La retirada de la señal de DIRECTV en Venezuela, por parte de AT&T, hizo visible el progresivo colapso del sistema de telecomunicaciones,

agobiado por tarifas controladas (con “correcciones” a capricho de Conatel), vandalismo sostenido sobre la infraestructura, un entramado legal que maniata su funcionamiento y una demanda creciente de datos en estos tiempos de COVID19, signados por entretenimiento vía streaming, videoconferencias para trabajar desde casa e improvisada educación en línea en todo el territorio.

Los afectados

Quedaron sin señal de televisión más de cinco millones de espectadores (con servicios contratados por 2 millones de suscriptores) y otros cientos de miles atendidos por cableras del interior, que descargaban la señal del satélite de la empresa norteamericana. Diversos canales nacionales, incluidos los sancionados por la OFAC , perdieron alcance en las pantallas de televisión a nivel nacional. Un grupo importante de esos usuarios no tiene acceso a otra señal de televisión. La empresa Inter, con 600.000 suscriptores, ofrece un servicio satelital, que podría atender a unos miles de clientes, pero su oferta HFC (o híbrida de fibra coaxial) es la que les permitiría dar cobertura a tres millones de huérfanos de pantalla.  El escenario es aún más complicado, ya que el servicio de Movistar TV , que atiende a 285.000 hogares, dejaría de operar durante el segundo semestre de 2021, por esa razón no da alta a nuevos clientes desde julio de 2019. Los suscriptores que no mantengan al día el pago de las facturas, podrían perder el servicio.

Para quienes no logren reconectarse con otro proveedor, la opción es enfrentarse a canales nacionales unificados bajo la propaganda oficial (TVES, ANTV, Vive, TV FANB y los sancionados PDVSA TV y Globovisión). Serán usuarios “destelevisados” , escribe el diputado Luis Barragán, frente “el peor contenido y nocivo desempeño del sistema público, en toda nuestra historia”. 

Daños colaterales

El cierre de DIRECTV ocasiona la suspensión de sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial: 300 mil personas fueron impactadas positivamente por Generación DIRECTV en el 2019. Más de 160 mil estudiantes se beneficiaban con el programa Escuela Plus, enfocado en minimizar la brecha digital. Sólo el año pasado los empleados cedieron su tiempo a un voluntariado para recuperar 20 espacios educativos y recoger 6.500 kilos de desechos de las playas venezolanas.

Sumemos a sus trabajadores, hoy desempleados; a sus proveedores y aliados, incluida su agencia TMO. Gente creativa enfocada en entregar una señal de alta calidad a clientes de todos los estratos sociales.

Operar en tiempos de COVID19

Las operadoras privadas, Telefónica | Movistar y Digitel reportan, al menos, dos cortes de fibra óptica semanal durante la cuarentena, que dejan sin servicios de voz y datos a ciudades enteras. No pocas veces estos actos vandálicos escalan de hurto a daños mayores a las estaciones. Las incendian, por ejemplo.

Los 3.5 millones de clientes 4G de Movistar han incrementado en un 250% su consumo de datos durante la cuarentena, mientras que Digitel arroja un incremento de 13 Gbps , con un notable pico luego del cierre de DIRECTV.

A pesar de la falta de combustible,  que dificulta los desplazamientos, de la exigencia de aleatorios salvoconductos para transitar de uno a otro municipio, las operadoras han logrado mantenerse operativas. Incluso han desplegado 4G para reforzar y ampliar su huella. 

¿Colapso por diseño?

En el Tercer Mundo, escribí hace poco en un hilo de Twitter, donde la Democracia cae abatida ante alianzas militares-crimen organizado-comunismo un ecosistema digital abierto a las mayorías es problemático, a efectos de control social. A estos regímenes les gusta envenenarlo utilizando bots  y fake news para posicionar matrices de opinión. Ellos no lo quieren “tan” abierto ( no creen en la neutralidad de la red). No les bastan empresas privadas obedientes, las quieren operando a mínima capacidad. Acorraladas con tarifas congeladas y ataques vandálicos sistemáticos sobre sus instalaciones. Mientras, el principal ISP (proveedor de servicios de Internet, por sus siglas en inglés)  del país se canibaliza a sí mismo y entrega el servicio más lento del continente. 

