En días recientes Nicolas Maduro planteó a los miembros de su partido y a sus aliados en la Asamblea Nacional (2020),

la urgente necesidad de reformar las leyes que otorgan soporte al Estado comunal (hasta ahora fallido). La reforma legal planteada comprendería la modificación parcial de hasta catorce leyes[1] con el propósito de recuperar el terreno perdido. Como es sabido, el Estado comunal comprende la sustitución la estructura del Estado democrático federal y descentralizado por un modelo territorialmente estatizado, de planificación centralizada y con participación tutelada.  

En esta oportunidad, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) promueve la sustitución marco estatal constitucional bajo el sofisma que presume la democratización del poder político enfrentando a consejos comunales, comunas y distritos motores contra las juntas parroquiales (ya eliminadas; por cierto), los municipios y los estados.  

La aspiración de implantar el aparato comunal o socialista tiene variados precedentes, incluso exitosos. El caso más claro y categórico lo representan los consejos comunales creados en el año 2006[2]. Estas instancias se han consolidado como el mecanismo territorial hegemónico para la organización vecinal en Venezuela, que incluso fueron adoptados también por sectores comunitarios de la oposición democrática, impidiendo de esta manera un control absoluto por parte del PSUV sobre esas figuras. 

Otro precedente fue la creación de Ciudad Caribia (2006), que se constituye en un urbanismo socialista que aún se mantiene en el estado La Guaira[3]. Un antecedente importante fue la propuesta de los Cinco Motores[4]presentados por Chávez en enero de 2007, luego de ser reelecto en los comicios del año anterior. Pero fue la reforma constitucional[5] de 2007 la que constituyó el núcleo central por sustituir la estructura estatal de 1999. Sin embargo, la propuesta de reforma fue derrotada electoralmente ese mismo año, recibiendo un duro revés el proyecto comunal del chavismo. 

A pesar de la derrota sufrida, el chavismo no ha cedido en sus propósitos. Por una parte, comenzó desde la primera magistratura una campaña en favor del modelo comunal promocionando las comunas y las ciudades comunales (o socialistas)[6] y por la otra, hacia finales de 2010 se aprobó un paquete de leyes del Poder Popular[7] y, por ende, del Estado comunal. Otro ataque directo desde la Asamblea Nacional contra la Constitución de 1999 y el municipio se perpetró en 2010 mediante la reforma de la Ley del Poder Público Municipal. 

Con esa reforma: i) se supeditó la gestión municipal a una planificación central, ii) se incorporó a las comunas como un nuevo componente territorial del municipio, pero sin subordinación alguna al ordenamiento jurídico municipal y, iii) se eliminó de manera inconstitucional el derecho a elegir mediante el voto popular (directo, universal y secreto) a los miembros de las Juntas Parroquiales[8].

Cabe agregar que, con el mismo propósito el chavismo en el año 2015 pretendió infructuosamente sustituir a la propia Asamblea Nacional por un Parlamento Comunal[9] luego de sufrir una significativa y aparatosa derrota en esas elecciones parlamentarias de ese año. Dicho Parlamento Comunal se diluyó, sin trascendencia alguna. En 2017, hubo una nueva aventura mediante la elección de una Asamblea Constituyente[10] para redactar una nueva constitución.

¿Pero cuál podría ser la causa para que el chavismo quiera desmantelar el Estado democrático, federal y descentralizado de la CRBV? 

En realidad, el imaginario chavista es de naturaleza totalitaria que se justifica bajo la idea de la construcción del socialismo. Un socialismo fundamentado en forma clara en el control hegemónico del Estado sobre las distintas esferas de actividad de la sociedad. En la propuesta socialista el consejo comunal, la comuna, la ciudad comunal, el distrito motor o el eje territorial son espacios con un fin ideológico: la construcción del socialismo del siglo XXI. En tal sentido, cualquier otro modo de pensar termina siendo segregado por antagónico. Lo que constituye un verdadero drama.

El llamado de Maduro a la reforma de las leyes comunales significa un reconocimiento al fracaso. Al día de hoy, no hay un Estado comunal, el poder popular sigue siendo una ficción y todavía el PSUV no logró cooptar a todos los consejos comunales, mientras las comunas apenas inciden de manera precaria en la vida social y comunitaria del país. Lo que es cierto es que la Constitución Bolivariana, sí esa de 1999 y que fuera ratificada en el año 2007 sigue siendo el mayor obstáculo para el avance del totalitarismo en Venezuela. Y ese elemento no debe ser olvidado (jamás) tanto por los partidos políticos como por todos aquellos sectores sociales y comunitarios de naturaleza democrática, si en realidad aspiran a ganar la lucha por la libertad y la democracia, que sigue sobre la mesa. Esto aún no termina.

Notas

[1] Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de Contrataciones Públicas, Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, Ley de Jurisdicción de la Justicia de Paz, Ley de Transferencias de Competencias y otras Atribuciones del Poder Popular, Ley de Comunicación Alternativa y Popular, Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional, Ley de Producción Social para Vivienda y Hábitat, Ley de Cooperativas.