Muchas veces, la política se torna traicionera. La traición es a la política, como la hipocresía a la falsedad. La vida del ser humano, en múltiples circunstancias,

se ve atrapada por pasiones que suelen emerger de situaciones dominadas por contradicciones. O cuando menos, por problemas que devienen en condiciones de violentada caracterización. Justamente, la traición es una de ellas.  Quizás, fue la razón que tuvo Eduardo Zamarois, insigne novelista español, para alegar que “si suprimes la traición de la vida, ¿qué dejarás en ella”?. No obstante, por muy implícita que sea ante el conflicto entre el bien y el mal, la traición nunca triunfa puesto que si ese fuera el caso, no se le reconocería como traición.  Posiblemente, el hecho sería calificado de lealtad y constancia. Pero esta situación no podría del todo alcanzarse pues la traición, al fin de todo, resulta de una violación a la fidelidad. O también, de un acto de franco y perverso deshonor.

Sin embargo, en política el fisgón también suele jugar un papel preponderante. Particularmente, por tratarse que su función desdice de la compostura que debe guardarse en medio de realidades impregnadas de antagonismo a consecuencia de las diferencias que se dan en medio de crudas controversias. Este fisgón o especie de espía de devaluada estirpe, cae en la categoría de vulgar soplón que al lado del traidor, se suma al conglomerado de individuos serviles cuyos servicios son requeridos por regímenes autoritarios con el propósito de valerse de su mediocridad para diluir sagazmente el miedo que padece el régimen ante la real posibilidad de verse defenestrado.

Pero esto no queda ahí. A esta camarilla de indignos, hay que agregar los furibundos y los lambucios. Los primeros, quienes por ser fanáticos activistas, al mejor estilo de los religiosos fundamentalistas, exhiben un obstinado comportamiento que raya en la intransigencia y el sectarismo. Por ello, actúan como personas obstinadas y recalcitrantes, incapaces de atender otro llamado que no sea el que ideológicamente consideran único. Los segundos, son aquellos que buscan acaparar todo lo posible a costa del perjuicio ajeno. Es egoísta e impertinente, por naturaleza. Su carencia de valores políticos, hace del lambucio una persona “que actúa servilmente o halaga a alguien con el fin de conseguir algún beneficio” (Nuñez, R y Pérez, F.J. Diccionario del habla actual de Venezuela. UCAB, 1994, Caracas)

Entre estos cuatro tipos de individuos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, recluta los más aptos para que actúen como colaboradores anónimos o acusadores sin nombre ante el “peligro” que para la revolución representa el pluralismo político. Es decir, la “amenaza” que se cierne sobre la consistencia dictatorial, y así reconocer que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (…)” tal como lo establece la propia Constitución Nacional. Esto deja ver que el SEBIN concibe cualquier actitud de protesta, pese a su legitimidad y derecho político y constitucional, como vulgares acciones subversivas y terroristas, dirigidas a “causar incertidumbre, romper el hilo constitucional y proyectar al exterior una imagen de ingobernabilidad” (Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia Ejecutiva, 2014. En: El Nacional, 5 Abril 2015, p. 2)

Con esta consideración, el SEBIN se plantea animar la delación o acusación entre venezolanos al exaltar la figura de un “pueblo cooperante” con sus redes de inteligencia a fin de “dirigir información a nuestros gobernantes para la toma de decisiones en pro del soberano” (Idem). Si bien, estos delatores pudieran tener cabida en el medio penal, dado los intríngulis de fechorías y vilezas de índole criminal, en el ámbito político lucen cuales depredadores o carroñeros. Su servicio sólo tiene sentido en tiranías o regímenes que se valen del descarnado fascismo, para urdir graves mentiras de las que se vale el gobernante para imponer la mordaza y el temor que el terror de decisiones infundadas pueden causar en el espíritu democrático y libre de la sociedad. Así que si esta figura de “patriota cooperante” no existe en el ordenamiento jurídico venezolano. Ni tampoco cabe al lado de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, ¿por qué el empeño del régimen de estimular tan indigna labor? Ateniéndose al carácter ilegal e inmoral de ello, no será difícil determinar ¿cuánto vale un “patriota cooperante”?