solitario. El PSD de Luis Montenegro, con el 29,49% superó a los socialistas de Pedro Nuno Santos (28,77). Por su parte, Chega de André Ventura, con el 18,06% confirmó un crecimiento vertiginoso, de más de un millón de votos, casi el triple de respaldo del recibido en 2022, que se tradujo en 48 diputados en el Parlamento y que supo captar el descontento de sectores juveniles. Estos logros han servido para acabar con el bipartidismo en Portugal y ha sido considerado como un fenómeno que se repetirá en las próximas elecciones en la Unión Europea. Los diputados de Iniciativa Popular no fueron suficientes para que el PSD formara gobierno. Por el lado de la izquierda, los pobres resultados del Partido Comunista no fueron suficiente a los socialistas para alcanzar una mayoría parlamentaria Sin embargo, a diferencia de España, el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, que perdió medio millón de votos, y un tercio de sus diputados (120 a 77) permitirá un gobierno del Partido Social Demócrata de Luis Montenegro a fin de impedir que la derecha radical, representada por Chega, se integre al nuevo gobierno. Este anuncio ha sido interpretado como una clara referencia de aplicar una especie de “cordón sanitario”. El nuevo gobierno de Luis Montenegro estará conformado por figuras de peso político en Portugal, para poder afrontar la incertidumbre y la inestabilidad debido a su bajo respaldo parlamentario. El nuevo equipo ministerial de 17 ministros incluirá 7 mujeres. Entre ellos destacan, el eurodiputado Paulo Rangel (PSD) que asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas estará a cargo de Joaquín Miranda Sarmiento (Portavoz del PSD en el Parlamento anterior). Ambos también desempeñarán la posición de Ministro de Estado, a fin de darle protagonismos a esas dos áreas. Miguel Pinto Luz (Vice Presidente del PSD) presidirá la cartera de Infraestructura y Vivienda. Nuno Melo será el nuevo Ministro de Defensa. Entre las mujeres asignadas destaca Ana Paula Martins Ministra de Salud. De esta forma, Montenegro mantiene su promesa electoral de no incluir a ningún representante del Partido Chega de André Ventura en su gabinete ministerial, a pesar de su amplio respaldo en las elecciones del pasado 10 de marzo. Es interesante la realidad política actual de Portugal, al producirse este giro hacia la derecha, cuando precisamente se están cumpliendo 50 años de la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura de Oliveira Salazar en 1974. Después de más de ocho años, la derecha regresa al poder, cuando el socialista Antonio Costa, aliándose con otras fuerzas de la izquierda logró la aprobación de una moción de censura contra el conservador Pedro Passos Coelho. Uno de los principales temores que enfrenta el pais es el importante crecimiento experimentado por partido Chega de extrema derecha, cuyo líder André Ventura ha admitido que no aceptará acuerdos postelectorales con los demás partidos de derechas si no se le incluye en el gobierno. Un aspecto que jugó un papel significativo en estos comicios fue la corrupción y los escándalos judiciales. Destacan tres casos: Operación Influencer contra Antonio Costa y el exministro de Infraestructuras Joao Galamba; el caso Marques contra José Sócrates y algunas de las personalidades más influyentes en la sociedad portuguesa y la mega operación judicial en Madeira contra Miguel Alburquerque y Pedro Calado. A estos se suman los casos acumulados por exministros y Secretarios de Estado del gobierno saliente. Un estudio sobre el costo de la corrupción (2018) estima que en Portugal equivale al 8-10% del PIB, es decir unos 20mil millones de euros. Por la importancia de la Unión Europea, las elecciones de su Parlamento (6 y 9 de junio) son considerados los comicios europeos con más carga política, la votación transnacional más grande del mundo con la participación de más de 400 millones de ciudadanos, y las primeras desde la salida del Reino Unido. En ellas jugarán un factor importante: el Brexit, la pandemia, el plan de recuperación, la guerra de Ucrania, las sanciones contra Rusia y la inmigración. Alemania, Bélgica, Austria, Malta y Grecia permitirán votar a ciudadanos entre 16 y 17 años. El Parlamento Europeo es la única institución de la UE elegida por votación directa, en la que los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar su voluntad y determinar su composición, garantizando una representación legítima y democrática en el proceso de toma de decisiones. La composición del Parlamento se revisa antes de cada elección, y los escaños se asignan en función de la población de cada Estado miembro. En esta oportunidad se elegirán 720 diputados, agrupados en base a las diferentes ideologías, quienes se conforman en grupos políticos; no por nacionalidades sino en función de su afiliación política. En la actualidad hay 7 organizaciones políticos en el Parlamento Europeo: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Renew Europe Group, Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Grupo Identidad y Democracia y Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - GUE/NGL. Son necesarios 23 miembros para constituir un grupo político; cada grupo debe estar representado, al menos, en la cuarta parte de los integrantes de UE. Los diputados no pueden pertenecer a más de un grupo político. Este organismo es fundamental en la formulación y aprobación de normativas legales, debido que comparte poderes legislativos con el Consejo de la UE para aprobar, enmendar