Los más recientes acontecimientos, no sólo actualizan el problema del libre acceso físico de los diputados a su sede natural de trabajo, sino el carácter mismo que adquirió y consolidó la corporación legislativa,

desde los tiempos más remotos de su hábil enmascaramiento.   Siguiendo a Díaz Arenas, reconocido constitucionalista  colombiano, puede asegurarse el predominio de una concepción secundaria de la Asamblea Nacional en la estructura de poder, reglamentarista y funcional antes que instituyente y soberana  (*),  necesaria  de revertir para el cese de la usurpación. 

Tradujimos el triunfo electoral de 2015 como un esfuerzo de transformación de las relaciones de poder que muchos concibieron como de un simple reacomodo, suponiéndolo pacífico y democrático por desconocimiento de la naturaleza íntima del régimen y,  faltando poco, por las meras habilidades políticas que únicamente reclamaban escenarios como el de República Dominicana, Noruega y Barbados, mientras paulatinamente se perdía el dominio, control y disposición de los espacios físicos del Palacio Federal Legislativo. Por supuesto, el ámbito perimetral prosigue bajo la administración de los grupos violentos del oficialismo  que reciben el respaldo,  la protección y también la coordinación de la unidad militar abusivamente  apostada en palacio, por lo que no hay garantía alguna para las inmunidades y la propia inviolabilidad del recinto aambleario como ciertamente las gozan los delincuentes de la Cota 905 de la ciudad capital, por ejemplo.

El enorme dispositivo militar implementado el día 5 de los corrientes para impedir el paso de la mayoría parlamentaria al hemiciclo, no tiene precedente alguno excepto las consabidas jornadas de 1848 o de 2014, cuando impidieron el reingreso de María Corina Machado tan injusta y arbitrariamente destituida de una curul que obtuvo, por entonces la más alta votación del país. Dos días después hubo que irrumpir a la fuerza  para retomar el hemiciclo y perfeccionar el acto con la aprobación del acta correspondiente y la juramentación de la encargaduría presidencial de Juan Guaidó, en un dramático trance que, valga la acotación,  no autoriza a banalizar la denominada ruta del coraje, ya que ésta se explica en una dimensión política a la que temen los pusilánimes.

Todo parlamento se explica por el libre, pacífico y ordenado acceso de propios y extraños a sus instalaciones, ampliada extraordinariamente la audiencia con el concurso de los medios de comunicación, pero pocas veces reparamos que las adyacencias mismas del Capitolio Federal Legislativo, por diseño, lo impiden. Las esquinas  de Las Monjas y San Francisco, puerta oeste de palacio, despidieron el XX con un boulevard amplísimo y despejado, permitiéndole a la ciudadanía tocar el enrejado guzmancista para protestar, como miles de veces ocurrió, después de 1958. Sin embargo, hoy, el paso peatonal está vedado a la ciudadanía, seccionado para un mejor despliegue de los denominados colectivos armados y, faltando poco, convertido en estacionamiento de los vehículos de los más elevados funcionarios de la alcaldía que vela por la calle.

Aspiran a una Asamblea Nacional como sucursal de Miraflores, suerte de gueto  amurallado de uso exclusivo que no permita testigos presenciales y ni siquiera taquígrafos o transcriptores en la cámara, resignada la población a la versión oficial de interés.  Los alrededores de la sede hablan de una concepción ornamental del parlamento prescindible, como coto sagrado de los subalternos que lo oficien lejos de la mirada y del oído de la ciudadanía.

(*) DÍAZ ARENAS, Pedro Agustín (1993) "La Constitución política colombiana [1991]. Proceso, estructura y contexto", Editorial Temis, Bogotá: 352.

Fotografías: Esquinas de Las Monjas a San Fancisco en 2019 (LB)  y a principios del siglo XX (Caracas en Retrospectiva).