El Derecho Internacional Público, aunque delicado para mencionar los asuntos de Estados, es preciso y categórico para explicitar los desenvolvimientos de reclamos

o pleitos interestatales. Igualmente, la normativa internacional se manifiesta muy concreta ante un evento que requiera   atender un asunto contencioso, para lograr alcanzar las soluciones.

Lo anterior queda condicionado a lo siguiente: siempre y cuando las partes conflictuadas expresen manifiesta e inequívocamente las disposiciones a resolver el hecho litigioso.

Veámoslo así, en nuestro caso particular por la zona del Esequibo. Lo voy a decir directamente.

Si continuamos con la dejadez frente a lo que nos corresponde histórica y jurídicamente;  si no nos pronunciamos a tiempo contra lo que  aún se  viene perpetrando, que vulnera nuestros intereses soberanos; si damos muestras de  indiferencias, en vez de formular  las denuncias oportunas y contundentes; o permitir que los gobiernos guyaneses sigan dando concesiones a empresas transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de los vastos recursos que tiene la Guayana Esequiba, no solo en el territorio, sino en  su proyección atlántica. Entonces, sépase que todas estas omisiones, desatenciones y desintereses conspiran contra nosotros en los reclamos que desde hace más de un siglo hemos hecho de esa zona; porque, nuestra conducta displicente se puede llegar a interpretar como desistimiento de nuestra causa.

Los silencios oficializados se pagan caros. Tales quietudes las conocemos como aquiescencias. Las mencionadas actitudes estatales (o por lo menos, la de algunos funcionarios (in)competentes) conforman incomprensivas permisividades. 

Resulta inaceptable que quienes deben reaccionar y protestar se quedan inermes (en poses pusilánimes) ante decisiones arbitrarias, hechos agresivos u ofensivos del Estado guyanés frente a Venezuela. 

Entre nosotros  los Esequibistas viene aflorando   una común y compartida inquietud, que se manifiesta en interrogantes del tipo: por qué quienes tienen las competencias en materia de Relaciones Exteriores ---particularmente en lo atinente a la Guayana Esequiba-- no convocan a las mejores capacidades de compatriotas, densamente formados, para diseñar las expeditas estrategias,  y comenzar a discernir  nuestros escritos de  alegaciones de Hecho y de Derecho, que debe nutrir al Memorial de Contestación de la demanda, que nos  interpuso  la excolonia británica, en la Corte Internacional de Justicia.

Nos llama la atención que siendo, como lo volvemos a mencionar, un asunto de Estado que debe concitar la unidad nacional, haya tanta opacidad por parte de quienes manejan la Política Exterior en nuestro país.

Abramos los ojos y analicemos que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y detrás de ellos, incontables empresas transnacionales en una lúdica de intereses de múltiples aristas.

Sabemos que ya el caso se encuentra en proceso jurídico en la CIJ; sin embargo, el gobierno actual de la excolonia británica continúa entregando concesiones, a diestra y siniestra, a las empresas transnacionales para que se instalen en la Zona de Reclamación y en su correspondiente   proyección marítima.

Cada semana, se incorpora a este festín voraz una empresa diferente por la concesión otorgada desde el gobierno de Irfaan Ali; con la finalidad de emprender labores de explotación ilegal y abusiva, de nuestros recursos, contrariando el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966

De todos es sabido que Guyana está citada para el 08 de marzo del próximo año, para que insista o desista jurídicamente del recurso ya interpuesto contra nuestro país; y ratifique o retire la pretensión procesal que contiene en su petitorio.

Prestemos atención a lo siguiente. La interposición de acciones en nuestra contra, que es bastante, la conocemos en su totalidad.  La hemos leído con precisión, analizado y estudiado académicamente. Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899, documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.

Guyana pide en su pretensión procesal que la CIJ ratifique que el citado Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza. En otras palabras, aspiran que Tribunal de La Haya sentencie como Cosa Juzgada, con base en los hechos que narra en su escrito.

Orgullosos de nuestra venezolanidad proclamamos que no hay nada que temer; porque lo que Guyana está pidiendo ante el Alto Tribunal de La Haya es rebatible y desmontable.  El objeto de la demanda no tiene el menor asidero. La contra Parte no posee el menor documento que los respalde.

Los coagentes del gobierno guyanés, para esta controversia, tienen más de un año instalados en La Haya, sede de la CIJ; con honorarios carísimos y logística a todo dar; gastos   sufragados por las empresas transnacionales que se encuentran esquilmando nuestros recursos.

Ese  equipo,  que litiga en la CIJ, está integrado por: Sean D. Murphy (inglés), de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington y asesor jurídico de la embajada de EE.UU en La Haya; además,  Paul Reichler (estadounidense) socio y codirector del Grupo de Litigación y Arbitraje Internacional de Foley Hoag; Payam Akhavam (Iraní) profesor en la Universidad McGill en Montreal, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y  Shridath Ramphal ( guyanés), exministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país.

Ese equipo no nos atemoriza ni nos arredra; porque lo hemos dicho, en muchas ocasiones, que nosotros estamos asistidos de plena razón y Justo Título traslaticio; además poseemos enjundiosos elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, políticos, geográficos y morales.

Nuestra sugerencia – una vez más – a la Cancillería venezolana es para que estructure nuestro equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos muy dignos y experimentados profesionales del derecho, historia, sociología, antropología, geografía etc. suficientemente conocedores de la controversia por la Guayana Esequiba, prestos a representar a Venezuela. Entonces convoquen y habiliten –oficialmente-- nuestro equipo que el país quiere conocer. Equipo que con legítima disposición patriótica nos defenderá en marzo del 2023.