o rechazar propuestas presentadas por la Comisión Europea. Las decisiones de los eurodiputados impactarán directamente en la vida cotidiana, sobresaliendo: políticas económicas, medioambientales, de seguridad y migratorias. Respecto a las perspectivas de estas elecciones, se especula la posibilidad de un gran giro a la derecha, que se ha venido gestando, y se consolidó en 2023. Los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) podrían incluso convertirse en el tercer grupo más importante del nuevo Parlamento Europeo. Este bloque de derechistas y euroescépticos podría oponerse a una serie de programas moderados de la UE, respaldando los giros derechistas internos de potencias líderes como Alemania y Francia. Según las encuestas, la intención de votos de los populares europeos pasaría del 19,5 %, que tuvieron en 2023, a un 22 %. Este crecimiento se debe principalmente a los apoyos de sus partidos principalmente en España y Alemania. Es el caso del Partido Popular (PP) español tras las elecciones generales de junio, alrededor del 36-37 %, y de los democristianos alemanes, que han pasado del 27 % a casi 32 %, explican la mayor parte de esta tendencia al alza. Sin embargo, también hay que sumar importantes crecimientos en otros países: los miembros del PPE en Eslovenia (SDS) o en Estonia (Isamaa) con importantes alzas de sus intenciones de voto en los últimos meses. Igualmente ha sido relevante la entrada en escena de la agrupación Nuevo Contrato Social en los Países Bajos. Se espera que PPE siga constituyendo el grupo más numeroso. La actual Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen tiene intenciones de permanecer al frente de este órgano. En este sentido, el pasado 7/8 de marzo, en Bucarest, fue designada cabeza de lista por el Partido Popular Europeo, pero no fue designa por aclamación, sino por una simple mayoría por ser ella la única candidata. Sorprendió la posición del Comisionario de Comercio Interior, Thierry Breton, quien puso en duda la conveniencia que repitiese en el próximo mandato. Entre los puntos más sobresalientes de la próxima agenda parlamentaria destacan: más ayuda a Ucrania, sanciones a Rusia (vetadas por Hungría y Eslovaquia), restricciones a la inmigración, retrocesos en los controles climáticos, justicia y Estado de Derecho en toda la UE, y un cambio en la forma en que Europa se relaciona con China. Es evidente, que la derecha se está adaptando más al sistema, sin intenciones de salirse de la UE, tras la mala experiencia del Brexit, para modificarla profundamente desde dentro, con menos integración y más recuperación de las soberanías nacionales frente a Bruselas y menos inmigración. Las recientes manifestaciones de los sectores agrarios, en diversos países europeos, comienza a influir en la agenda electoral, a menos de dos meses de las elecciones, con el surgimiento de la amenaza de un esfuerzo de la extrema derecha euroescéptica y negacionista climática, pero también por el temor al populismo. Ante estas demostraciones, la Comisión Europea ha respondido de forma rápida, accediendo a presentar un plan para reducir la carga administrativa de los agricultores. En Asia, las 18.ª elecciones generales en la India, previstas entre abril y mayo, en siete fases, del 19 de abril al 1 de junio, han sido consideradas de primordial importancia con la participación de más de 970 millones de personas, de los cuales 80 millones votarán por primera. La democracia más grande del mundo, cuenta con alrededor de 2.660 partidos políticos registrados que se disputaran los 543 puesto de la Cámara Baja, mejor conocida como Lok Sabha. Los resultados se anunciarán el 4 de junio. La India desempeña un papel significativo para el mundo en desarrollo, y es al mismo tiempo un importante socio comercial, un contrapeso a Pakistán, una posición equilibrada frente a Rusia y China y un baluarte estratégico contra la expansión china en el Pacífico. El actual gobierno presenta al pais como “la Voz del Sur Global de las economías en desarrollo y considera que es una alternativa real y de futuro para la cadena de suministros globales que llevan mucho tiempo anclados en China”. Sin embargo, a pesar de ser la tercera economía mundial, después de China y los Estados Unidos, con un PIB de 9.3 billones de dólares, su ingreso per cápita es de los más bajos. Otro elemento a considerar es su alto nivel de desarrollo atómico que la coloca en el selecto club nuclear con unas 160 ojivas. El país más poblado del mundo enfrenta una encrucijada, a causa de la posición del gobierno del Partido Popular Indio BJP (Bharatiya Janata BJP) del Primer Ministro, Narendra Modi, (desde 2024) que desea convertir al Estado nacionalista hindú en una teocracia cimentando el nacionalismo hindú. Se estima, que una victoria en esas elecciones, le permitirá completar lo que él considera un elemento central de su programa de gobierno. En estas votaciones se contemplarán diversas solicitudes, destacando el secularismo consagrado en la Constitución de 1950. De ganar Narendra Modi, existe la posibilidad que este principio sea derogado. El BJP quiere situar el hinduismo (79%) en el centro de la identidad nacional, decision que podría marginar a 244 millones de musulmanes (15,5%) y cristianos. Su índice de aprobación, según Morning Consult Surveys, se encuentran entre las más alta de los líderes mundiales, con cifras que rondan el 76%. La victoria de Modi, un líder carismático, que domina el panorama político indio como sólo lo