De la (sin) Razón de Estado
Escrito por Luis Barragán | @luisbarraganj   
Lunes, 14 de Mayo de 2018 00:00

altEl diputado a la Asamblea Nacional e integrante de la Fracción 16 de Julio, Luis Barragán, presenta un papel de trabajo para el debate sobre Razón y Política de Estado enmarcado en la cátedra de Estudios Polítcos (UCV), del profesor Jonathan Benavides

INTRODUCCIÓN   I.- RAZÓN DE ESTADO  1.- Acción política y saber técnico  2.- Impecablemente, implacables  3.- La Razón de Estado petrolera   II.- LA SINRAZÓN DE ESTADO  1.- Más de excentricidad que de astucia  2.- Vicisitud del Estado Cuartel  3.- Mal que bien   III.- LA OTRA RAZÓN DE ESTADO  1.- Razón de Estado permanente  2.- De una secreta razón  3.- Otro gobierno, nos gobierna   NOTAS  REFERENCIAS ESENCIALES


INTRODUCCION

Existe confusión en torno a nociones o términos, como Razón de Estado (RE). Incluso, en el medio parlamentario, circunstancia que nos ha permitido dirimir lo que, en definitiva, es un conflicto entre los saberes técnicos y políticos [1].

Es de suponer que hay tareas, diligencias e informaciones delEstado que tardan, a veces, demasiado, en conocerse públicamente. O quizá nunca se sepa de ellas, por lo menos, en su versión original, pasando a ser deEstado. No obstante, en Venezuela, la práctica ya es tan recurrente que datos tan primordiales para la vida social y económica,  no saben de la publicidad oficial por muy obligadas que estén, constitucional y legalmente, las entidades correspondientes.

Entonces, la data en cuestión ingresa a la órbita estratégica de los actuales ocupantes del poder y, así,  cifras necesarísimas, están vedadas o censuradas, en materia de inflación, desnutrición, delincuencia, brotes epidémicos,  paridad real de la moneda, deserción estudiantil, etc., etc. La sola difusión y hasta insinuación de cifras consideradas repentinamente como sensibles, no sólo acarrea riesgos y sanciones para el funcionario, sino para el ciudadano común, añadido el especialista que apenas las deduzca.

Nos aproximaremos al fenómeno, ejemplificándolo con el ámbito petrolero y, más específicamente, con el petroquímico, aunque – cierto -  ya el problema no radica en las estadísticas de producción o comercialización del crudo, sino en la propia PDVSA de la que no se sabe si “ejecuta proyectos sociales o si es un organismo de competencia social que se dedica a la producción de petróleo” (MALAVÉ MATA, 2006: 177).   Valga acotar que, frecuentemente, solemos advertir que la situación misma en la que se encuentra la administración pública, impide la búsqueda, organización, articulación u ordenación de los más variados, sencillos o complejos datos de la realidad. Empero, más allá de la incapacidad que ha ganado en los  últimos lustros, con un desempeño cada vez más improvisado, lo determinante es el deliberado propósito de ocultamiento de las altas y medianas jerarquías burocráticas.

 

I.-        RAZÓN (ES) DE ESTADO

1.-       Acción política y saber técnico

Se dirá, la responsabilidad fundamental de todo Estado es la de (auto) preservarse ante cualquier evento, disponiendo de los medios discrecionales, convenientes y eficaces que sintetizan la noción de RE, susceptible de distintas valoraciones (GUEVARA, 1997: 35 ss.). El problema estriba en la consagración de un “superderecho”, por encima de todos los derechos y garantías que, incluso, pueda constitucionalmente reconocer, tornándose en una patología (Ibidem: 101).

Apartando las útiles e interesantes disquisiciones de GUEVARA respecto a la equivalencia de RE y razón política en Maquiavelo, según el contexto al que respondió el florentino,  el de hoy nos remite a una difícil y traumática relación entre la regla y la excepción. Ésta ha de ser la naturaleza o característica esencial para alegar, legitimar y aplicar la RE en determinadas coyunturas, garantizando la eficaz recuperación del normal desenvolvimiento de la vida cotidiana que peligró severamente, pues, en caso contrario, como práctica recurrente, nos lleva a la tiranía autorizada por la transgresión – ya constante -  no sólo del ordenamiento jurídico positivo, sino de valores que identifican, inspiran, conforman y confirman a una comunidad política, objeto también de protección, imponiendo y realizando – casi inadvertidamente - otro conjunto de valores, impuestos,  no consentidos.

