El último esfuerzo de este régimen moribundo fue la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo. Así la llaman, aunque no es ni una cosa ni la otra. Es el resultado de un exabrupto autoritario basado en una habilitación que no se le dio al presidente sino para que resolviera las consecuencias de un desastre natural, que por cierto no han atinado a solventar. Es por tanto una norma a la que le falta esa solvencia de origen que produce la legitimidad del debate democrático, por más que la propaganda del régimen la revistiera con esa procesión de cientos de miles de supuestas propuestas entregadas por el pueblo, las cuales, tal vez por ser tantas, nunca se conocieron. Nadie supo nada, y el gobierno se ufanó de no presentarla a la discusión del país y de la reserva con la que el presidente la manejó. El culto a la personalidad del caudillo da para todo, incluso para validarlo como experto en derecho del trabajo, acompañado de la otra luminaria del país, el canciller, reconvertido para estos efectos en un sabio consejero sobre la materia. Y por supuesto los asesores (Miguel A. Perez Abad entre ellos) indispuestos permanentes para contrariar tanta sabiduría y prestos al sacrificio de cualquier asomo de cordura.

El resultado no podía ser otro que la vuelta a la irracionalidad. Irracional es la imposibilidad de cálculo entre la validez de los medios y la pertinencia de los fines. Irracional también es el que no se pueda predecir lo que puede ocurrir con cada decisión que se tome. Esa es la esencia de la retroactividad. Suena muy bien, se parece al país irresponsable que vive de rumba en rumba, eso sí, con  la mano extendida y siempre dispuesta a recibir lo suyo y lo de los demás. Como cualquiera de los caminos que escojamos para ir al infierno, empedrado de las menores intenciones, esta norma es un inmenso monumento a la demagogia y al baraje. Al fin y al cabo creemos en el azar, la brujería y los milagros. Sucede que la esencia de la nueva norma laboral es un albur: las decisiones de hoy afectan tu desempeño desde el pasado. Un aumento de salario otorgado hoy opera como esas máquinas “tragaperras” que uno ve amontonadas en todos los casinos. Que te aumenten hoy el salario supone un replanteamiento del historial prestacional, una especie de múltiplo adicional que te puede transformar en el acreedor de un monto que nunca estuvo en juego hasta que la generosa mano del tirano arrimó el mingo.

Pero como también surgen los efectos perversos de las decisiones, tanta generosidad y tanta demagogia tiene dos consecuencias no deseadas: La primera es la recesión del mercado laboral. La segunda es la sustitución de las compensaciones salariales por quien sabe qué cosa. Ni más empleos, ni mejores salarios. Algunos lloran de emoción (Chávez no es el único) al saber que las madres tendrán más tiempo con sus hijos, y que nuestros nobles varones compartirán con ellas los primeros catorce días. Pero el resultado a largo plazo no será otro que una pérdida de dinamismo en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, y menos preferencias a la hora de seleccionar jóvenes. La tercerización desaparece. Pero ¿qué es lo que desaparece? Miles de empleos y la forma que se encontró para dar mejor calidad de servicio. Sufriremos todos, pero eso no es relevante a la hora de removernos las entrañas y darnos lo que merecemos: el mendrugo de pan de hoy.

Ni hablar que cuatro de cada diez venezolanos no tienen en esa norma ninguna referencia de su cotidianidad. Están en el sector informal, o dependiendo de unas misiones que ni se indexan ni generan prestaciones. Para esa porción del país, habrá menos oportunidad de conseguir alguna vez empleo de calidad y mejorar su calidad de vida. Pero eso no importa para nada a los seis millones de privilegiados que por ahora se solazaran con esta nueva mina que por cuenta del populismo más ramplón se abrió para ellos con criterio de exclusividad.

¿Alguien sabe si esa ley tiene que ver con la productividad del país? ¿Alguien sabe si hay algún cálculo de los nuevos empleos que se necesitan? ¿O si por casualidad con estas medidas de una buena vez quiebran las empresas públicas? ¿Alguien sacó alguna cuenta? ¿O esta norma no es sino el síntoma de que los que dirigen este país saben que no tienen mañana, y que el hoy solo sirve para ordenar un saqueo que los que sobrevivan tendrán que pagar en inflación, carestías y devaluación? Que cada quien responda como sienta.

No hay forma de sacar adelante a este país mientras no asumamos el reto del trabajo productivo. La mangüangüa y la expoliación son solo pillaje y saqueo, porque la pretensión de distribuir lo que primero no producimos es un esfuerzo vano e irresoluble que algún día lamentaremos.

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