La oficina electoral de Miraflores, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha decidido convocar elecciones presidenciales para el próximo 28/07,

violando las normas y disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

María Corina Machado, quien durante mucho tiempo fue una firme defensora de la ruta anti-electoral, sorprendentemente emergió como ganadora de las primarias (10/23), convirtiéndose en la candidata de la fracción mayoritaria de la oposición. Su inscripción como candidata auspiciada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no pudo llevarse a cabo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a su inhabilitación arbitraria. Es decir, la primaria opositora permitió elegir a una candidata, que paradójicamente nunca fue candidata pues siempre estuvo inhabilitada.

Entonces ¿por qué y para qué se permitió la inscripción de ciudadanos inhabilitados políticamente en una primaria para elegir a un candidato o candidata a la Presidencia de la República que de resultar ganador no podría inscribirse ante el CNE? (Tal Cuál 28/7/23 y 12/7/23). Permitirlo resultó contradictorio y el tiempo ha demostrado que no contribuyó a lograr el surgimiento de un candidato único, de una alternativa viable, ya que al final no pudo inscribirse. Además, provocó confusión y falsas esperanzas entre los votantes.

La imposibilidad de reconciliar su fantasía con la realidad obligó a María Corina a abdicar su simbólica candidatura en favor de la Dra. Corina Yoris, quien también se encontró imposibilitada de inscribirse debido a una decisión arbitraria del CNE. Ante esta situación anómala y equívoca, la PUD optó por inscribir a Edmundo González Urrutia como candidato "provisional" y sorpresivamente, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, decidió también inscribir su candidatura para la contienda presidencial.

Es innegable que el actual sistema político y electoral no permite la celebración de unas elecciones competitivas y transparentes, como las que caracterizan a las democracias pluralistas. El CNE está claramente subordinado a los deseos del inquilino de Miraflores, el Registro Electoral Permanente no ha sido actualizado, se utiliza el aparato estatal para favorecer al candidato oficialista, la mayoría de los partidos políticos han sido judicializados y los programas sociales son usados para manipular y chantajear la intención del voto de los más necesitados. No obstante, a pesar de todo ello, una abrumadora mayoría de venezolanos desaprueba la gestión de gobierno de Maduro (80% frente a 20%) y ha manifestado sus deseos por un cambio de dirección política en el país. Una eventual unión de la disidencia política permitiría desplazar del poder al opresivo proyecto chaveco-madurista.

La compleja situación y los obstáculos y abusos por parte del CNE han proporcionado nuevas justificaciones a los abstencionistas para rechazar abierta -no hay condiciones electorales- o solapadamente con ambiguas e imaginarias expectativas electorales. Estimulan la abstención insistiendo en candidaturas rechazadas por el CNE, así como proponiendo una inexplicable campaña electoral sin candidato que motive y movilice a los electores (se anunciará 10 días antes de las elecciones). Esta es una estrategia suicida que nos conduce a una derrota inexorable, sin que el CNE tenga la necesidad de recurrir a maniobras fraudulentas. Derrota que conduciría a una profundización del control político y social y a la consolidación de un modelo de sociedad tutelada por la pestilente bota militar. Insistir en candidaturas inexistente (María Corina – Corina Yoris) confunden al elector y generan incertidumbre.

Todos a votar el próximo 28/7. Maduro es derrotable en las urnas a pesar de su grosero ventajismo. Abstenerse es facilitar la perpetuación en el poder del chaveco-madurismo y el secuestro de la democracia.