Durante la era madurista se han dado fenómenos extraños, pero ninguno como el que rodea la consulta del 6-D: la oposición no puede desarrollar

la campaña electoral por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19; y el gobierno no necesita adelantar ninguna campaña, porque posee el control de todos los mecanismos de chantaje, coacción e intimidación que le permitirán obtener  una cómoda victoria con el reducido universo de electores dispuestos a sufragar. Tan insólito como ese factor es que un presidente y un gobierno que concitan 80% de rechazo nacional, están convocando los comicios como si flotaran en una atmósfera de gigantesca popularidad. 

La oposición no puede llevar a cabo la labor proselitista porque carece de los medios para desplazar sus candidatos por los circuitos electorales; unos locales, y otros nacionales. No se consigue gasolina para la movilización terrestre y los vuelos comerciales dentro del país se encuentran suspendidos.  No es  posible convocar reuniones en espacios públicos, ni visitar  las casas de los votantes, ni convencer cara a cara a los electores de la importancia de acudir a los centros de votación. Ni siquiera se puede divulgar el programa legislativo de los candidatos y enriquecerlos con las opiniones de los ciudadanos. ¿Qué clase de comicios son esos donde todo lo vinculado con la oposición transcurre en medio del desconocimiento casi total por parte de los votantes, acerca de la oferta de sus futuros representantes en el Parlamento?

Al régimen de Maduro este ambiente tan limitado no le importa. Todo lo contrario: lo favorece muchísimo. Al gobierno le interesa que el universo electoral sea muy pequeño. Que se reduzca a ese sector al cual le llega con cierta regularidad a través de las cajas Clap, del Sistema Patria y de los demás subsidios monetarios miserables que reparte a través de la banca pública.  Si esto no fuera suficiente para chantajear a los grupos más pobres y obligarlos a votar, todavía cuenta con los colectivos armados. Con los motorizados del terror, quienes amenazarán a quienes no se desplacen hacia los centros de votación el día de las elecciones.

Las encuestadoras más importantes del país señalan de forma consistente que más de 60% de los venezolanos no quieren sufragar. Para revertir esa matriz de opinión tan extendida y consolidada, habría que introducir cambios institucionales que remuevan las sospechas  y  fortalezcan las convicciones de la gente. Sin embargo, admitamos que hay que acudir a la cita con el CNE de Maduro y Maikel Moreno, y que sólo se logra que el acompañamiento internacional sea parcial, y no integral como exige la oposición y lo establece la Ley del Sufragio. En ese marco tan favorable al régimen, también la oposición debería instrumentar una campaña proselitista tenaz y convincente, capaz de quebrar las resistencias lógicas de la gente y propiciar la concurrencia masiva a los centros de votación. Este cambio de actitud no es posible en el lapso tan corto que resta hasta diciembre y en el marco de la Covid1-19.

El voluntarismo, aliñado como mucha prepotencia, de quienes piensan que resulta posible lograr ese giro, va a provocar una derrota fenomenal. Nicolás Maduro, aún representando una minoría en declive, se quedará con la mayoría de la Asamblea Nacional, principal órgano de representación de la soberanía popular, con la particularidad de que contará con la colaboración de la franja opositora que acuda a esa consulta. Se trata de un voluntarismo irresponsable, que colocaría el órgano legislativo bajo el control de un mandatario que sólo trata de anular el liderazgo de Juan Guaidó, quitarle la base de apoyo internacional que posee y, a partir de la Asamblea, intentar recuperar Citgo, el oro colocado en Londres y otros activos de la República con los cuales no ha podido acabar.

La Unión Europea, a través de Josep Borrell y otros voceros, junto a otros factores internacionales de poder interesados en encontrar una salida negociada, pacífica y electoral a la pavorosa crisis que azota a Venezuela, han propuesto postergar los comicios para una fecha en la cual el país haya recuperado la normalidad mínima, que permita realizar una campaña al menos relativamente equilibrada. Juan Guaidó y Henrique Capriles –aunque con posturas discrepantes- han señalado que buscan lograr elecciones justas y transparentes. En este punto, ambos coinciden. A partir de ese acuerdo básico, deberían explorar la posibilidad de llegar a un compromiso para, de forma conjunta, exigir la postergación de los comicios y la definición de condiciones que equilibren la competencia entre el gobierno y la oposición.

Maduro dijo que se había dirigido la UE para que enviase testigos a la cita del 6-D. Bueno, hay que complacerlo, pero no para que estén presentes en la consulta que él quiere realizar ‘llueve, truene o relampagueé’, sino para que asistan a una convocatoria más equilibrada, cónsona con la fortaleza  que aún posee la oposición y las aspiraciones populares. Maduro necesita legitimar la farsa electoral, empoderarse todavía más con el asalto pacífico de la Asamblea y aparecer ante el planeta como el mandatario que derrotó a sus opositores a través del voto popular. No hay que ponérsela tan fácil. El acuerdo unitario aún es posible.