En propiedad, la RE, diferente a su conversión en una patología destinada a la misma destrucción del Estado, procurando (auto) preservarse una dirección que, por definición, es circunstancial, se ofrece como el excepcional y urgido desconocimiento de ciertos principios y valores morales o de justicia reconocidos o dominantes que “nos identifican, nos definen y nos hacen ser como somos”,  inherentes a un orden político, asociado a una concepción estratégica del obrar político que así lo justifica, como acción y saber técnico (DEL ÁGUILA, 2000: 34, 93 ss.).

 

2.-       Impecablemente, implacables

A pesar del muy explícito reconocimiento constitucional de derechos y garantías ciudadanas, la invocación y aplicación de la RE, por momentánea que fuese, los quebranta. Sin embargo, independientemente de la duración de las medidas que la materialicen, suscita reacciones variadas de rechazo y resistencia o de aceptación y resignación. DEL ÁGUILA ha concebido lo que SAUQUILLO comprende como una división con “pretensión terapéutica de la opinión pública” [2], entre las actitudes políticas de los que tilda como implacables e impecables, habida cuenta de las escisiones entre un eje justicia/bien común y un eje comunidad/Estado que nos remite a la justificación de las transgresiones y la lógica de la necesidad, como al problema del poder pastoral.

GUEVARA y DEL ÁGUILA llaman la atención sobre el costo que acarrea vivir juntos y, en consecuencia, grosso modo, tenemos por implacables, a aquellos que parten de una rígida, dogmática y quizá infalible concepción de un mundo que les debe todo, ciegos ante los conflictos y tensiones, dándole prioridad absoluta a los imperativos de seguridad, bien común, nación o pueblo soberano, con inclinaciones hacia el fascismo o el comunismo; y, por impecables, a los autosuficientes que, ante todo, velan por su autonomía personal, bastándoles el juicio moral para eludir  los conflictos y tensiones, eximidos de culpas, creyentes en la gratuidad de la vida en común, frecuentemente victimizados y, al relegar toda escisión al juego del mercado, proclives a la antipolítica. Obviamente,  en el caso venezolano, tendríamos que apelar a sendos estudios de opinión para identificar ambas tendencias que, además, naturalmente, deben cruzarse.  No obstante, con o sin el Estado de Excepción que ha decretado e, constitucionalmente, renovado en varias oportunidades Maduro Moros, tiene por trasfondo una RE mucho más “digerida” o  “comprendida” por los implacables que, según el ritmo alcanzado por la crisis humanitaria, se deslizan hacia la órbita de los impecables, buscando una identidad política en medio de la desesperación.

No ha hecho falta decretar el Estado  de Excepción en Venezuela, para sufrirlo y no sólo por las informaciones que niegan a la ciudadanía, necesitándolas para prevenir los duros puntillazos de la inflación o de los brotes epidémicos, sino por la definitiva orientación que ha tomado el régimen que avala lo comentado por DEL ÁGUILA, pues, “la inseguridad produce espanto y ese espanto moviliza hacia una forma de reflexión que, a la postre, es bastante más espantosa que el espanto mismo” (DEL ÁGUILA, 2000: 168).  Y, ello, puede dar ocasión al más descarado fascismo, en proporción al castro-comunismo en marcha, por cierto, creído como un anacronismo,  o algo  propio de la degeneración de la propuesta dizque bolivariana, por lo que vale acotar: “Parece necesario aclarar que aquí no se está afirmando que el horror de Stalin o de Pol Pot se deba a lamentables ‘desviaciones’ del ideal comunista. Se debe, creo, a su implacabilidad y a la manera en la que los fundamentos mismos de su ideología, guiados por la búsqueda de armonía, unidad y orden, dan luz a la desmesura y el exceso” (Ibidem: 187).

 

3.-       La Razón de Estado  petrolera

Una constante esencial de la preocupación, percepción y criterio que la industria y la política petrolera ha suscitado en la tradición marxista venezolana, nos remite a un claro carácter nacionalista, por cierto, deshonrado en el presente siglo.  La constitucionalización de PDVSA, respondió a la antigua prédica, por lo que, evidentemente, se hizo del negocio petrolero una RE y, aunque no abundaremos en la materia que escapa al objetivo de las presentes notas, un objetivo de la seguridad nacional [3], independientemente de su particularísima naturaleza, condiciones e implicaciones.

