No es para nada descabellado afirmar que en Venezuela la realidad supera con creces la ficción.

En las propuestas para unas elecciones parlamentarias, establecidas para el 6 de diciembre del presente año, se parte de una supuesta verdad, toda vez que éstas han sido planteadas por el presidente de la república. 

Sin embargo, Nicolás Maduro ha sido desconocido por la Asamblea Nacional, que nombró al diputado Juan Guaidó,presidente interino de la nación, perdiendo así su legalidad y legitimidad, quedando al margen de la ley como un usurpador y, de hecho, sostenido por la fuerza de las armas. Además, la comunidad internacional, con cerca de 60 naciones democráticas, han respaldado al presidente Guaidóy desconocido a Maduro, indicando que éste ha usurpado funciones violando así, de hecho, la ley, normas y procedimientos constitucionales. Esto es, carece de legalidad y legitimidad ante la comunidad internacional democrática.

Por otra parte, resulta significativo que la nación más poderosa e influyente del mundo, EE.UU, ha acusado legalmente a Maduro, con un pronunciamiento oficial del Departamento de Justicia, como individuo al margen de la ley por lo cual ha fijado un precio por su captura (15 millones de dólares) para quien lo entregue a la justicia de ese país. Junto con él, otros más se encuentran en las mismas condiciones, incluso el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el presidente de la atrofiada Asamblea Nacional Constituyente. La razón de esta acusación: forman parte de un cartel internacional de drogas y estupefacientes y son una amenaza real para el Estado norteamericano y sus ciudadanos, además de una latente amenaza para los países latinoamericanos y el hemisferio.

Así las cosas, el llamado a unas espurias elecciones parlamentarias en esas condiciones de dudosa credibilidad jurídica y procedimental, mencionando apenas estos pocos hechos, resulta una estrategia política y de acción vandálica de un régimen que por todos los medios busca mantenerse en el poder, alargando el sufrimiento de los ciudadanos, quienes cada vez más se acercan a una confrontación de sobrevivencia por las carencias tan dramáticas de alimentos, medicinas y servicios básicos, que ya no existen en ciertas zonas del territorio.

La estrategia de ‘empastelarlo’ todo, de oscurecer, alterar o simplemente desconocer todo procedimiento soportado por normas y procedimientos, establecidos en las leyes y que son parte de la tradición jurídica venezolana, forma parte de un plan de asesoría cubana, donde se juega a construir salidas/soluciones políticas pasando e irrespetando estos modelos y normas de nuestra cultura jurídica para imponer un modelo de sistema de vida donde la anormalidad, el irrespeto al compromiso adquirido, el fraude y la mentira son Política de Estado. Estas siempre van a estar del lado del opresor, esto es; quien se soporta sobre la base de la fuerza, el totalitarismo y el abuso de poder porque usa la fuerza militar y paramilitar para seguir dominando a la población.

La actual estructura de poder que impera en lo que queda del Estado venezolano no puede catalogarse, ni como gobierno centralizado autoritario, ni gobierno dictatorial tradicional. Es, como ya en más de una ocasión lo hemos reflexionado, un régimen totalitario de izquierda radical controlado por bandas del crimen organizado, hampa común y megabandas del narcotráfico, grupos paramilitares de guerrilla rural y urbana, y del terrorismo internacional, además de fuerzas convencionales de varios países que actúan disfrazadas de asesores internacionalistas bajo la anuencia cómplice del Alto Mando militar de la Fuerza Armada Nacional.

Esta es la realidad de la Venezuela actual, donde el mismísimo ministro de la Defensa indicó que la oposición venezolana jamás volverá a gobernar el país. Semejante acto de imprudencia política, indica que aún y en un supuesto negado la oposición venezolana pueda obtener el triunfo, no podrá disfrutarlo porque la fuerza militar lo impediría.

Por estos y otros atropellos causados a la sociedad venezolana, la denominada oposición mayoritaria, nucleada alrededor de la legal y legítima Asamblea Nacional, ha firmado un acuerdo unitario, con 37 organizaciones y partidos políticos, donde desconocen el llamado al ‘fraude electoral’ y diseñan una estrategia conjunta, apoyados por la sociedad democrática, la comunidad internacional, la OEA, la UE, y los EE.UU, donde se reafirma la intención de llamar a unas elecciones democráticas creíbles, libres, justas, supervisadas por entes internacionales independientes, y donde la población pueda ejercer su derecho al voto sin interferencias ni coacciones de ningún tipo.

La intención de ‘buena voluntad’ que en días pasados ejecutó el régimen usurpador al liberar a 110 secuestrados, debe reconocerse al líder Capriles como un acto humanitario. Mientras Maduro y sus pandilleros usan a estos seres humanos como meros objetos de intercambio en su macabro juego del poder. Una estrategia evidentemente ya usada desde hace años por el castrismo y transferida y en ejecución desde hace pocos años en Venezuela.

Podemos o no estar de acuerdo con la unidad propuesta desde la Asamblea Nacional, con el presidente Juan Guaidóa la cabeza. Pero es quien, en la práctica, mantiene un sólido respaldo internacional. Quienes me conocen saben que tanto él como sus otros líderes, no son santos de mi devoción, pero hay que sumar a una solución por encima de nuestros propios intereses, emociones y gustos. Después de todo, la política es matemáticamente inexacta y los políticos, en plural, no son, como nosotros tampoco lo somos, químicamente puros. 

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