En una economía hiperinflacionaria, que hace imposible la inversión de capital intensivo que demandan las empresas tecnológicas, el derrumbe es inevitable. Las décadas idílicas de expansión de la fibra óptica financiada con el Fondo de Servicio Universal han devenido en un deterioro notable de la tecnología de la última milla, comentó el ingeniero Ricardo Holmquist  , directivo de ISOC Venezuela, en un reciente encuentro en línea, “esos problemas se han dejado extáticos durante los últimos 15 años”, afirmó.

El malfuncionamiento y apagón del servicio deja fuera de línea a millones de venezolanos. Se expande, como política pública, la brecha digital. Las cotidianas caídas del servicio eléctrico, la oscilación del servicio de Internet y la conectividad a velocidades de los años noventa signan la rutina de la mayoría de usuarios del servicio residencial, lo cual contrasta con una pequeña burbuja de personas con capacidad de contratar servicios inalámbricos con tarifas que empiezan en US$40/mes y más de US$200 para su instalación. Una burbuja que sólo emerge en Caracas y con una duración incierta.

¿Estamos a tiempo de frenar el apagón digital?

Algunos líderes de opinión firman peticiones y lanzan tweets  a favor del “retorno libre y gratuito” de DIRECTV (al estilo de las emisiones de Radio Martí desde Miami hacia Cuba en 1985) ; otros, escriben comentarios con alucinadas teorías conspirativas, mientras el gobierno interino realiza gestiones, desde la Asamblea Nacional legítima, para intentar reactivar el servicio desde Colombia. Hace unos meses, desde el interinato de Juan Guaidó, se planteó crear un ente regulador alternativo y relanzar Telesur bajo la dirección del periodista y ex ancla del canal sancionado Globovisión, Leopoldo Castillo. 

Aunque tecnológicamente sea viable cambiar las tarjetas de los decodificadores y pagar en dólares un servicio internacional, es muy poco probable que una corporación como AT&T regrese a un país que los obliga a emitir canales sancionados y en el cual sus servicios están regulados por debajo de un dólar mensual, mientras que en Colombia, por ejemplo, el Plan Plata cuesta $107.900 pesos (US$ 28.). Otras operadoras, como Tigo y Claro ofrecen paquetes de televisión / banda ancha rápida ilimitada y telefonía por US$29. 

Hay un conjunto de factores fundamentales que permitirían un salto positivo para colocar nuestro servicio de Internet a la par de otros países de la región.  Según el profesor Robinson Rivas, director de la Escuela de Computación de la UCV y directivo de ISOC Venezuela, “es clave la desregulación tarifaria y de las inversiones en el país. El esquema actual de regulación, con el ahogo paulatino de las empresas mediante leyes laborales que dificultan, entre otros, el manejo de las guardias; la inseguridad jurídica, que permite que se quiten concesiones, que se agreguen o censuren canales, son condiciones  en las cuales ninguna empresa va a invertir los millones de dólares requeridos para mejorar el servicio”.  Asegura el académico que países pequeños como El Salvador, con una infraestructura menos sólida, disfrutan de un mejor servicio de Internet que el venezolano, debido a la libertad  de los operadores para ofrecer un amplio abanico de opciones y, sobre todo,  cuentan con seguridad jurídica para proteger sus activos y repatriar ganancias. 

La era posCovid19 está marcada por la sociabilidad digital (o por la aprehensión ante el contacto físico), donde las relaciones laborales y de entretenimiento demandan conexión constante a la red. En estos días, el acceso a Internet es el acceso a la vida.

¿A qué velocidad queremos correr hacia el futuro?

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