A veces resulta práctico revisar la historia para encontrar lecciones a situaciones que a simple vista parecen inéditas y harto insoportables.

En esta oportunidad nos referiremos a la confrontación de poderes que se suscitó en Chile hacia 1891, hecho que condujo de forma irremediable al estallido de una guerra civil que se prolongó por ocho meses.

Por entonces, se había tornado en costumbre que los Presidentes de la República abusaran de su influencia para hacer elegir a Senadores y Diputados afectos a su causa política, con ello el Poder Legislativo quedaba convertido en un apéndice del Ejecutivo. Sin embargo, a medida que fue tomando cuerpo en la sociedad chilena un ambiente propicio para una mayor libertad de conciencia, se puso de manifiesto el deseo de limitar las facultades omnímodas del Poder Ejecutivo e incrementar la función controladora del Poder Legislativo, sobre aquel.

Ejercía la presidencia de Chile, José Manuel Balmaceda, vibrante orador y defensor a ultranza de los fueros del Ejecutivo. Diferencias en el seno de la élite gobernante, quebraron la comunicación entre los poderes públicos hasta resultar insalvables. Una mayoría de parlamentarios comenzó a contrariar las disposiciones emanadas del gabinete del presidente Balmaceda, hasta provocar la caída, una y otra vez, del consejo de ministros, gracias al mecanismo del voto de censura.

Frente a la postura de los legisladores, Balmaceda propuso una reforma constitucional para delimitar claramente las atribuciones de los poderes públicos. Sin embargo el país quedó dividido en dos bandos irreconciliables: los partidarios de un régimen parlamentario y los afectos al presidencialismo.

La tensión política exacerbó los ánimos y la inquina se colocó a la orden del día. Llegado el inicio del año fiscal 1891, el Congreso no había aprobado el presupuesto general de gastos del Estado, hecho que llevó al presidente Balmaceda a dictar un decreto en el que prolongaba la vigencia del presupuesto del año anterior. Tal medida no estaba prevista en la Constitución, por lo que Balmaceda fue acusado en el Congreso por violar del marco constitucional.

Los legisladores opuestos a Balmaceda, acordaron deponerlo, declarando vacante la Presidencia de la República, mediante un acta suscrita por todos y se colocaron bajo la protección de la escuadra de marina, cuyos oficiales decidieron desconocer la autoridad presidencial y restablecer el imperio de la Constitución. Así comenzó la guerra civil de 1891.
Poco después se constituyó una junta de gobierno que se proclamó depositaria de la legitimidad institucional del país. Tal gobierno colegiado estuvo integrado por los presidentes de las cámaras del Senado y de Diputados, así como el jefe de la marina leal al Congreso. Declaró nulos y sin ningún valor jurídico los actos  o contratos suscritos por Balmaceda desde que asumió la dictadura, y advirtió que sus ejecutantes serían juzgados como reos por delitos de estafa y daños a los bienes de la República.

En tanto, Balmaceda organizó sus fuerzas y se atrincheró en el palacio presidencial. Insistió en saltarse el orden legal, decretando la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones para escoger a un nuevo parlamento que  legitimara sus actos.
En medios de escaramuzas, la batalla decisiva llegó a finales de agosto de aquel fatídico año, con la derrota del ejército gobiernista, con ello quedó sellada la suerte de Balmaceda. Lo demás es historia menuda.

Así las cosas, una advertencia podemos colegir: Cuando se abandona el principal rasgo distintivo de la política que consiste en dirimir las diferencias por medio de la palabra y llegar acuerdos donde prevalezca el bien común, se cruza la delgada línea hacia la irracionalidad que niega la existencia misma del ser humano. De ahí que el empeño del Estado Cuartel que rige a este pobre país que es hoy Venezuela, en llevarnos a la guerra o al sometimiento catatónico de una realidad deprimente, es el peor de los crímenes que se yergue sobre la conciencia de los que se aferran al poder al costo que sea.