han hecho dos de sus 15 antecesores: Nehru e Indira Gandhi. Esto le daría la oportunidad de seguir aplicando reformas estructurales para facilitar la inversión extranjera, deseosa de entrar en India para aprovechar el mercado nacional como nueva alternativa frente a China. En fecha reciente, se ha realizado elecciones estatales en cuatro estados, en las cuales el BJP ganó tres, lo que ha reforzado la posición del gobierno. Según diferentes encuestas, esta alianza liderada por el BJP, obtendría una mayoría de 295 a 325 escaños en el Parlamento. Ante esta perspectiva, la oposición conformó, en julio pasado, una unión electoral denominada Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de la India con una veintena de partidos nacionales y regionales, y que, en caso de superar sus divisiones, se vislumbra como un serio oponente. A fin de concretar esta iniciativa, los grupos opositores han organizado diversos encuentros para su configuración. El primero de estos eventos tuvo lugar en Bihar, un lugar significativo por la importancia que ha tenido esta región para impulsar cambios políticos en la India. Posteriormente en Bangalore, se sumaron más elementos a este bloque, hasta alcanzar la cifra de al menos 26 partidos. Este conglomerado de partidos incluye fuerzas entre las que sobresalen el histórico Congreso Nacional Indio, el Congreso Trinamool, Janata Dal (Unido), Shiv Sena (UBT), el Partido Comunista de la India (Marxista), Dravida Munnetra Kazhagam, el Partido Aam Aadmi y Jharkhand Mukti Morcha. En conjunto gobiernan 11 Estados y tienen 142 escaños en el Parlamento. La Alianza Democrática Nacional (NDA), liderada por el BJP de Narendra Modi, respondió con un encuentro en Nueva Delhi, al que acudieron 38 partidos. No obstante, el BJP es la fuerza mayoritaria, mientras que el resto dispone de cierta representación, incluyendo Balasahebanchi Shiv Sena, una de las partes del Shiv Sena que se dividió. Algunos partidos han quedado sin posesionarse en esta contienda, que en su totalidad ocupan 63 escaños actualmente. Destacan tres formaciones que gobiernan regiones importantes: el Bharat Rashtra Samithi en Telangana, el Biju Janata Dal en Odisha, y el Partido del Congreso YSR en Andhra Pradesh. En medio de este panorama electoral, fue significativo la realización de un acto el 22 de enero, para inaugurar el templo Ram construido en una antigua mezquita mogol destruida por fanáticos hindúes en 1992. Todas las televisiones del país retransmitieron en directo el acontecimiento, que el gobierno convirtió en su carta de presentación con miras a las próximas elecciones generales. Este templo simboliza la dominación de los hindúes (Hindutva) sobre otras comunidades y el cambio de la República India secular hacia un nuevo régimen. Narendra Modi, quien organizó la suntuosa ceremonia en torno a su persona, proclamó: “el 22 de enero de 2024 no es sólo una fecha en el calendario, sino que anuncia el advenimiento de una nueva era”. Esta es la primera vez que un Primer Ministro realiza un acto de esta naturaleza en el ejercicio de sus funciones. Como la señala la revista Foreign Affairs en su artículo intitulado los Pies de Barro de la India, “si el BJP logra una tercera victoria electoral consecutiva en mayo, el creciente mayoritarismo bajo Modi podría convertirse en un mayoritarismo galopante, una tendencia que plantea un desafío fundamental a la condición de nación india. Diversas personalidades de mentalidad democrática y pluralista advierten sobre los peligros que la India se transforme en un país como Pakistán, definido por una identidad religiosa. Pero el gobierno de Modi está poniendo en peligro una fuente clave de fortaleza india: sus variadas formas de pluralismo”. El artículo señala, además “el carisma y el atractivo popular de Modi han consolidado este dominio, electoralmente hablando. Sin embargo, los costos están aumentando. Los hindúes se imponen a los musulmanes, el gobierno central se impone a las provincias, el Estado restringe aún más los derechos y libertades de los ciudadanos. Mientras tanto, la imitación irreflexiva de los modelos occidentales de industrialización intensiva en energía y capital está causando daños ambientales profundos y, en muchos casos, irreversibles”. A medida que se acercan las elecciones, el ambiente pre electoral se ha ido caldeando con una serie de acontecimientos sangrientos que pueden desarticular la armonía y la diversidad religiosa en un pais cuyas minorías representan el 20% de sus más de 1.400 millones de habitantes. La cruzada ultra nacionalista puesta en práctica por Modi incluye llamadas que pueden ser calificadas de genocidio. A esto hay que agregar la campaña oficial desatada contra los medios de comunicación en que destacan amenazas por medio de mafias locales, políticos corruptos, adquisición de medios por parte de empresarios cercanos al poder, y ataques realizados por la extrema derecha hindú a través de agencias gubernamentales. De este lado del Atlántico, México celebrará elecciones presidenciales y generales el 2 de junio, con una participación de 98 millones de electores. Además, se renovará el Senado y la Cámara de Diputados, un total 629 cargos a nivel federal. También se elegirán ocho gobernadores y la Jefatura del Gobierno de Ciudad de Méjico. La candidata del partido Morena, del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la exalcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, enfrentará a Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora