Puede aseverarse que la actual situación de los presos políticos en Venezuela, no tiene precedentes en algo más de medio siglo.

Por mucho que el régimen reclame cierta autoridad moral en la materia, teniéndose por herederos – ab intestato – de la escuela política e ideológica de la década de los sesenta del XX, la presente centuria se ha convertido en el exacto domicilio de una flagrante y morbosa violación de los derechos humanos tras las rejas.

Ciertamente, en el pasado hubo excesos inaceptables, como también una libérrima prensa capaz de ventilarlos e instituciones básicas constantemente desafiadas por el llamado delito de consciencia. La más elemental comparación, nos permite confirmar que, ahora, incluso, luce riesgoso plantear el problema, dada la impresionante censura y la sistemática retaliación que ensaya el poder establecido ante la más humilde y distraída disidencia.

En el referido decenio, por delitos ordinarios y propiamente políticos, sabemos de los numerosos casos que conoció la opinión pública respecto a las personas de encontradas posturas, además, sometidas y aprehendidas por directo interés del gobierno. E, incluso, memorias como las de Domingo Alberto Rangel, Américo Martín, Victor Hugo D’Paola o Héctor Rodríguez Bauza, permiten constatar una realidad distinta para el viejo prisionero político que difícilmente concibe el actual: a guisa de ilustración, observamos la presencia en el tribunal marcial de Alberto López de Sola, Jesús María Casal, Raúl Lugo y, enyesado, Moisés Moleiro (Momento, Caracas, nr. 573 del 09/06/1967); o, elegantemente trajeado, el traslado de Marcos Pérez Jiménez a la sede de la Corte Suprema de Justicia (El Nacional, Caracas, 06/12/67), remitiéndonos a sendas escenas noticiosas de una distensión personal imposible en el XXI.

Se supo de un efectivo enjuiciamiento de las personas señaladas, desarrollado un proceso que no tardaba en arribar a una sentencia; en condiciones de reclusión que les permitía realizar las actividades personales de preferencia, añadida la lectura y la escritura, como la de recibir una oportuna atención médica, como regla y no excepción. Valga acotar que no pretendemos una versión paradisíaca, aunque nadie podrá refutar la realidad infernal de los nuevos presos políticos que no conocen de un normal proceso judicial, están fuertemente incomunicados y harto sojuzgados por sus carceleros y, como el diputado Rosmit Mantilla, cuya salud es radicalmente precaria, sometido al macabro juego del gobierno.

Finalmente, aceptemos que los viejos presos políticos alcanzaban su libertad por una sentencia absolutoria o el cumplimiento de una condenatoria, el indulto o el sobreseimiento de la causa, trámites indispensables por mucha que fuese la conveniencia o urgencia política planteada. Empero,a los nuevos presos políticos los capturan y los sueltan al ritmo del interés oficial, porque – sencillamente – fungen de rehenes susceptibles de negociación: el otro escudo humano del régimen.