Reconocido experto en la materia, a quien podemos adscribir a la tendencia de los implacables, MENDOZA POTELLÁ ha sostenido que la dinastía petrolera en general y su camarilla gerencial, en nombre de la meritocracia, pugnó por la completa privatización de la empresa estatal, deseando aportarla al libre mercado en un mundo unipolar y proteccionista: vemos – aseveraba -  “el bosque de la política petrolera venezolana y no perdernos en el follaje de los megaproyectos”,   (MENDOZA POTELLÁ, 2016: 50, 52, 56, 61).  Consabido, desnaturalizada y quebrada la empresa, cuestionada la misma RE, argüida o sobreentendida, sin que otra haya sido la contribución novedosa de la escuela de pensamiento al tema, por lo demás, está en pie la “paradoja de que la riqueza del Estado rentista – con proclamación de atributos soberanos en los principios de sus actuaciones – depende de la volatilidad del precio de la energía en los mercados internacionales” MALAVÉ MATA, 2006: 154 s.).

Alegar una RE, faltando poco, auto-destructiva, enfatizando que los vínculos del Estado con la explotación de los hidrocarburos, son parecidos a los que tuvo antes con el capital internacional; el período desnacionalizador de Caldera y Giusti, y la diversificación de las fuentes de inversión; el paro y el golpe de 2002 y 2003, con el reemplazo del poder petrolero, o sentenciar que “hay concepciones hoy de moda en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades productivas” (MENDOZA POTELLÁ, 2006: 186; 2016: 13), no resuelve la calamidad a la que hemos llegado.  Y es que, en contraste con décadas más remotas, por más que se esgrimiera una RE, sus intimidades no estaban veladas o completamente veladas para el estudio de los especialistas, el debate de la opinión pública o la investigación parlamentaria de rigor, sin que esto signifique dar una versión idílica del pasado.

 

II.-       LA SINRAZÓN DE ESTADO

1.-       Más de excentricidad que de astucia

El régimen prevaleciente hoy en Venezuela, devastado el país, cuida muy bien de las escisiones de clase, favoreciendo las que genéricamente puedan reportarle dividendos políticos. Por ello, la empedernida polarización electoral que se ha agotado como el mejor recurso estratégico, es sustituida por las amenazas externas infringidas por el imperio, como su mejor estratagema.

A pesar de la sostenida campaña de casi dos décadas, ““incentivando el militarismo como fórmula de creación de identidades nacionales y de superación de las escisiones internas” (DEL ÁGUILA, 2000: 133 s.), ha fracasado Maduro Moros con la vieja bandera. Del esfuerzo, sólo ha quedado la efectiva militarización de la sociedad, en la que toda escisión, discordia, problema, trauma o diferencia, debe solventarla la Fuerza Armada, desde la seguridad personal, pasando por el abastecimiento de los insumos básicos hasta la imposición de una constituyente fraudulenta, añadida la jurisdicción militar para atajar las oleadas de protesta.

El decreto y la renovación del  Estado de Excepción, a espaldas de la Constitución, pretextado el absurdo desacato de la Asamblea Nacional, demuestra una ausencia de racionalidad, sensatez o explicación convincente de los instrumentos empleados. Reducida y vapuleada la razón, sólo queda el Estado, la fuerza y, por supuesto, el ejercicio militar, en la que hay más de excentricidad que de astucia: “… Poder hedonista y ciego, que no se percata de la necesidad de ajustarse a las reglas mínimas que aseguren su mantenimiento”, siendo una “expresión desbordada, lujuriosa y fantástica de la acción política”  (GUEVARA: 31 s.).

 

2.-       Vicisitud del Estado Cuartel

Cada vez más restringida la RE, derivando en una sinrazón,  no encuentra otra expresión que la extorsión, además del empleo de la fuerza bruta frente a propios y extraños, ora para aplastar la protesta pacífica y ciudadana, ora para detener repentinamente al ministro de Petróleo y al presidente de PDVSA de sórdidas credenciales de las que se sabían [4]. Se ha dicho que la RE es fuente creadora de medios, según la capacidad y habilidad del tirano, mas no es el caso de Maduro Moros que, al tomar prestada una cita oportuna, es sólo poder “individual, personal, absoluto y no institucionalizado” (GUEVARA, 1997: 40). 