Frente Amplio por México. AMLO ha mantenido un índice de aprobación superior al 60%, durante su mandato, que se ha reflejado en la holgada ventaja (52%) que mantiene Sheinbaum frente a Gálvez (25%). Los analistas consideran improbable que surja una tercera opción, con chance de ganar y anticipan que estos comicios serán históricos al consagrar a una mujer como la primera presidenta electa en la historia de México. La incógnita a destacar, es si Sheinbaum seguirá estrictamente la política de AMLO. Dos áreas de importancia capital incluyen al sector energético y al cambio climático. El gobierno ha favorecido a las empresas estatales mexicanas en detrimento de la inversión de las empresas privadas en energías renovables. Esto ha creado tensiones con Estados Unidos, y ha pasado a primer plano dada la formación de Sheinbaum como especialista en el tema climático. México, por otra parte, necesita más inversión en el sector energético para facilitar el auge del nearshoring, (proceso de delegar responsabilidades y actividades a países cercanos a la ubicación geográfica de la empresa), que se ha dado a pesar de la política de inversión poco amigable del actual gobierno. Si se producen cambios positivos en ese frente, el potencial de crecimiento de México podría elevarse a medio plazo. Con el inicio formal de la campaña electoral, el ambiente electoral, se ha ido tornando conflictivo. Diversas ONG convocaron, en fecha reciente, una multitudinaria concentración denominada “Por nuestra Democracia”, en el Zócalo de Ciudad de Méjico, en defensa de la democracia, del voto libre, de las instituciones y de la división de poderes. En esta protesta hubo denuncias que apuntan a que el gobierno de AMLO estaría usando los recursos del Estado y haciendo reformas de la Constitución para favorecer la candidatura de Claudia Sheinbaum. A esto hay que agregar, lo que se conoce como “la Guerra de las Filtraciones” basado en un reportaje que habla que Estados Unidos indagó sobre acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente. Uno de los grandes retos que enfrentará la próxima mandataria es la ola de violencia liga al crimen organizado que sacude al pais. Estos hechos, ha dejado un saldo de 16 candidatos a cargos municipales y estatales asesinados, además de 33 personas fallecidas a consecuencia de la violencia electoral. En la India y México, el proceso político es imperfecto en muchos aspectos, pero lo suficientemente legítimo para que los resultados, en cada caso determinen la victoria de un partido nacionalista populista, delineando las hojas de ruta para continuar las sendas políticas en las que ya se encuentran. En el continente africano, doce países han llamado a elecciones para elegir nuevos mandatarios en países vitales como Senegal, Sudáfrica, Ruanda o Argelia. Algunas elecciones programadas están más que en duda o directamente descartadas por diversos motivos: la falta de avances en la organización en Libia y Sudán del Sur y la falta de interés de las juntas militares en Mali y Burkina Faso. Las dimensiones básicas del entorno en estas elecciones se pueden resumir en tres aspectos. La primera es la tendencia a una fuerte inestabilidad política, motivada por las crisis que han llevado a los militares al poder mediante golpes de Estado sobre todo en el Sahel, a lo que hay que añadir el malestar social provocado por el aumento brutal del coste de la vida, la subida de los precios energéticos y la mayor inseguridad alimentaria, derivada de la guerra de Ucrania. La segunda es la inseguridad marcada por divisiones etnolingüísticas y religiosas, y la presencia yihadista cada vez más fuerte, siendo Nigeria el caso más claro de deterioro creciente de la inseguridad, la tensión social interior y el aumento de la violencia política. Otro tanto se refiere a aspectos relacionados a la inseguridad y violencia, a la presencia de miles de mercenarios de la empresa rusa Wagner, primero en Malí y ahora en Burkina Faso. Con apoyo explícito de los gobiernos fueron retiradas las tropas francesas y se prioriza su alianza con Rusia para luchar contra el yihadismo que controlan inmensos territorios, donde los Estados brillan por su ausencia, provocando millones de desplazados, mayoritariamente mujeres y niños. En Senegal, los comicios previstos para el 25 de febrero fueron pospuestos para el 15 de diciembre, en una maniobra de sectores oficialistas en el Parlamento que avalaba la decision previamente adoptada por el Presidente Macky Sall, mientras que legisladores de oposición la rechazaron y trataron de impedir la votación. Este retraso fue calificado de “un golpe de estado constitucional” y una maniobra para impedir el triunfo de Bassirou Diomaye Faye. Se presagiaba, un duelo entre Faye que cuenta con un gran respaldo popular y el candidato gubernamental Amadou Ba, tecnócrata con poco carisma. Esta componenda política fue invalidada por el Consejo Constitucional, (15 de febrero), considerada la institución que tendría la última palabra para defender la democracia en Senegal. El organismo declaró "contraria a la Constitución" la ley que aplazaba por diez meses las votaciones del 25 de febrero y la continuidad del Presidente Macky Sall en el cargo, más allá del final de su mandato. Esta decision de revocar el decreto presidencial fue una muestra de la búsqueda de un orden constitucional y el estado de derecho, con miras a acercar a Senegal a una democracia, e impedir que los acuerdos políticos distorsionen la ley. En