El normal desarrollo del trabajo parlamentario, enfatiza el desempeño de las comisiones permanentes y especiales que, por la inmediatez y complejidad

de los problemas planteados,  así lo aconsejen. Obviamente, éstas requieren de la independencia y de la eficiencia ya empobrecidas por el insólito predominio de la presidencia o de la junta directiva de la Asamblea Nacional, reglamentariamente consagrada, como no ocurría antes, sin dudas originado – con escasa resistencia de sus miembros -  en la práctica devenida doctrina de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

Los diputados oficialistas se entienden como una sucursal del PSUV y, en consecuencia, del Ejecutivo Nacional (no a la inversa). Por ello, las tareas de las comisiones las comprenden en el marco de una cooperación subalterna que impide la libre iniciativa legislativa y la tramitación de toda denuncia que, además, genere alguna deliberación que sea tal, afectando el control efectivo de la Administración Pública.

A modo de ilustración, recientemente fueron considerados dos llamativos puntos del Orden del Día en la Comisión de Administración y Servicios, remitida la solicitud de comparecencia e interpelación del ministro de Energía Eléctrica a otra comisión. Por una parte, la actualización de la legislación del correo postal; y, por otra, el reclamo hecho por numerosas víctimas del fraude electrónico bancario.

El expositor, consultor jurídico de IPOSTEL, invitado por la presidencia de la comisión, apenas esbozó la necesidad de la referida legislación, suscitando algunas observaciones al respecto. Por lo pronto,  sintetizamos nuestras posturas preguntando por la peculiar iniciativa del Ejecutivo Nacional, por muy buena voluntad que tuviere el ponente, obligada la bancada oficialista a asumirla en la sesión,  como promotora del papel de trabajo, cuyo contenido – por cierto – todavía desconocemos, incumpliendo las formalidades constitucionales que resultan indispensables.

Un decidido grupo de zulianos, denunció el lamentable “extravío” de sus ahorros en sendas cuentas,  entre 2012 y 2014, sin que aún haya respuesta de los organismos competentes, excepto la no procedencia del reclamo dictaminado por las entidades bancarias. Obviamente, la agrupación oficialista se comprometió a diligenciar el asunto, sugiriendo una invitación del Superintendente de Bancos, aunque – lo observamos –  se trata de un caso de denegación o retardo de la justicia, imponiéndose la comparecencia e interpelación del aludido Superintendente, del presidente del Consejo Bancario Nacional, y del director de la policía judicial para que den explicaciones suficientes sobre tan harto frecuentes casos; además – lo sugerimos – de oficiarles antes, a nombre de cada uno de los denunciantes, a objeto de recabar una respuesta documentada que le es negada en los términos que la exigen.  Vale decir, más allá de las confusas diligencias personales, llevar el asunto al tablero institucional para reforzar una instancia que tiene competencias, potestades o atribuciones irrenunciables.

@LuisBarraganJ