Con anterioridad, acordándole una salida elegante de la presidencia de PDVSA, Rafael Ramírez fue nombrado embajador ante la ONU, pero – tratándose de una de las figuras estelares del período chavista – fue inevitable la discrepancia y el choque,  y ha denunciado al herodiano dictador, por supuesto, como entreguista de la soberanía petrolera [5].  Traemos a colación el caso, porque una genuina RE nunca aconsejó el relevo de Ramírez en la misión de Nueva York, cuando estaba en trámite una decisión concerniente a nuestra reclamación del Esequibo, como tuvimos ocasión de denunciar [6].

Al no tratarse siquiera de la (auto) preservación del Estado, lo cual no supone necesariamente el quebrantamiento de normativa  vigente alguna, como lo recomendó  citado esequibano,  la RE va minimizándose y, militarizada, nos lleva a la sinrazón que es, en última instancia, ésta vez, la de (auto) preservar  las camarillas del poder, a cualquier precio. Vale decir,  queda una entelequia de Estado, vicisitud del Estado Cartel.

 

3.-       Mal que bien

La RE sugiere su descubrimiento o invención, y un necesario conocimiento, como el de los instrumentos de los que se pueda valer para el ejercicio de un realismo responsable, ante los momentos, circunstancias o coyunturas cruciales, evidentemente excepcionales.  Por la difícil tensión entre el empleo de la sabiduría y de la fuerza, exige una importante experiencia y madurez del decisor, añadido el dato histórico, que revele la consistencia alcanzada en su indelegable oficio político.

Bien acota SAN MIGUEL PÉREZ la importancia de la evaluación o apreciación de los críticos en la materia, pues, al dictar los “imperativos de la propia subsistencia”, no otra que la del Estado, el “príncipe tiene la obligación de poner toda su inteligencia y su diligencia, su astucia y su prudencia en acción, al servicio de ese propósito” [7].  Luce obvio que, al incumplirlo, la crítica apunte no sólo al inútil sacrificio y alteración del orden normativo, ético y jurídico, sino al desempeño mismo del decisor por su torpeza o inhabilidad, descubriendo  el mal más allá de su indiferencia moral; o, a la inversa, descubriendo el bien, por los resultados, justificando así  los medios empleados.

A SAUQUILLO le inquieta la asociación de la RE con el mal, cuando – igualmente – puede vincularse con el bien causado, como la seguridad y el bienestar de la comunidad política. Solamente, circunscritos a los instantes de mayores e ineludibles apremios, es posible una valoración, por siempre subjetiva,  que es muy distinta a la del uso y abuso de la RE, como un recurso recurrente e injustificado, permanente e ilegítimo.

 

III.-      LA OTRA RAZÓN DE ESTADO

1.-       Razón de Estado permanente

Refiriéndose a una concepción de la RE permanente, igualmente aplicada en tiempos ordinarios como extraordinarios, presumiéndolas distintas de acuerdo al predominio o no de los medios legales, morales y legítimos, GUEVARA acierta al observar, en el caso venezolano, la insuficiente institucionalización o “blandura” del Estado que no procesa siquiera las transgresiones y sus costos (GUAVARA, 1997: 44, nota 20). Factor importante, pues, en el presente, si de garantizar y extremar la seguridad de Estado tratásemos, el autor también recordó que “el Estado soviético, al maximizar su seguridad sólo obtuvo la mayor inseguridad posible: su destrucción”, añadiendo que, “mientras cantidades ingentes de recursos humanos y materiales eran invertidos en la construcción de un gigantesco aparato de seguridad,, la inseguridad  se fue implantando en lo más elemental: la capacidad de alimentar y proporcionar un nivel satisfactorio de bienestar a  la población” (Ibidem: 101 s.).

Sobran los ejemplos relacionados, en nuestro caso, con una creciente y también opaca adquisición de materiales de guerra, como el del perfeccionamiento de todos los servicios de (contra) inteligencia, persecución y represión que, por lo menos, supone grandes inversiones y una comprobada eficacia para el férreo control político de la población, en contraste con la crisis devenida catástrofe humanitaria y la sostenida, como alta, inseguridad personal. No hay dispositivo o mecanismo institucional alguno para – ni siquiera – indagar sobre las actuaciones oficiales u oficiosas, decretado y renovado arbitrariamente el Estado de Excepción, desconocida la Asamblea Nacional por el absurdo desacato invocado y (auto) censurados los medios de comunicación social.