consecuencia y bajo fuerte presión, el presidente prometió acatar la decision del Consejo, y de esta manera evitar la profundización de la crisis. Sin embargo, este organismo solo se limitaba a señalar “la imposibilidad de organizar las elecciones presidenciales en la fecha inicialmente prevista” e “invita a las autoridades competentes a celebrarlas lo antes posible”. Grupos de la sociedad civil, solicitaron que se realizarán el 10 de marzo, lo que aseguraría que Sall terminaría sus funciones el 2 de abril tal como lo estable la constitución. Otros propusieron que, en caso no realizarse las elecciones para esta fecha, el presidente debería renunciar para permitir la escogencia de un jefe de estado provisional. Toda esta situación obligó al Presidente Sall a poner en práctica una especie de apertura con la liberación de presos políticos por medio de una precipitada ley de amnistía, permitir la realización de protestas y reuniones con líderes políticos de la oposición y considerar la posibilidad que otros líderes opositores, incluyendo a Kerim Wade pudieran ser admitidos como candidatos. Dentro de este proceso, de igual manera, fue calificada de positiva la decision del Presidente Sall disolver el gobierno, (6 de marzo), y proponer, según un comunicado del Consejo de Ministros, la fijación de la elección presidencial para el 24 de marzo de 2024. Esta nueva fecha, aunque despejaba significativamente el panorama político senegalés, acarreaba varios desafíos entre los que sobresale que el período de campaña sería sumamente corto lo que limitaría el tiempo para que los 19 candidatos admitidos expusieran sus programas de gobiernos. Por otra parte, las elecciones se llevarán a cabo durante el sagrado mes del Ramadán, periodo de reflexión y ayuno lo que podría afectar la participación y la atención ciudadana hacia el proceso electoral. En Senegal el islam es practicado por el 96,6% de la población. A todo lo anteriormente mencionado, hay que agregar la designación por parte del presidente de un nuevo titular de Relaciones Interiores, Sidiki Kaba, en sustitución de Amadou Ba, candidato presidencial de la coalición gubernamental para los citados comicios. La inestabilidad política y social en Senegal se fue desarrollando de manera permanente desde la detención del opositor Ousmane Sonko, líder de Yewwi Askan Wi (los Patriotas Africanos de Senegal), encarcelado desde el 31 de julio, acusado de incitar a la insurrección y asociación criminal. El 4 de enero, el Tribunal Supremo confirmó una pena de prisión condicional de seis meses y 200mil millones de francos CFA (305.000 euros) por concepto de indemnización de daños y perjuicios, en un caso de difamación contra el Ministro de Turismo. La decisión privaba, además, a Ousmane Sonko de sus derechos civiles por un período de cinco años, según el artículo 30 del código electoral. Conocido por su discurso antisistema y sus críticas contra la corrupción y el neocolonialismo francés, Sonko denunció la «instrumentalización» de la justicia por parte del Presidente Sall para impedirle concurrir a los comicios. En junio se registraron numerosos incidentes en los que al menos 20 personas fallecieron, por la condena del líder opositor. Entre las personalidades vetadas por el Consejo Constitucional (5 de enero), se encontraba la candidatura de Ousmane Sonko, y la de Karim Wade por tener doble nacionalidad franco-senegalés prohibida por la Constitución. El 20 de enero fue publicada la lista definitiva de candidatos seleccionados tras examinar los expedientes de cada uno de ellos y sus respaldos, que incluyó diversas figuras de la esfera política, entre ellas, el integrante de la coalición gobernante Amadou Ba; Khalifa Sall, exalcalde de Dakar, Bassirou Diomaye Faye, la ex Primera Ministra Aminata Touré, e Idrissa Seck, candidata en 2019. Los resultados de las elecciones del pasado 24 de marzo, emanados de la Comisión Nacional del Censo de Votos de las elecciones del 24 de marzo señalaban que con una participación del 61,30% de la población, menor que en 2019, Bassirou Diomaye Faye había sido electo con el 54,28% de los votos, mientras que el candidato oficialista Amadou Ba logró el 35,79% y Aliou Mamadou Dia (2,8%). Cabe destacar que el futuro presidente senegalés había salido de la cárcel 10 días antes de las elecciones. Es la primera vez desde su independencia que en Senegal gana un oponente en la primera ronda de los comicios. Bassirou Diomaye Faye desempeñó un papel de candidato sustituto, estrategia que comenzó a desarrollar desde 2019. Bajo la consigna de Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye” (“Diomaye es Sonko, Sonko es Diomaye”, en wolof), el lema coreado por todos los líderes de la oposición, se buscaba popularizar el nombre de su candidato. Este hecho funcionó, cuando del 14 de marzo, Bassirou Diomaye Faye fue liberado de prisión junto con Ousmane Sonko beneficiados por esa ley mencionada anteriormente. Fue el comienzo de diez días de campaña electoral para un candidato que hasta entonces nunca había sido elegido. Indiscutiblemente que la decision del Presidente Sall, en el poder desde 2012, quien manifestó su decision de no buscar un tercer mandato (3 de julio 2022) y la designación del entonces Primer Ministro Amadou Ba, candidato de la coalición oficialista Benno Bokk Yaakaar (Unidos por la Esperanza, en lengua wolof), fueron significativas dentro de este proceso y al mismo tiempo recibida con beneplácito por la UE, ya que se acogía a lo establecido en la