Consabido, la dictadura ha ordenado la celebración de los comicios internos en las universidades públicas y autónomas para finales de febrero de 2020,

por supuesto, bajo las condiciones que se le antojen y favorezcan.  Además, recientemente,  el ministro usurpador del ramo, invocó igualmente la llamada mesa de diálogo nacional, dándole otra connotación a la orden, siendo fácil colegir que versa sobre un instrumento de negociación que, en última instancia, es de vil chantaje.

La ampliación de la comunidad universitaria, infructuosamente planteada en 1999 y en 2009, constituye la pieza estelar en el intento de  prefabricar un triunfo que ha sido negado al régimen, aun democráticamente enmascarado, en lo que va de siglo.  Pretenderá literalmente  reinar en las casas de estudios,  dando al traste con el derecho académico de quienes aspira a vencer deslealmente.

A través de numerosas declaraciones de prensa y artículos de opinión, hemos manifestado nuestra inconformidad con el tratamiento parlamentario de una materia frecuentemente subsumida en el cuadro general de la denominada crisis educativa compleja, perdiendo la especificidad e, incluso, importancia estratégica que merece en atención al cese de la usurpación.  Incluso, asumida desde la perspectiva de un movimiento o fuerza social, en un año aproximadamente, hemos intervenido en cuatro oportunidades en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional dejando constancia de nuestra visión y propuestas a las que ha contribuido, indispensable reconocerlo, el gremio profesoral de la Universidad Simón Bolívar con el que, no por casualidad, coincidimos y compartimos las duras jornadas de protesta en 2017.

Salvo nuevo aviso, los episodios que vive y vivirá la universidad venezolana son y serán francamente irreductibles, porque conciernen a su propia existencia. El propósito enteramente político de la dictadura es deliberado inequívoco y contundente; luego, no admite los eufemismos ni las versiones amables que fluyen entre opositores deseosos de evitar el conflicto, quienes ameritan más de una oportuna consulta con el psicoanalista que de la tribuna de opinión que suelen frecuentar.

Identificando las tendencias, por una parte, evasores del plazo perentorio, hay opositores que confían más en el oleaje de los hechos fortuitos, atentos al peligrómetro personal, que apuestan por una repentina cresta para ahorrar el costo de todo compromiso. Cumplido el plazo, ensayarán un reacomodo quizá confiando que la ejecución de la sentencia del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (ITSJ) puede postergarse, siendo objeto de negociaciones: mientras, si fuere necesario, optarán por empinar mejor un permiso laboral que los aleje del difícil escenario para un posterior y cauteloso regreso.

Entendida como la última oportunidad, por otra parte, están los interesados y hasta entusiastas opositores que, reclamando tal condición, pugna y pugnarán por participar en las elecciones del régimen, conscientes de la flagrante violación del artículo 109 constitucional y de la Ley de Universidades. Confían no sólo en el sufragio a todo evento, prédica de los negociadores de  Oslo y sus derivados, sino en un triunfo masivo y arrollador. Sin embargo, impuesta la suprema ley del embudo, algunas victorias dependerá del supuesto equilibrio que decida esta novedosa  dictadura, e inexorablemente transitarán el camino de los tristemente célebres gobernadores juramentados por la tal constituyente de la que antes renegaron para movilizar a sus electores.

Luego, creyéndola mayoritaria, está la corriente dispuesta a defender la autonomía universitaria que ya no puede postergar más el desafío, como también  habilidosamente lo logró por varios años, y deberá asumir el reto de realizar las elecciones en estricto cumplimiento de la normativa constitucional y legal, al igual que la reglamentaria de casa una de las casas de estudio. Quizá la experiencia puede convertirse en un detonante decisivo para provocar el cese de la usurpación, reivindicando el propio historial universitario del país, en algo semejante, salvando las distancias, a los resultados de los comicios municipales que abrieron cauce a la II República Española.

ANEXOS:

1.-       Reproducción: Ilustración de Alonso, en: Economía Hoy, 28/12/1992. 

2.-       La Asamblea Nacional, fruto de las elecciones del 06/12/15, hizo un tratamiento – si se quiere – rutinario del problema universitario. Empero, después de las masivas y espontáneas protestas de 2017, era evidente el propósito gubernamental de agravar la situación, facturando al sector. Desde entonces, valorados los aportes de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB) que, además,  invocó el artículo 350 constitucional,  promovimos sostenidamente un debate parlamentario específico que, apenas, recientemente se concretó.