La Constitución es la guía de nuestros pasos sociales, la hoja de ruta para el ejercicio de la ciudadanía en la medida en que sea para todos los venezolanos . La división, la discriminación, la exclusión, por enemigas de la vida en común contrarias a la constitucionalidad. Porque una carta fundamental es un acuerdo entre todos y, fundamentalmente, para todos.
En estos días hemos visto cómo los dispositivos constitucionales se retuercen para beneficio del grupo en el poder. Mala cosa. Práctica, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, "inmoral". Sin embargo, no son pocos los ciudadanos que perciben esas manipulaciones como remotas a su vida. En dos ejemplos podremos apreciar la cercanía y la importancia de una constitucionalidad de verdad. Esa que nos hace falta para limpiarnos de tanta mentira oficial.

El comisario Iván Simonovis y la jueza María Lourdes Afiuni claman por medidas humanitarias que les son sistemáticamente negadas, posibilidades que da la Constitución para que el poder actúe a través de decisiones que corrijan injusticias que se han cometido. Las normas del debido proceso, pautadas en el artículo 49 constitucional, son también para ellos, pero no ha sido así. Se anunció solemnemente un diálogo que comprendía sus casos y los de otros venezolanos afectados por prisión o exilio. Hasta ahora, sólo amarga frustración.

La igualdad es un valor que funda a Venezuela y a su Estado; la Constitución así lo expresa en sus artículos 1 y 2, y un derecho fundamental, el artículo 21 constitucional, así lo reconoce. "La comunicación es libre y plural", lo dice el Art. 58 de la misma Carta, y el fin de los servicios públicos comunicacionales es "permitir el acceso universal a la información".

Así que la decisión política de excluir a Globovisión de la Televisión Digital Abierta, es una discriminación hacia la planta, sus propietarios y trabajadores y sus usuarios y usuarias. Como discriminación es injusta, inmoral y, desde luego, inconstitucional.

En democracia, la línea editorial de un canal no puede ser motivo de segregación. El abuso adquiere mayor inmoralidad si se ve que con los recursos de todos, los presupuestarios, los impuestos, se pagan programaciones agresivamente sectarias a favor del partido oficial desde las cuales se insulta y se señala a ciudadanos en irrespeto abierto a la Constitución. La culpa es de los funcionarios que juraron cumplirla y hacerla cumplir.
Son verdades que los mentirosos prefieren ignorar. Hace falta una constitucionalidad sincera. Es el fundamento de la paz y del progreso.



www.ultimasnoticias.com