En el caso de la empresa petrolera estatal y de sus dependencias petroquímicas, salvo sus nefastos resultados, poco o muy poco se conoce, acobijadas por  una RE que es el de las camarillas que las controlan, incluyendo sus actividades financieras.  No constituye casualidad alguna que, por ausencia de una mínima y confiable interpelación pública de sus funcionarios, o de la posibilidad que la prensa libre indague abiertamente en torno a la verdadera situación que confrontan, agregadas las investigaciones imparciales de los organismos contralores, la empresa pueda desaparecer en la práctica, aunque tiempo atrás fue la tercera más importante y competitiva del mundo.

 

2.-       De una secreta razón

Por más RE que se esgrima, celosos de la noción tozudamente tradicional que se tenga, modernamente expresa y sintetiza el aprendizaje que las diferentes instituciones aportan, compartiendo la responsabilidad y consecuencias de las decisiones adoptadas, frente a las “eventuales subjetividades disfuncionales extremas que  puedan darse en un  gobernante” (GUEVARA, 1997: 40). Así,  la “objetivación de la razón de Estado se relaciona recíprocamente con el progresivo proceso de racionalización e  institucionalización que ha sufrido el Estado” (Ibidem: 39),  por lo que, ya fallido y forajido, desmanteladas sus instituciones, queda en pie una sinrazón que es la del aferramiento y usufructo del poder de los que sólo tienen la fuerza para ello.

Las reglas políticas de la modernidad (publicidad, deliberación, transparencia, racionalidad, legalidad, etc.), no tienen cabida respecto a la – ya particular – RE del régimen venezolano que no acepta control alguno de la constitucionalidad o de la legalidad de sus actos, que permita una apreciación prudencial de sus medidas asociada a otros bienes y valores (necesidad, seguridad, secreto, excepción).  Prosiguiendo con DEL ÁGUILA,  por más que lo arguyan, es un caso harto diferente al  “mínimo sentido común [que]nos obliga a reconocer que existen momentos y circunstancias en los que la transparencia absoluta puede llegar a ser dañina para la comunidad democrática” (DEL ÁGUILA, 2000: 313 s.).

De las actuaciones petroleras del Estado venezolano, sobre todo por los acuerdos alcanzados con Cuba y China, reina la desinformación y, si bien es cierto que hay una trama confidencial de la RE, no menos es que la tendencia hacia la absolutización de los secretos de Estado, por mucha competencia comercial que lo aconsejen sus empresas, es incompatible con la modernidad;  además, un ejemplo frecuentemente citado, por lo menos, los llamados comités de inteligencia o de los servicios armados del congreso estadounidense, suelen ser informados por el gobierno de Washington, susceptibles de una valoración parlamentaria que no pierde un milímetro de la reserva necesaria y, acentuemos, compartida, incluso, para el control del gasto.  El secreto, inherente a la estrategia de Estado, permite preguntar sobre quién lo decide, por qué y hasta cuándo debe mantenerse como tal (GUEVARA, 1997: 103 ss.); y, evitando su concentración, es necesario establecer un “vínculo entre prudencia y pluralidad [que] es esencial para el control del secreto en democracia y posee tanto una profunda vinculación con ciertos valores democráticos claves, como sus propios problemas y tensiones” (DEL ÁGUILA, 2000: 330).

 

3.-       Otro gobierno, nos gobierna

La estrategia y actividades petroleras del Estado, añadidas las propiamente comerciales, entran con facilidad  al campo del secreto de Estado, más aún cuando se les confiere una elevada jerarquía en los términos de seguridad y defensa de la nación. Ciertamente, antes de 1999, la metáfora de la caja negra de PDVSA, resumió el blindaje de la misma e impenetrable política petrolera y de los intereses corporativos que se realizaba. No obstante, el empleo de los mecanismos parlamentarios, de la  libre prensa y grupos de interés o presión, permitieron acceder a buena parte de la data que, incluso, autorizó a hablar de una dinastía petrolera tras bastidores, para unos, o de una tecnocracia con marcadas ambiciones políticas, para otros

De una tendencia ideológica afín al actual régimen, MENDOZA POTELLÁ, estimando que la “caja negra de PDVSA sigue siendo oscura”, preservándose la “misma estructura del secreto”, estimó que, “por esa política comunicacional restrictiva, todavía el público venezolano no conoce a cabalidad las cuentas de los negocios de la llamada apertura petrolera durante la última década del siglo pasado, y no existe una información adecuada, detallada y actualizada sobre la materia”. Además de recordar el impacto ambiental de las inversiones, la liquidación de la orimulsión, la migración de los convenios operativos a empresas mixtas, propuso un Consejo de Estado para la supervisión del negocio energético y petrolero que “ha quedado en el limbo”, como el impulso de la contraloría social   (MENDOZA, 2006: 203; 2016: 36 s.).  