Constitución. Si a todo esto agregamos el triunfo de Faye, hace predecir la factibilidad de un proceso de transición en esta nación de África occidental. Si bien Faye presentó su elección como "la elección de la ruptura", el nuevo presidente colocó no obstante la "reconciliación nacional" entre sus "proyectos prioritarios". En esa parte del mundo, sobresalen, además, las elecciones generales en Sudáfrica, pautadas para el 29 de mayo, de acuerdo con un anuncio realizado por el Presidente Ciril Ramaphosa, pidiendo a todos los votantes elegibles a participar “plenamente en este importante e histórico hito” a 30 años de haberse realizado el primer ejercicio democrático de este tipo en el país. En estas elecciones presidenciales, con multitud de partidos minoritarios, el futuro gobierno nacional y los provinciales deberán disputarse entre los candidatos del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), la Alianza Democrática (DA) y los Luchadores por la Libertad Económica (EFF). En el sistema de gobierno de Sudáfrica, los legisladores eligen al presidente, por lo que un partido o coalición con la mayoría en el parlamento controla el poder ejecutivo y el legislativo. Si el apoyo al Congreso Nacional Africano cae por debajo de 50% en estas próximas elecciones, el partido tendría que llegar a acuerdos con partidos más pequeños para garantizar la reelección de Ramaphosa. Los resultados económicos y la situación institucional se han deteriorado en los últimos años. Actualmente, el pais sufre frecuentes cortes de electricidad y tiene la tasa de desempleo más alta entre las principales economías. Las elecciones se convertirán, probablemente, en un voto de censura para el histórico partido el Congreso Nacional Africano (ANC), que gobierna Sudáfrica desde 1994, cuyo apoyo ha ido deteriorando de forma progresiva y ahora se sitúa en un 40% durante las peores crisis de electricidad del año pasado. El mayor partido de la oposición, Alianza Democrática, cuenta con un respaldo de alrededor del 31%. La pérdida de la mayoría del ANC, en la Asamblea Constituyente significaría la necesidad de conformar un gobierno de coalición. A mediados de febrero pasado, miles de sudafricanos se reunieron en la capital para mostrar su apoyo al principal partido de oposición de ese país mientras éste se prepara para la elección nacional, en la que espera arrebatarle el control al gobernante Congreso Nacional Africano. Los partidarios de la Alianza Democrática expresaron su fe en que el partido prestaría mejores servicios básicos y afrontaría algunos de los problemas más difíciles del país. Los participantes en esta conferencia también destacaron la tasa de desempleo de más de 32%, y el partido se comprometió crear al menos 2 millones de nuevos empleos si gana la elección general de este año. El líder de DA, John Steenhuisen, prometió vencer al Congreso Nacional Africano y acusó al presidente Ciril Ramaphosa de permitir la corrupción de los líderes y miembros de su partido. En la celebración del 112º aniversario del Congreso Nacional Africano (13/01), el Presidente Cyril Ramaphosa utilizó la oportunidad para delinear las tácticas del partido con miras a las próximas elecciones generales, haciendo énfasis en diversos puntos y considerándose como una táctica para las elecciones: demostración de un liderazgo unido, y una invocación de tres décadas de éxitos. Ramaphosa señaló que, durante sus 30 años en el poder, el ANC había sentado las bases de un Estado socialdemócrata. Éstas incluyen: una constitución que garantiza los derechos humanos a todos los sudafricanos, la protección de los derechos de los trabajadores, la promoción de la inversión y el desarrollo económico y proporcionar un marco legal para el empoderamiento económico de los negros, un papel activo para Sudáfrica en el escenario internacional y solidaridad con las personas que luchan por sus derechos y luchan por un orden mundial justo. Hizo referencia al apoyo otorgado a la causa de Palestina que ha servido para ganar el afecto de muchos sudafricanos y partidarios internacionales: que incluye principios y la defensa de la justicia, como lo había hecho en la lucha contra el apartheid. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a los muchos fallos de su gobierno: lento crecimiento económico; crimen y falta de seguridad; falta de prestación de servicios esenciales y mantenimiento de la infraestructura pública. Los críticos consideran podría haber sido más prudente que el partido reconociera algunas de sus deficiencias, ya que esto podría haber negado a sus oponentes y críticos la oportunidad de ridiculizar algunas de sus afirmaciones. En Ruanda, los comicios presidenciales están pautados para el 15 julio próximo. Ubica en el gran valle del Rift de África Central, donde convergen la región de los Grandes Lagos y el Sudeste africano, con una población de más de 14 millones. Aunque más del 99% de los ruandeses hablan kinyarwanda, se reconoce tres lenguas oficiales: francés, inglés y suajili. Los estudiosos de la situación interna del pais no albergan duda alguna sobre el resultado de estas elecciones: Paul Kagame será reelegido presidente y el FPR-Inkotayi, en el poder desde 1994, ocupará la gran mayoría de los escaños parlamentarios. Lo único que anima los debates es la de saber si presentarán formaciones políticas creíbles e independientes frente al FPR para las elecciones legislativas, así como candidatos serios y libres frente a Paul Kagame para las presidenciales, dado