Pocas denuncias más graves e incuestionables que las entregadas por el Juez Aponte Aponte a la opinión pública. Ponen de manifiesto el cruel ánimo de venganza...

EL TALMUD

No conozco otro caso de tal abyecto sometimiento de la justicia al tirano de turno, como el que acaba de ser testimoniado mediante carta notariada desde San José de Costa Rica, por el ex juez Aponte Aponte, que el del caso de la Alemania nazi. Cuando en acto refrendado por el parlamento alemán, Adolfo Hitler decidiera tomar los plenos poderes de Gran Juez y juzgar sobre la vida y la muerte de los súbditos alemanes para mandar al cadalso a quienes consideró traidores a su causa de entre las filas de sus fuerzas de choques, las temibles SA dirigidas por Ernst Röhm. Fue la llamada Operación Colibrí o Noche de los Cuchillos Largos del 30 de junio al 2 de julio de 1934, que se saldara con más de 200 asesinatos y la detención de mil colaboradores del Führer. Incluida la cúpula de la Sturm Abteilung.

A dos semanas de esos luctuosos sucesos, que terminaron por darle puerta franca al dominio absoluto del caudillo en la Alemania nazi, el 13 de julio de 1934 Hitler pronunció un famoso discurso en el Reichstag alemán atribuyéndose todos los derechos jurídicos para considerarse y actuar como el Gran Juez de toda Alemania. En el fervor aprobatorio que suscitaran tales palabras, Carl Schmitt, el más brillante jurista y pensador alemán escribió un artículo que tituló : El Führer defiende el derecho. A partir de las palabras legitimadoras de su horrendo acto de asumir el poder absoluto sobre la vida y la muerte de los alemanes pronunciados por el tirano en el parlamento alemán: "En ese momento yo era responsable del destino de la nación alemana y por ende el juez supremo del pueblo alemán", Carl Schmitt desarrolla la nueva jurisprudencia fascista: En realidad, el acto del Führer correspondió a una jurisdicción auténtica. No está sometido a la justicia sino que constituyó en sí, la más alta justicia. (...) La judicatura del Führer deriva de la misma fuente jurídica de la que surge el derecho de cualquier pueblo. En este caso de extrema necesidad, el derecho supremo debe probarse y se alcanza el más alto grado de realización judicial vengadora de este derecho.”

Ante la enormidad del acto de desprecio de todo recto sentido de la justicia cometido por quien procedió con igual sentido tiránico que Hitler, al ordenar a los jueces de la más alta magistratura que condenaran a la máxima pena a quienes eran absolutamente inocentes y hacerlo de manera que acentuara el sufrimiento y la pena de quienes se veían aherrojados a la voluntad despótica del presidente de la república, bien vale la pena transcribir las palabras de Carl Schmitt: “En un Estado dirigido por un solo líder, por el contrario, en el que el cuerpo legislativo, el gobierno y la justicia no se vigilan con recelo, como sucede en el Estado de Derecho liberal, lo que normalmente se considera justo para un "acto de gobierno" tiene que serlo en una medida muchísimo mayor (...): El Führer mismo determina el contenido y los alcances de su proceder. (...) De acuerdo a lo que se ha señalado acerca del carácter especial del acto del gobierno y el Führer, se sobreentiende que en caso de duda la delimitación de las acciones autorizadas y no autorizadas, no puede ser asunto de los tribunales.”

Dada la jerarquía del juez Aponte Aponte, no puede caber la menor duda de que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y todo el cuerpo de magistrados que constituye dicho alto Tribunal, así como todos los jueces involucrados en tales actos de humillación, sevicia y atropello al Estado de Derecho, procedieron y siguen procediendo en absoluto conocimiento y consciencia del vil sometimiento al que están entregados ante el poder omnímodo y totalitario del teniente coronel Hugo Chávez. ¿Puede alguien dotado de una elemental inteligencia y con el conocimiento de los hechos entregados a la opinión pública por el magistrado Aponte Aponte poner en duda que en la Venezuela chavista, bajo el régimen de control total del Estado por el ejecutivo, no existe justicia? ¿Y que los ciudadanos estamos entregados de pies y manos a la arbitraria voluntad todopoderosa de quien ejerce el poder total? ¿Puede alguien afirmar sin faltar gravemente a la verdad que en Venezuela no se vive un régimen autocrático y dictatorial? ¿Puede alguien afirmar sin faltar a la verdad que ésta no es una dictadura?

Pocas denuncias más graves e incuestionables que las entregadas por el Juez Aponte Aponte a la opinión pública. Ponen de manifiesto el cruel ánimo de venganza y retaliación de quien se erige en el Gran Inquisidor y disfruta del sufrimiento inmenso que le causa a las víctimas directas e indirectas de sus atropellos dictatoriales. Que sufren de cárcel en condiciones infrahumanas, aún bajo el pleno conocimiento de su inocencia. ¿Permitiremos que el Gran Inquisidor y sus máximos colaboradores escapen a la obligación ética y moral de rendir cuentas de sus monstruosidades?