Por lo pronto, reivindicando su preocupación,  por bien intencionadas que fuesen, sus propuestas no contribuían a una política comunicacional más amplia, a una cabal rendición de cuentas, como tampoco a la obtención de una información adecuada de las autoridades ni de la gerencia petrolera, porque era y sigue siendo eficaz el control - típico de la democracia liberal -  de las instituciones mismas del Estado, de los medios y grupos de interés o presión, fueren éstos de un legítimo objetivo comercial, académico o ideológico.  Por más que sobreviniese un Consejo de Estado de amplias facultades de supervisión, o actuara la denominada contraloría social para un negocio de reconocidas complejidades técnicas, lo conducente era y es que órganos especializados e independientes del Poder Público, ejercieran plenamente sus competencias, como la Asamblea Nacional o la Contraloría General de la República, con las consecuencias políticas, jurídicas o hasta judiciales, que generan o deben generar sus actuaciones.

Hubo un caso muy concreto, con la tragedia acaecida en el Complejo de Refinación de Paraguaná, hacia finales de 2012, con un saldo lamentable de numerosos muertos y heridos, añadidos los del área circunvecina. Luego de la gran explosión, en tres oportunidades, los parlamentarios nos movilizamos a Amuay en búsqueda de la información necesaria e, infructuosamente, propusimos una investigación en la Asamblea Nacional, y se nos impidió el  acceso al lugar y cualesquiera noticias que permitieran establecer la verdad de los hechos, impotentes ante la persecución de la dirigencia sindical que, naturalmente, antes y después, la tragedia.

Jamás hubo ocasión para que el gobierno respondiese a los señalamientos concretos, recogidos en un informe parlamentario elaborado por especialistas que, entre otros, como el Ingº Enrique Larrañaga, valientemente, dieron cuenta de un profundo diagnóstico técnico de la situación que tendería a repetirse, como en efecto ocurrió, aunque con menos intensidad,  logrado un mayor control de los medios de comunicación.  Valga acotar, ni siquiera bajo una dictadura militar, como la  que regía en 1950, hubo tamaño cerco, cuando ocurrió un accidente – proporcionalmente – de semejante gravedad [8], por no mencionar que la dictadura del siglo XXI se limitó a levantar un monumento alusivo, versar sobre el complejo de Paraguaná como pretexto para propagandizar sobre el paro petrolero de 2002-2003 [9], abandonando a su suerte a las víctimas que aún padecen y desconociendo olímpicamente los fueros sindicales de la dirigencia que se atrevió a advertir y denunciar la situación.

Creando una perspectiva conspiratorial del problema, por llamarlo de alguna manera, esta dictadura no permitió, ni ha permitido, la más ligera aproximación al caso y, menos, su ventilación pública, organizados todos los servicios militares y policiales para impedirlo.  ¿Sobre cuál RE se inspiró e inspira tamaña medida?, ¿por qué reducir al secreto una tragedia tan demasiado evidente?, ¿acaso, también las de origen natural – como los sismos – puede imputarse a una oposición conspiradora?

En los regímenes democráticos, la RE es susceptible de una regulación [10], contrarrestando toda tendencia a la tiranía, en la que suele distinguirse el secreto de gobierno y el de Estado, por cierto,  realmente justificado (NJAIM, 1995). Empero, aceptemos, que “la característica primordial del secreto no es su vínculo con el poder estatal, sino su vínculo con el poder a secas”, por aquello de que “más de un gobierno, nos gobierna” (DEL ÁGUILA, 2000: 303).