que el primer mandatario ya ha anunciado su intención de presentarse para un 4ª mandato, después de 24 años en la jefatura de Estado y 30 como hombre fuerte de Ruanda. Hasta ahora, Paul Kagame y el FPR siempre han impedido la presentación de cualquier competencia seria en cada elección, como sucedió en 2017 y en 2010; lo que garantizó ganar las elecciones con casi el 100% de los votos y obtener cerca del 75% de los votos en las legislativas. Sin embargo, a escasos meses de las elecciones previstas, aparece, en el debate electoral, la icónica opositora al régimen, Victoire Ingabire, tras habérsele impedido participar en las elecciones de 2010 y encarcelada durante ocho años, antes de ser liberada por gracia presidencial en septiembre de 2018. El 14 de febrero, Victoire Ingabire solicitó ante el Alto Tribunal de Kigali la rehabilitación en sus derechos cívicos y políticos, con el objetivo de presentarse a las elecciones de julio próximo. Desde su condena a 15 años de cárcel, calificada de irregular por la Corte Africana de Derechos Humanos, Ingabire había sido despojada automáticamente de sus derechos cívicos y políticos, tal y como prevé el código penal ruandés para toda persona condenada a más de un año de cárcel. Así pues, para poder presentarse a una elección o incluso para pretender ocupar un puesto público, debe lograr la plena rehabilitación de sus derechos, algo que no fue especificado para el momento de su liberación en 2018. La decisión del Alto Tribunal de Kigali, considerado en principio como independiente, deberá hacerse pública en fecha reciente. Periodistas y observadores son de la opinión que la gestión de Ingabire está destinada a fracasar. La libertad de expresión en Ruanda se encuentra en el centro de atención de muchas organizaciones internacionales. Según el informe de 2023 de Freedom House, el actual régimen ha mantenido la estabilidad y el crecimiento económico, pero ha reprimido la disidencia política con procedimientos de intimidación, detenciones arbitrarias, tortura y sospechas de asesinatos de disidentes exiliados. Como resultado, el reporte clasifica a Ruanda como «No libre», con una puntuación de 23 sobre cien. En 2023, Periodistas sin Fronteras ubicó a Ruanda en el puesto 131 entre 180 países, lo que supone una mejora con respecto a la posición del año anterior, cuando se clasificó en el puesto 136. Sin embargo, el panorama mediático de Ruanda suele considerarse como uno de los peores en África. Esta ONG atribuye la baja calificación de Ruanda al autoritarismo y la censura que enfrentan los medios, obligando a los periodistas a prometer lealtad al Gobierno y participar en programas de patriotismo. El desacuerdo y las críticas están reprimidos a través de referencias a recuerdos del genocidio de 1994. Antes del genocidio, las facciones influyentes en Ruanda habían establecido Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), que tuvo un siniestro papel en la divulgación de la propaganda contra los tutsis, que contribuyó aproximadamente con el 10 % de la violencia durante el genocidio. En un esfuerzo por mantener el control sobre la difusión de la información, en dos ocasiones, el Gobierno de Ruanda ha prohibido los medios internacionales, incluyendo los canales de la BBC, debido a un documental del genocidio. También sobresale el compromiso del Gobierno de manejar el flujo de información y formar las narrativas para que se adapten a su agenda política, aunque implique restringir el acceso a diversas perspectivas y puntos de vista globales. Volviendo al caso de millones de latinoamericanos, quienes serán parte de este fenómeno que se espera marque un récord histórico: el año en que más votantes asistan a las urnas alrededor del mundo. Está previsto que, además de El Salvador y México, otros cuatro países de América Latina celebrarán elecciones presidenciales: Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, mientras otros dos tienen agendados comicios municipales. Según la politóloga Victoria Murillo, Directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, considera que en la región en general “la gente está descontenta con lo que tiene y vota a otro, a uno que no se parece al que gobierna. Todo es una especie de cómo nos sacamos al que tenemos encima que no está haciendo las cosas que queremos. Lo que la gente denomina ola de derecha o de izquierda, en realidad es una ola de recambio”. Sin embargo, hay excepciones a esta regla con la reelección de Bukele. En Panamá la campaña electoral para los comicios del 5 de mayo, han estado marcadas por dos acontecimientos importante. Por una parte, la condena a más de 10 años de prisión del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) que se convirtió en candidato al ganar las primarias de su partido Realizando Metas (RM), creado en 2021. A pesar de la causa abierta en su contra que concierne a su periodo presidencial, Martinelli venció a otros tres candidatos con un contundente 96,94%. El Ministerio Público lo acusó, junto con otras personas (2010), de comprar, presuntamente con dinero del Estado, la mayoría de las acciones de la Editora Panamá América. El exmandatario había pedido respetar el fuero penal-electoral que lo ampara tras ser declarado candidato presidencial "para que no puedan ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, política o administrativa (...) salvo en caso flagrante de delito", según el Código Electoral. Su situación tomó un giro imprevisible, cuando el 2 de febrero se refugia