Nicolás Maduro se vio obligado a ordenarles a sus súbditas del Consejo Nacional Electoral convocar

las elecciones de gobernadores, que debieron haberse realizado en diciembre de 2016,   forzado por la presión interna el internacional. Las protestas ocurridas entre abril y julio pasados, la relevancia del drama venezolano en el plano internacional –desde los medios de comunicación más importantes del mundo, hasta los gobiernos y parlamentos de las democracias más avanzadas del planeta-  obligaron al mandatario a retomar, aunque sólo fuese  parcialmente, el cronograma electoral establecido en la Constitución nacional.

Se equivocan quienes afirman que los ideales de la lucha librada en ese largo período y la memoria de quienes murieron asesinados, especialmente los jóvenes, fueron traicionados por la Mesa de la Unidad Democrática al decidir concurrir a la cita electoral. Si ese ciclo de enfrentamientos no hubiese ocurrido y la comunidad internacional no hubiese fijado su atención en la forma como el gobierno de Maduro aplastaba la crítica, violando los derechos humanos y el legítimo derecho a la protesta pacífica, los comicios de gobernadores se habrían postergado de forma indefinida. A las elecciones de mandatarios regionales no iba a llegarse por inercia. Los alcaldes anteriores a los actuales pasaron tres años adicionales en sus cargos porque el CNE no convocaba las elecciones para renovarlos. Maduro llega a la contienda del 15 de octubre acorralado por las circunstancias: está comprometido a demostrar ante el mundo que su régimen aún posee un rastro de legitimidad de origen. Ese soporte no se lo dio la constituyente, convertida en adefesio.

Ante Maduro aparece un inmenso reto: obtener al menos los ocho millones de votos que dice haber alcanzado el 30 de julio, cuando  se realizó la constituyente. Está obligado a desmentir en los hechos la denuncia de fraude que le enrostró Smartmatic. Será la ocasión para demostrar que quien decía la verdad es él y las señoras del CNE, y no los directivos de la empresa nacida hace más de una década en Venezuela, y proyectada al mundo de la mano de Jorge Rodríguez. Para el máximo jefe del Psuv resulta crucial ganar la mayor cantidad de gobernaciones y aliviar el peso de la pérdida de los cuestionamientos.

Por ese motivo, parte de la estrategia oficialista ha estado dirigida a dividir la oposición y avivar la abstención: alimenta rumores en los que se inflan los desacuerdos entre los adversarios, levanta calumnias contra candidatos a gobernaciones, amenaza a algunos aspirantes, exige que los candidatos se sometan a la constituyente, crea falsas expectativas acerca de un diálogo que no termina de prosperar, en gran medida porque no forma parte de una estrategia global concebida para resolver los conflictos, sino para fomentar el desánimo.

A Nicolás Maduro le interesa que la obtención opositora sea muy elevada. Quiere evidenciar que la MUD carece de la mayoría que se arroga. Pretende reducir la carga de denuncia y protesta que posee el voto opositor. Parte de su campaña publicitaria se concentra en asociar el triunfo de los candidatos del Psuv con la paz, mientras los aspirantes rivales encarnan la violencia. La abstención constituye una forma muy eficiente de evitar que los representantes opositores obtengan la victoria y, en consecuencia, representa una manera de darle la razón al mandatario, quien se ha metido en la liza como si fuese él mismo candidato  a alguna gobernación.

Maduro tiene razón en involucrarse activamente en la contienda. Si sale derrotado, como se espera, sus posibilidades de aspirar a la reelección a la presidencia de la República quedarán pulverizadas. Su encarnizado adversario, Diosdado Cabello, le cobrará la factura completa. Maduro sabe que las elecciones del 15 de octubre son, en realidad, un referendo sobre su gestión. Representan la antesala de los comicios presidenciales que tendrán que realizarse el año entrante. La abstención de los demócratas son vitales para mantener encendidas las esperanzas reeleccionistas del paisano de Andrés Pastrana.

A Maduro le sobran razones para propiciar la abstención entre los demócratas. Él y su régimen saldrán fortalecidos. Su triunfo indicará que la situación del país no es catastrófica, como sus enemigos internos y externos proclaman. Relegitimará los resultados del 30 de julio y la constituyente recibirá un impulso que jamás ha recibido.

Lo que favorece a Maduro, perjudica a Venezuela. Así es que, ¡a votar!