Careciendo de toda autoridad moral, los prohombres del régimen socialista clamaban antes por la más amplia discusión sobre las actividades, vicisitudes e intimidades petroleras, e, incluso, ante la propuesta del otrora presidente de PDVSA, Luis Giusti, de vender el 15% de las acciones de la empresa, el diputado Alí Rodríguez Araque, en la sesión vespertina de la Cámara de Diputados del 29/05/1996,  planteó un “amplio debate nacional” que diera alcance a los medios universitarios, gremiales, sindicales, eclesiásticos, militares y hasta vecinales, para dirimir la materia [11].  Nunca, en la presente centuria, han permitido algo parecido, ni siquiera porque la estatal petrolera haya quebrado u ocurran tan trágicos accidentes, como  el de Amuay, sobrando el comentario en torno a un parlamentario de la minoría que habló en una libérrima sesión del denostado Congreso de la República.

  

NOTAS

[1]       BARRAGÁN J., Luis (2017) “De la construcción parlamentaria del sentido común”. Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica. Asamblea Nacional. Caracas, nr. 8; disponible, en:

http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/209-247.pdf

[2]       En lugar de la división esgrimida por SAUQUILLO, por la amplia reseña que hizo a DE ÁGUILA y el título que nos orienta, nos inclinamos por un intento de tipificación tendencial de las actitudes políticas predominantes en la España de entonces. Cfr.  SAUQUILLO, Julián (2001) “El retorno de la política”. Claves de Razón Práctica, Madrid, nr.  109 de enero-febrero.

[3]       Bastará con revisar la documentación oficial del presente siglo, para constatar la invariable convicción que suscita el negocio petrolero como un aspecto fundamental e inherente a la propia seguridad de la nación, añadidas las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, entre 1999 y 2000. A modo de ilustración, CHÁVEZ FRÍAS, al exponer el Proyecto de Constitución en su alocución del 25/11/1999, expresaba en torno a la constitucionalización de PDVSA: “!Ah!, porque es que aquí había la intención de privatizar a Petróleos de Venezuela. Si nosotros no hubiéramos ganado las elecciones, estoy seguro que ya hubieran vendido a Pdvsa. Esta es una empresa estratégica para el futuro del país, no se puede vender. Ahora está protegida en el ámbito constitucional. ¡Ah!, pero es que algunos querían venderla, están en ese juego y por eso seguramente se oponen a esto. Esa es su verdadera razón, la de algunos”. Vid.  CHÁVEZ FRÍAS, Hugo (2003) “Discursos fundamentales. Ideología y acción política” [Coordinación general de la edición: Rafael Vargas Medina]. Foro Bolivariano de Nuestra América, Caracas: I, 429.- Para una asunción del problema, desde la perspectiva de las relaciones civiles-militares, cfr. BUTTÓ, Luis Alberto (2015) “Civiles y militares. Manual indispensable”. Negro  Sobre Blanco. Caracas.

[4]       DI STASIO, Alessandro (2017) “Hoy presos, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez estaban ligados a Pdvsa desde 1980”, 30/11; disponible, en: http://efectococuyo.com/politica/hoy-presos-eulogio-del-pino-y-nelson-martinez-estaban-ligados-a-pdvsa-desde-1980. Cfr. RLP (2017) “Eulogio del Pino: Del terror independentista en Canarias a ministro de Maduro”, 02/12; disponible en: https://www.lapatilla.com/site/2017/12/02/eulogio-del-pino-del-terror-independentista-en-canarias-a-ministro-de-maduro

[5]       RAMÍREZ, Rafael (2017) “Herodes”, Panorama, Maracaibo, 31/12, disponible en: http://www.panorama.com.ve/opinion/Herodes-por-Rafael-Ramirez-20171230-0013.html; y (2018) “La entrega del petróleo”, Panorama, Maracaibo, 04/03; disponible, en: http://www.panorama.com.ve/opinion/La-entrega-del-petroleo-por-Rafael-Ramirez-20180303-0035.html

[6]       Vid. El Capitolio TV (2017) “Dip. Luis Barragan 14-12-17”; disponible, en: https://www.youtube.com/watch?v=ocmy75OtMU8&t=110s

[7]       SAN MIGUEL PÉREZ, Enrique (S/f) “Del ‘Estado de poder’ a la inocencia del príncipe: Reflexiones sobre la razón de Estado en la monarquía hispánica”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; disponible, en: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/5760/RAZ%D3N%20DE%20ESTADO.pdf?sequence=6.