en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, huyendo de la justicia, y solicitando asilo político. Según informaciones recopiladas, Daniel Ortega ha concedido asilo y la nacionalidad a “130 aliados políticos, expresidentes, altos funcionarios, guerrilleros, traficantes, condenados o prófugos” desde principios de 2022. Nicaragua solicitó un salvoconducto para Martinelli, que fue rechazada por Panamá el 9 de febrero, mientras el gobierno de Ortega consideró que “Panamá estaba violando el derecho de asilo al poner en peligro su vida”. En el interim, desde la sede diplomática nicaragüense, el ex mandatario continúo realizando su campaña a pesar de la que la Corte Suprema le prohíbe ser candidato. En una reciente entrevista en CNN afirmó ser “un preso político que quería ser asesinado por su popularidad”. El Departamento de Estado norteamericano calificó este asilo de “un nuevo intento de Nicaragua de socavar el estado de derecho y subvertir la justicia”, mientras la Cancillería de Nicaragua denuncia "una injerencia en los asuntos internos", y a su vez, Panamá insiste que "en virtud de convenciones diplomáticas", Martinelli no puede ejercer actividad política desde una embajada extranjera. Al no poderse postular, a su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, su ex ministro del Interior, tomará el relevo, aunque no goza de la alta popularidad del ex presidente. Hay que destacar en señalamiento popular que afirma el hecho que Martinelli representa “para las clases trabajadoras pleno empleo con proyectos de infraestructura. Robó, pero al menos hizo algo”. El otro acontecimiento, de cara a las elecciones presidenciales, se refiere a la fuerte oposición al acuerdo minero con la empresa canadiense First Quantum. Los panameños han llevado a cabo múltiples protestas durante décadas para que se anule dicho contrato. Diversos candidatos también han manifestado que se adopte una postura más firme sobre esta mina que representa alrededor del 5% del PIB nacional y el 1,5% de la producción mundial de cobre. La Corte Suprema de Panamá declaró (2017), inconstitucional el contrato aumentando la presión sobre el Gobierno y dejando el futuro de la mina en entredicho. La administración actual ha permitido que First Quantum siguiera operando la mina a pesar del dictamen del máximo tribunal. Lo que más preocupa a la ciudadanía de cara a la elección es la corrupción. Según una encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), el 22,3% de los encuestados considera que la corrupción es el principal problema del país, seguido de la educación y la inseguridad. Además, de los ocho candidatos que participan en los comicios, dos de ellos, el expresidente Ricardo Martinelli y Zulay Rodríguez, son investigados por blanqueo de capitales, casos por los cuales se declaran inocentes. A un mes de las elecciones, José Raúl Mulino, candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, se afianza en el liderato de la preferencia electoral. Las cuatro encuestas publicadas por diversos medios de comunicación, ponen a Mulino por encima del resto de los candidatos presidenciales con una ventaja que ha venido en aumento, esto a pocos días de haber reemplazado como candidato a Ricardo Martinelli Berrocal. Incluso, la última encuesta lo pone con una ventaja del doble de su más cercano rival, el expresidente Martín Torrijos. Por su parte, los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Panameño de Estudios Cívicos (IPEC), Doxa Panamá y Arca Media, lo coloca en el primer lugar. La medición indica que Mulino tendría el 35% de la intención de voto, el doble de sus contendientes más cercanos. Luego sigue Martín Torrijos con 15%, Rómulo Roux con 14% y Ricardo Lombana con el 12%. Completan las preferencias José Gabriel Carrizo con 5%, Zulay Rodríguez con 3%, Melitón Arrocha y Maribel Gordón, ambos con 1%. Mientras que hay un 14% de indecisos. En República Dominicana, las elecciones presidenciales están pautadas para el 19 de mayo, según el calendario de actividades administrativas y plazos legales que presentó la Junta Central Electoral. Más de 8 millones de personas se encuentran habilitadas para estas elecciones. Si fuese necesario está prevista una segunda vuelta para el 30 de junio. El 1 de octubre del 2023 se realizaron las primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Al menos nueve candidatos tienen pautado participar en estas elecciones cifra superior a las del 2020 cuando se presentaron seis candidatos y las del 2016 con ocho. Además del Presidente Luis Abinader, también se presentarán el ex Presidente Leonel Fernández, Abel Martínez Duran, Presidente de la Cámara de Diputados y el ex Canciller Miguel Vargas Maldonado. Algunos partidos emergentes optaron por crear sus propias estructuras grandes. Según las encuestas, el presidente Luis Abinader, aparece como favorito con más de 50% de intenciones de voto. Su rival más destacado es el exmandatario Leonel Fernández. Entre los partidos emergentes se incluye a Patria Para Todos que ha proclamado a Fulgencio Severino su candidato presidencial. El Partido Opción Democrática escogió a la joven Virginia Antares. El Partido Socialista Cristiano presenta la candidatura de Roque Espaillat, mientras que el Frente Amplio tendrá como candidata a María Teresa Cabrera. A su vez, el Partido Generación de Servidores, ha nominado a Carlos Peña para estas elecciones y Alianza País al diputado Pedro Martínez.
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