Por algunas décadas, en un edificio próximo a la caraqueñísima esquina de Gradillas, funcionó la biblioteca de la Fundación de los Tribunales,

bajo el nombre de Juan José Rojas Astudillos. La pequeña sala de lectura, sobre todo por las pesadas sillas rotatorias de noble madera que le daban el marcado acento de mediados del siglo pasado a un ambiente que, por cierto, respiramos en  las novelas iniciales de Salvador Garmendia, convocaba a los profesionales, estudiantes y curiosos del derecho.

La colección que, entendemos, hoy está custodiada por una importante universidad, incluyó una jurisprudencia a veces centenaria, expuesta   a la pantalla de una fotocopiadora que, no faltaba más, sufría de recurrentes fallas mecánicas. Por entonces, las normas de preservación del patrimonio documental no gozaban de la universalidad de la que supimos posteriormente, esta vez, conscientes de la violación.

Más allá de la añoranza, el asunto viene a colación por una de las efímeras polémicas que caracterizan a las redes sociales. Larga y tendida, inquirían – esta vez - sobre la universidad y, particularmente, la Universidad Central de Venezuela, como cuna del llamado chavismo.

Sintiendo importante el debate, al menos, halando la punta del hilo de otro superior, se diluyó entre los acostumbrados estereotipos y sandeces. Lo curioso es que tuvo una mayor fuerza y terquedad que otros problemas planteados con menor suerte y audiencia, como es el caso de las tablas salariales del profesorado o el destino mismo de la universidad en un país sometido a los más elementales afanes de supervivencia.  

Así como todo adolescente ha cursado en este país la materia, por largos cinco años, sin ni siquiera finalmente leer en inglés, una de las carreras históricamente de mayor demanda ha sido la del derecho, paradójicamente huérfanos de un innovador pensamiento jurídico. Esto no significa que carezcamos enteramente de una reflexión normativista de interés y novedad, pero lo cierto es, interpelando a la universidad venezolana, convengamos en tres circunstancias.

Digamos, por una parte,  el gigantesco número de abogados que ostentamos en Venezuela, por cierto, sin que  metan miedo a nadie, como ocurría muy antes, no guarda correspondencia con la cantidad de artículos académicos, libros de cierta rigurosidad u otros textos alusivos a una materia de tan diversos y complejos ámbitos; por otra, generalmente provisorios, a buena parte de los jueces el litigante debe demostrarle que no sabe nada para intentar una comprensión, aquiescencia y facilidades que ayuden a resolver los casos; y, luego,  reducido el oficio a las taquillas, simplificados muchos procedimientos a través de los portales digitales que no requieren de visado, la competencia entre gestores se ha hecho banal. Empero, obra una más poderosa circunstancia a  la que la universidad venezolana, como un todo, tarda en asumir: la del atípico socialismo que nos muele.

Consabido, no hay Estado de Derecho, por lo que en el campo del derecho público, antes abonado por insignes autores, es poco lo que puede hacerse; y el del derecho privado, el que una vez recibió  el empuje de las grandes y medianas inversiones extranjeras que lo dinamizaron, relegando tan injustamente el derecho agrario, hoy  prácticamente es inexistente, por poca o mucha interconectividad que haya, pues, la revolución digital de los contratos, del delito o de la manipulación de la ata personal, constituye una lejana curiosidad que se da en países de un franco desarrollo tecnológico. Y es que así, entendemos, como ha disminuido dramáticamente el número de litigios civiles y mercantiles, añadidos los laborales y hasta del tránsito automotor, siendo preferible el arreglo extrajudicial o una infinita postergación, acotemos, muchísimo menos hay la exigencia de un mínimo y actualizado pensamiento jurídico.

Difícilmente, con un deficitario presupuesto, bajísimos salarios y plaga de la deserción  docente y estudiantil, la universidad poco puede aportar, excepto el patrimonio bibliográfico del que dispone, enfermo de anacronismos y también de las condiciones necesarias para preservarlo. Además, bibliotecas especializadas, como la Rojas Astudillos, ubicadas en una calle cualquiera de la ciudad, constituyen una rareza del pasado.

Finalmente, todo dependerá del cambio de régimen, pues, el presente, carece de toda regla para dirimir pacífica y razonablemente las diferencias en el ámbito político, por lo que obviamente ha de reflejarse en el jurídico. Nada difícil deducir, nada extraña que la regla sea la de una irreflexión en ambas disciplinas, pues, todavía estamos colgados de convicciones y supuestos anacrónicos.