Venezuela ha contado con la pantanosa suerte de haber erguido su democracia con sistemas presidencialistas que lejos de favorecer el espíritu democrático

lo ha hecho peligrosamente depender a figuras hegemónicas. Todas nuestras constituciones han sido técnicamente dictaduras constitucionales, atribuyéndole a los ejecutivos nacionales no solo innumerables competencias estatales sino las medulares, creando estructuralmente un tan inadecuado como retrogrado desequilibrio entre los poderes públicos.

Esta tara en nuestra idiosincrasia se agrava cuando son inexistentes formal e informalmente elementos cualitativos de elección de candidatos, ni nuestra ley ni nuestra cultura política estiman estos requerimientos. Desde luego, no con ello pretendemos inferir que Venezuela se inmunizaría a las malas gestiones, pero sí se reducirían notablemente estos riesgos.  

Por si fuera poco, desde la Asamblea Nacional se ha venido investigando desde enero una presunta designación paralegal de nuevos magistrados al TSJ, concretamente los que la AN anterior designó el pasado mes de diciembre. Según la comisión investigadora dichas pesquisas hicieron saber que efectivamente hubo violación procedimental, así como a los perfiles exigidos por la ley. Como ciudadano, ajeno a doctrinas ideológicas y partidistas de toda índole, el que el mismo TSJ haya desestimado ésta investigación de manera tan tajante y expedita hace que nos invada la suspicacia, especialmente por las siguientes razones:

En primer lugar, el TSJ señala que la investigación llevada a cabo por la AN vigente no cumple con los formalismos de ley, entonces  ¿Por qué en este caso los formalismo sí cuentan y los de la designación de magistrados no? ¿Hay formalismos desechables y no desechables? Además, arguye que la convalidación de estas irregularidades debe suscribirla el Poder Ciudadano, poder altamente cuestionado en su imparcialidad, con titulares que han ocupado cargos de elección popular por el Psuv, así como formado parte de su estructura partidista interna.

Segundo, en lo que va de año el TSJ ha labrado 12 sentencias en contra de leyes y actuaciones de la AN, ello es muestra fragrante de un interés subterráneo emparentado al ejecutivo nacional. Sentencias que, según voces expertas y reconocidas, han mutilado al parlamento nacional competencias constitucionales como el control a la administración pública, al gobierno, funciones legislativas, reglamentarias, entre otras.

Tercero, el TSJ se encuentra emitiendo sentencias en tiempo record, incluso antes que la cosa juzgada se materialice como lo ocurrido con la pretendida enmienda constitucional. Todos conocemos la lentitud e incluso desestimación que éste tribunal aplica a causas contra el gobierno, el caso de los diputados de Amazonas es solo un ejemplo de este letargo selectivo.

Así, hoy padecemos no solo los pantanosos estragos de un obsoleto presidencialismo, ahora también de un sistema de gobierno sustentado en un Tribunal Supremo de… ¿Justicia?

@leandrotango