Lamento tener que referirme de nuevo a la oposición, pero estoy en la triste obligación informar sobre los nuevos acuerdos existentes

entre el gobierno y sectores de la MUD, que son la continuación de aquellos pactos convenidos en República Dominicana y después en Caracas, previo a la marcha del 1 de septiembre, que denuncié en su oportunidad (https://goo.gl/UeC3mC).

Como es sabido, el nuevo Informe Almagro plantea varias exigencias al régimen de Maduro, entre ellas, la realización de elecciones generales, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional, y la designación de nuevos rectores y magistrados del CNE y del TSJ, respectivamente.

Pues bien, resulta que algunos dirigentes de la MUD le están ofreciendo al gobierno colaborar para que se postergue la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a cambio de que se realicen las elecciones regionales este año, obviando todas las demás exigencias de la OEA. Algunos partidos políticos le dan mucha más importancia a controlar gobernaciones y alcaldías, así como a sus presupuestos, que a salir de la dictadura.

Estas negociaciones explican que ni la MUD ni la AN se hayan pronunciado en favor del Informe Almagro, y que solo lo hayan hecho algunos diputados a título individual. De hecho, el diputado (PJ) José Gregorio Correa, vinculado al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, tuvo el descaro de declarar que antes de activar la CDI debe hacerse una consulta a diversos sectores (https://goo.gl/6Qfk7o), lo cual es una burda excusa para postergar su activación. 

El año pasado, la MUD saboteó el primer Informe Almagro participando en un falso diálogo; esta vez se sabotea el segundo Informe Almagro aplicando tácticas dilatorias. Para contrarrestar esta maniobra, la sociedad civil debe presionar a la AN y a la MUD para que se pronuncien públicamente, de manera unánime e inequívoca, en favor del Informe Almagro y de la activación de la Carta Democrática.