[8]       Al respecto, puede verse:

AA. VV. (2012) “Los ya varios Amuay”, 26/08, en: 

http://lbarragan.blogspot.com/2012/08/los-ya-varios-amuay.html

--------------------- “Amuay inconcluso”, 04/09,  en: 

http://lbarragan.blogspot.com/2012/09/amuay-inconcluso.html

AA.VV. (2013) “Amuay”, 29/08, en:

http://lbarragan.blogspot.com/2013/08/a-m-u-y.html

-------------------- Parlamentarios exigen  respuesta a la Fiscalía. El Universal, Caracas, y Notitarde, Valencia, 05/09, en:

http://lbarragan.blogspot.com/2013/09/solicitud.html

BARRAGÁN, Luis  (2012) “Apenas, una mirada”, 27/08:

https://lbarragan.blogspot.com/2012/08/apenas-una-mirada.html

----------------------- (2012) “De uno a otro caso”, 03/09, en:

https://lbarragan.blogspot.com/2012/09/dos-veces-amuay-autoritarismo-y.html

----------------------- (2012) “Enlatamiento de humo”, 27/08, en:

https://lbarragan.blogspot.com/2012/08/enlatamiento-de-humo.html

----------------------- (2014) “Dizque el mal menor”, 24/08, en:

https://lbarragan.blogspot.com/2014/08/dizque-el-mal-menor.html

[9]       Vid. DE LA ROSA, Alicia (2012) “Levantarán monumento de heroísmo al pueblo y la Guardia Nacional en Amuay”, El Universal, Caracas,  29/08, en:

https://lbarragan.blogspot.com/2012/08/cultura-politica.html; cfr. PDVSA (2014) “El sabotaje petrolero en puño y letra. Testimonios de rescate del CRP”. Centro de Refinación de Paraguaná. Editorial Nuevo Día, ¿Caracas?

 [10]    Al respecto, luce pertinente la observación de CINESNEROS: “La  posibilidad  de instrumentar la razón de Estado con fines partidistas ha hecho emerger en los modernos estados democráticos la exigencia de someter a una precisa reglamentación, tanto con normas constitucionales como ordinarias, las posibles situaciones en las que el Estado se encuentra ante graves peligros para su seguridad interna y el orden público. Las soluciones que se han dado al problema de la razón de Estado, como las legislaciones sobre el estado de sitio o cualquier otra legislación de emergencia, deben  ser  también analizadas.  Los  sistemas democráticos buscan proporcionar al Estado instrumentos que le permitan, en situaciones de grave peligro para su seguridad interna, enfrentarlos y 

superarlos sin salirse de la legalidad, a través de leyes obligadamente de excepción,  válidas solo  para  determinada situación.  Por  consiguiente, debería anularse cualquier justificación para el uso de la razón de Estado, que abra inevitablemente la posibilidad de instrumentación”. Vid. CISNEROS, Isidro H. (2014) “Norberto Bobbio: De la razón de Estado  al gobierno democrático”. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, México: 210; disponible, en:

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/unidad-editorial/publicaciones/norberto_bobbio_de_la_razon_de_estado_al_gobierno_democratico.pdf

[11]     REPÚBLICA DE VENEZUELA (1996) “A dónde vamos 1: Debate relativo a la propuesta del Presidente de Petróleos de Venezuela, doctor Luis E. Giusti, sobre la venta del 15% de las acciones de esa empresa”. Ediciones de la Cámara de Diputados. Caracas: 139.

  

REFERENCIAS ESENCIALES

DEL ÁGUILA, Rafael (2000) “La senda del mal: Política y razón de Estado”, Taurus, Madrid.

 GUEVARA, Pedro (1997) “Estado vs. Democracia”, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

MALAVÉ MATA, Héctor (2006) “La trama estéril del petróleo. Petróleo y economía en el septenio perdido de Hugo Chávez”, Rayuela Taller de Ediciones, Caracas.

MENDOZA POTELLÁ, Carlos (2006) “Vigencia del nacionalismo petrolero”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, nr. 1/2006 de enero-abril.

----------------------- (2016) “Vigencia del nacionalismo petrolero. Dos ensayos”, Fundación El Perro y la Rana, Caracas.

NJAÍM, Humberto (1995) “La lógica del secreto político”. El Diario de Caracas, 13/06, en:

https://lbarragan.blogspot.com/2018/05/brevisimo-retrato-de-una-decada.html

                                                                                                                          

(*)   Papel de trabajo para el debate sobre Razón y Política de Estado, promovido por el Prof. Jonathan Benavides entre sus alumnos de los dos últimos semestres  de la Escuela de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 10 de mayo de 2018.

          


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