El gobierno ha decidido participar en un maratón: salarios versus hiperinflación. Haciendo una analogía, una carrera de una tortuga versus un conejo

El índice de rotación de los presidentes del BCV

El último presidente removido del BCV duró aproximadamente ocho meses. Creemos que ni siquiera duró para firmar una nueva emisión de billetes. El trato que le da el ejecutivo a esa Institución y en concreto a su presidente y a su directorio, es de un ministro más. A un lado queda la institucionalidad, la independencia de poderes y el respeto por los profesionales de la Institución. 

Esto no es nada nuevo, comenzó en el gobierno de Jaime Lusinchi,  cuando éste le dio un trato de compañía anónima al BCV,  al destituir a su presidente el   Dr. Leopoldo Díaz Bruzual.  En los últimos 18 años se acabó con la institucionalidad restante. El no tener un banco central independiente, profesional, técnico y no contaminado por la política partidista e ideológica, es uno de los peores daños que se le hace a la economía de un país.

Si existiese un observatorio de la economía nacional, ese debe ser su banco central. Sus análisis, interpretación seguimiento de la economía nacional e internacional deben ser de estudio obligado por el gobierno nacional.  Es quien dirige la política monetaria y cambiaria. Elabora y “publica” las estadísticas de todos los agregados macro económicos y financieros. Es quien debe alertar a los gobiernos de las desviaciones en el gasto, balanza comercial, de pagos, endeudamiento, índices de precios, deuda pública interna y externa y por encima de todo: mantener el poder adquisitivo de la moneda.

Para ello es fundamental  un banco central  presidido por un experto con amplios conocimientos de la política monetaria, fiscal y cambiaria. Con experiencia profesional en el área económica, de trayectoria intachable, incuestionable, honesto y honrado. Con la autoridad y el carácter necesario y suficiente para explicar, persuadir y convencer a todos los actores económicos públicos y privados, del deber ser de la economía de un país. Tiene que ser un faro para todos los que forman parte del banco.  

Una de las tareas del futuro cercano es restituir la independencia y el profesionalismo del Banco Central de Venezuela. 

El enésimo aumento de salario

El gobierno pretende recuperar el poder adquisitivo del salario real aumentando cada tres meses el salario mínimo incluyendo el famoso ticket de alimentación. Es un desconocimiento increíble de cómo funciona la economía.  El gobierno ha decidido participar en un maratón: salarios versus hiperinflación. Haciendo una analogía, una carrera de una tortuga versus un conejo. No hay aumento de sueldo que compense un aumento de precios hoy día a razón de 4% diario. Por el contrario, cualquier aumento estimula e impulsa la escalada de precios. 

En un país donde no hay mercado de precios, éste se forma hoy día, no solamente por el tipo de cambio del dólar paralelo, por el índice de precios al consumidor, sino también por los aumentos de salarios que decreta el gobierno. Una política circular parecida a la del “perro que quiere morderse la cola”. Los pueblos aprenden, y aprenden rápido y lo demuestran cuando expresan su crítica a los aumentos salariales por decreto, ya que anticipan los aumentos de precios en mayor proporción al salario.  

Señores del gobierno: corrijamos las causas que originan la hiperinflación, eliminemos el déficit fiscal, diseñen incentivos legales y económicos para estimular la inversión privada, eliminen la Ley de Precios Justos, revisen la Ley del Trabajo y elaboren políticas dirigidas a la eliminación del control de cambios. 

PDVSA es un problema de Estado

Las últimas informaciones sobre los niveles de producción de PDVSA son más que preocupantes. Se habla de una producción diaria de unos 387 mil barriles diarios. Esa cifra tiene lógica, si tomamos en cuenta que la empresa está imposibilitada de exportar el crudo producido. Acosada por acreedores y por las medidas tomada por la Conoco Philips al intentar embargar activos de PDVSA en el Caribe, para cobrar el monto decidido por los tribunales internacionales en su litigio con la petrolera estatal. 

PDVSA es una empresa en “default”, con una producción de crudo en declinación progresiva en los últimos 15 meses, refinerías con problemas de mantenimiento y  trabajando a un 30%, taladros operando a un 35%, con los almacenes de inventario saturados al no poder exportar el petróleo, buques cargados y varados en el mar territorial y sanciones financieras que limitan su acceso al crédito internacional. En lo que va de año unas 15.000 empleados han renunciado a la empresa,  el malestar interno se siente como producto de los estragos de la hiperinflación en el clima organizacional. 

Algunas refinerías como “Isla” en Curazao,  con capacidad para procesar unos 335.000 barriles diarios, no reciben desde abril crudo venezolano, más aún, la Empresa ha anunciado a algunos clientes que “no tiene planeado despachos en junio.” La incapacidad de exportar de la Empresa, explica entre otras cosas la disminución de las reservas internacionales del BCV. En otras palabras y utilizando el lenguaje gerencial: PDVSA es una empresa operativamente paralizada  y financieramente quebrada. 

PDVSA es una complicación de estado. Es un problema de seguridad nacional. Nadie en Venezuela es ajeno a lo que sucede a lo interno y externo de nuestra principal industria. Lo que le suceda a PDVSA afectará directamente a todos los venezolanos, civiles y militares,  sin distingos políticos. Sus consecuencias se harán sentir en hambre, escasez de alimentos, medicinas, salud, servicios, empleos y educación. 

PDVSA es un tema que requiere de un gran acuerdo nacional. El gobierno es el principal responsable y lo peor, pareciera que no puede o no quiere resolverlo. Pero,  todo problema tiene solución y tiene quien lo resuelva. No hacer nada o seguir haciendo lo mismo es el peor de los males. En política no se desea ser presidente o comandante de un cementerio..