Luego de  recomendar la debida cautela en  las redes sociales respecto al consabido caso de Juan Carlos Caldera, recibimos tres correos contrapuestos que piden prácticamente una quema pública de brujas. Vale decir, olvidando el contexto de una terribilísima guerra sucia, nuevamente pretendemos simplificar los procesos políticos, y – como el irrevocable portazo de nuestras costumbres – zanjar el drama en un único, breve y espectacular acto.

Varias circunstancias retratan el deliberado propósito electoral de un gesto de saneamiento moral que, por tardío, tampoco es tal. El oficialismo no esperó nunca la exitosa, tajante y contundente respuesta de Capriles, por lo que – ensañándose – ensaya otros ardides que digan ayudarle a evitar la derrota anunciada en los venideros comicios presidenciales.

Idearon un solemne acto de denuncia de las grabaciones que les procurara la mayor audiencia posible, simulando la sobriedad que siempre les ha fallado. No obstante, los parlamentarios oficialistas que derrocharon tanto coraje al hacerlo, jamás lo han demostrado siquiera para iniciar las investigaciones sobre la ya ampliamente conocida y masiva putrefacción de los alimentos, protegiendo a los mismos importadores del Estado, por citar – apenas – un ejemplo.

La campaña de descrédito no atina lo suficiente, pues, quisieron culpar al candidato presidencial de la oposición democrática, pero – al fallar – intentan hacerlo victimario del propio diputado denunciado. En otras palabras, empleando a fondo el llamado sistema de medios públicos, faltando toda evidencia contra Capriles, pretenden responsabilizarlo de la suerte personal de Caldera gracias al  discurso de sus insostenibles maniqueísmos y tercas neurosis.

Planteada la posibilidad de un allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Caldera, probarán una trampa que deberá sortear con demasiada habilidad y necesarísima compactación, la bancada opositora. Artificial dilema, si ésta vota a favor o en contra (y – hasta paradójicamente -  ambas), no serán muchos los escrúpulos propagandísticos del régimen para decir que protege la corrupción o, insolidarísima, dejó a su suerte al allanado: el gobierno nunca pierde, dirán.

Por los meses que restan, el problema de fondo será el de la institución de la inmunidad parlamentaria en Venezuela, la que peligrará en el marco de las vicisitudes, amenazas y conflictos de la transición. Hay antecedentes de la concepción que de ella tiene el oficialismo, prefiriéndola inexistente.

Más de las veces, el tiempo no alcanza para procesar importantes títulos, más o menos recientes, sobre las inmunidades parlamentarias como el de Rafael Simón Jiménez (2011) y Héctor Granados (2012). Deseándolos compaginados con las contribuciones periodísticas de sus últimos años de vida, en la materia, Luis Beltrán Prieto Figueroa, es quien interpela fuertemente las intenciones y pretensiones de un gobierno que – por ironía – lo festeja casi siempre.

Reproducción: Artículo de ejemplificación. El Nacional, Caracas, 03/03/87.