La consabida habilitación presidencial, reclamada y festejada por un gobierno de interminable demagogia, equivale a la inhabilitación de los venezolanos que están representados en la Asamblea Nacional.

Incluyendo a la bancada oficialista, negado sistemáticamente en otros ámbitos, ni siquiera habrá ocasión para el debate de las leyes que, nuevamente, reclaman con una urgencia no comprobada.

El Ejecutivo actuará unilateralmente sobre distintas materias, aún ajenas a la propia solicitud, desconociendo la opinión de la restante población, así fuere en procura de la perfección de un instrumento legal. Probablemente serán numerosas las reformas, pero – democracia participativa formal, al fin y al cabo – a lo sumo tratará de subsanar la ausencia de toda intervención ciudadana en el proceso de elaboración, como lo ordena la Constitución, teatralizando el apoyo a través de sendos actos con el poder popular que les sirve de mampara, por supuesto, después que anuncien y haya los decretos, importando poco que la Gaceta Oficial respectiva salga con retraso.

Por lo general, clamando por una emergencia inmediata, las habilitantes de década y media se concretan tardíamente. Nada extrañará que esta segunda delegación a favor de Nicolás Maduro, se traduzca en reformas legales aprobadas al bordear la fecha de su vencimiento, acaso por el margen de manipulación que le concede el plazo, acaso por la improvisada apuesta de la consultoría jurídica que apenas comienza a concebirlas.

El filo irresponsable del discurso del poder en Venezuela, con el tono estridente que exhibió en la Asamblea Nacional, hizo creer a los incautos de una inminente, masiva e indiscriminada agresión que, por lo menos, aconsejaba un par de decretos-leyes en los días subsiguientes. Empero, conformes, hubo otras oleadas de bullicio que se condensó y condensa en la obligada movilización de los empleados públicos, la obligada y antes impensable suscripción de los escolares, la obligada consigna de quienes buscan facilidades en las colas para alimentos y medicamentos.

Más allá de un acto de estilo en la sede de la cancillería, poco o nada sabemos de las consideraciones específicas del Consejo del Consejo de Seguridad de la Nación, a pesar de nuestra condición parlamentaria o, si lo desean, por el principio constitucional de corresponsabilidad del Estado y la sociedad en la materia. Luce evidente que, patente de corso en manos de Maduro, quien pinta y pintará según le convenga la crisis zanjada con el imperialismo, la inhabilitación política del resto del país hará yunta con su interdicción civil, pues, como lo consagró la doctrina de seguridad del Cono Sur, se trata del enemigo es interno.

@LuisBarraganJ

Ilustración: Julio Pacheco Rivas, "La Ronda de los Prisioneros"  (1996). La Ronda de los Prisioneros 1996.jpg